A1905005TM
RevocatorioLección Principal
La Administración Tributaria o Aduanera tiene la obligación de probar fehacientemente sus afirmaciones cuando realiza ajustes en una fiscalización posterior. Un acto administrativo que determina impuestos y multas sin una motivación clara, precisa y sustentada en pruebas técnicas idóneas, es ilegal y puede ser revocado, ya que vulnera la seguridad jurídica y el derecho de defensa del contribuyente.
Resumen del Caso
El contribuyente impugnó una resolución de la Dirección General de Aduanas (DGA) que reclasificó arancelariamente vehículos importados, lo que generó un ajuste de Derechos Arancelarios (DAI), IVA y una multa. La DGA alegó que los vehículos no poseían una 'caja de transferencia de dos rangos', requisito para la partida declarada. El Tribunal revocó la resolución de la DGA al determinar que esta no aportó pruebas suficientes y concluyentes para justificar la reclasificación, resultando en un acto administrativo carente de la debida motivación.
Montos en Disputa
$1,364.05
Impuesto
$1,364.05
Multa
$2,728.1
Total
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