Análisis de Jurisprudencia Tributaria

Un contribuyente no puede ser considerado insolvente por la Administración Tributaria si la deuda en cuestión está suspendida y garantizada mediante una fianza o caución en un proceso judicial. La 'autorización' emitida en estas circunstancias tiene la misma validez que una 'solvencia' para cualquier trámite que la requiera, incluyendo la solicitud de incentivos fiscales.

Para que la administración tributaria pueda sancionar por 'entorpecimiento', no basta con que existan retrasos o se entregue información incompleta que requiera solicitudes adicionales. Es indispensable que la autoridad demuestre con pruebas fehacientes, como actas de negativa, una conducta deliberada y un ánimo claro del contribuyente de obstaculizar, dificultar o impedir la labor de fiscalización.

Para acceder a beneficios fiscales, es crucial seguir estrictamente el procedimiento y los plazos establecidos en la ley. En el caso de incentivos a la importación, la solicitud debe realizarse y ser aprobada antes de que ocurra la importación, ya que la presentación tardía invalida el derecho al beneficio.

Al presentar un recurso de apelación, es indispensable no solo manifestar el desacuerdo, sino también formular una pretensión clara (qué se solicita al tribunal) y desarrollar los argumentos de hecho y de derecho que la sustentan. Ignorar una prevención del tribunal para corregir estos defectos procesales resultará en la desestimación del caso sin analizar el fondo del asunto.

Antes de apelar, es fundamental identificar la naturaleza del acto administrativo. Únicamente las resoluciones definitivas que determinan un impuesto o imponen una sanción son apelables ante el TAIIA. Impugnar actos de simple trámite o respuestas a consultas resultará en la inadmisibilidad del recurso, obligando al contribuyente a recurrir a la vía contencioso-administrativa si desea continuar con la disputa.

Vender productos por debajo de su costo, aunque sea una estrategia de mercado válida, genera pérdidas operativas que no son deducibles del Impuesto sobre la Renta. Estas pérdidas se consideran un riesgo empresarial asumido voluntariamente y no cumplen con el principio de causalidad (necesidad del gasto para generar renta), por lo que no pueden utilizarse para reducir la base imponible.

Las resoluciones de la DGII que deniegan solicitudes de devolución de impuestos no son apelables ante el TAIIA. El contribuyente debe impugnar dicho acto directamente ante la Jurisdicción Contencioso Administrativo dentro del plazo legal para no perder su derecho a reclamar.

Es crucial identificar la naturaleza jurídica del acto administrativo que se desea impugnar. El recurso de apelación ante el TAIIA es una vía exclusiva para resoluciones definitivas que liquiden impuestos de oficio o impongan sanciones. Para otros tipos de actos o resoluciones de la DGII, como respuestas a solicitudes o peticiones, la vía de impugnación correcta es la jurisdicción contencioso-administrativa.

Antes de apelar ante el TAIIA, es fundamental verificar que el acto administrativo impugnado sea una 'resolución definitiva' que determine tributos o imponga sanciones directamente al recurrente. Los actos emitidos por la administración tributaria o aduanera como colaboración en procesos penales contra terceros no son apelables en esta sede, ya que no cumplen con los requisitos de ser un acto final ni de causar un agravio directo.

Las autoridades administrativas solo pueden actuar dentro de los límites de la competencia que la ley les otorga. La Dirección General de Aduanas no puede imponer sanciones que son competencia exclusiva de la Dirección General de Impuestos Internos, y cualquier acto emitido en exceso de sus facultades es nulo. Los contribuyentes deben verificar que la autoridad que impone una sanción sea la legalmente competente para hacerlo.

Para asegurar la deducibilidad de costos y gastos, es fundamental documentar rigurosamente su necesidad e indispensabilidad para la generación de renta, especialmente en operaciones con partes relacionadas. Las mermas requieren acreditación de un ente regulador y las donaciones deben cumplir estrictamente todos los requisitos formales y temporales, ya que la carga de la prueba siempre recae en el contribuyente.

No todas las resoluciones de la Dirección General de Impuestos Internos son apelables ante el TAIIA. Es fundamental verificar la naturaleza del acto administrativo impugnado, ya que el Tribunal no tiene competencia para conocer sobre denegatorias de devolución de impuestos, y presentar un recurso en estos casos resultará en su rechazo por improponible.

Es fundamental conocer la competencia específica de cada instancia administrativa y judicial. El recurso de apelación ante el TAIIA es exclusivo para impugnar resoluciones definitivas que liquiden tributos de oficio o impongan sanciones. Intentar apelar otros tipos de actos, como la denegatoria de una autorización, resultará en la inadmisibilidad del recurso, debiendo acudirse a la vía contencioso-administrativa.

Las pérdidas que resultan de una estrategia comercial deliberada de vender productos por debajo de su costo no son deducibles para efectos del Impuesto sobre la Renta. Estas pérdidas se consideran un riesgo empresarial que la compañía debe asumir, ya que no cumplen con el requisito de ser un costo 'necesario' para la producción de renta o la conservación de la fuente, principio fundamental para la deducibilidad de cualquier erogación.

Para deducir un crédito fiscal de IVA, el gasto debe ser estrictamente indispensable para la propia actividad generadora de renta. No se pueden deducir costos que, por la estructura del negocio, corresponden a un tercero (como un comisionista), incluso si un contrato privado estipula que el contribuyente asumirá dicho costo, ya que dichos acuerdos no son oponibles al Fisco.

Es fundamental verificar la competencia legal del tribunal o instancia administrativa ante la cual se presenta un recurso. Interponer una apelación ante un órgano incompetente, como el TAIIA en un caso de denegatoria de devolución, resultará en la desestimación del recurso por motivos procesales, sin que se analice el fondo del asunto, perdiendo tiempo y recursos legales.

El pago voluntario de un impuesto determinado por la Administración Tributaria, incluso si se está disputando en una apelación, se considera una aceptación de la deuda. Esta acción extingue la obligación tributaria y provocará que el tribunal declare el recurso improcedente por carecer de objeto, poniendo fin a la disputa administrativa sin un análisis de fondo de los argumentos del contribuyente.

Es crucial verificar los plazos legales que tiene la Administración Tributaria para ejercer sus facultades. Una sanción impuesta después del plazo de caducidad de tres años, contado desde la comisión de la infracción, es ilegal y puede ser revocada, constituyendo una defensa sólida para el contribuyente.

Es fundamental cumplir rigurosamente con los procedimientos formales que la ley tributaria establece para documentar operaciones, como los ajustes a ventas y la justificación de gastos. La 'realidad económica' de una transacción no prevalece sobre el incumplimiento de requisitos formales explícitos, y dicho incumplimiento puede llevar al desconocimiento fiscal de los ajustes o deducciones pretendidas.

Para asegurar la deducibilidad de gastos por servicios, especialmente entre partes relacionadas, es fundamental documentar exhaustivamente no solo el contrato y las facturas, sino también la prestación efectiva y la necesidad del servicio. Se deben conservar reportes, correos, minutas y registros de sistemas que demuestren la relación de causalidad entre el gasto y la generación de renta o conservación de la fuente, probando que la empresa no cuenta con los recursos internos para realizar dichas actividades.

Un contribuyente puede desistir de un recurso de apelación en cualquier etapa del proceso para aprovechar beneficios fiscales, como amnistías o facilidades de pago. Este es un derecho procesal que permite una salida estratégica al litigio tributario, evitando una posible resolución desfavorable y regularizando la situación fiscal bajo condiciones más favorables.

Antes de interponer un recurso, es fundamental verificar la competencia del tribunal. El TAIIA no es la instancia para apelar la revocación de un estatus de exención; para dichos actos, se debe acudir directamente a la jurisdicción contencioso-administrativa una vez agotada la vía administrativa con la resolución de la DGII.

Los contribuyentes tienen el derecho de desistir de un recurso de apelación en cualquier momento. Esta es una estrategia válida para acogerse a beneficios como amnistías fiscales, pero implica aceptar la resolución impugnada. Es fundamental que el representante legal que presenta el desistimiento tenga las facultades específicas para ello.

Es una obligación legal ineludible emitir y entregar la factura o documento equivalente en el preciso momento en que se recibe el pago por una venta o servicio, sin importar el monto. El incumplimiento de este deber formal conlleva una multa significativa que no es proporcional al impuesto de la transacción, y la emisión posterior del documento solo sirve para atenuar la sanción, no para eliminarla.

Si la Administración Tributaria autoriza un formato específico para los documentos legales (ej. facturas con códigos de producto), no puede sancionar posteriormente al contribuyente por su uso. Es crucial que los contribuyentes conserven las resoluciones de autorización como prueba de que su actuación se ajusta a lo permitido por la propia autoridad fiscal.

Para asegurar la deducibilidad de créditos fiscales, los contribuyentes deben mantener un soporte documental robusto que vaya más allá de la factura y el registro contable. Es crucial poder demostrar la materialidad de las operaciones con pruebas como contratos, órdenes de compra, comprobantes de pago, registros de entrega y recepción, y cualquier otra evidencia que acredite que el bien o servicio fue efectivamente recibido.

Al importar bienes bajo términos CIF (Costo, Seguro y Flete), el importador salvadoreño tiene la obligación de retener el 5% de Impuesto sobre la Renta sobre el valor del flete pagado al proveedor no domiciliado, ya que se considera un servicio utilizado en el país y, por tanto, renta de fuente salvadoreña. La omisión de esta retención no solo genera la obligación de pagar el impuesto como responsable solidario y una multa, sino que también impide la deducción del costo de dicho flete.

La obligación de presentar el informe F-987 se genera si los ingresos brutos totales durante un semestre (enero-junio o julio-diciembre) igualan o superan el equivalente a 2,753 salarios mínimos mensuales. El término 'mensual' en la ley se refiere a la unidad de medida del salario, no al período de cómputo de los ingresos.

Para que la deducción de una cuenta incobrable sea fiscalmente válida en El Salvador, es indispensable iniciar gestiones de cobro por la vía judicial y conservar la documentación que pruebe tanto el intento como el resultado. Las justificaciones económicas o de costo-beneficio no eximen del cumplimiento de este requisito legal obligatorio.

La subsanación voluntaria de errores en declaraciones aduaneras para evitar sanciones debe realizarse imperativamente antes de recibir la notificación de inicio de un proceso de fiscalización por parte de la autoridad aduanera. Una vez iniciado el proceso de auditoría, cualquier corrección, aunque sea por iniciativa propia, no eximirá al contribuyente de la imposición de multas.

Es crucial capacitar a todo el personal, sin excepción, sobre la obligación legal de emitir y entregar la factura o documento equivalente correspondiente en el preciso momento en que el cliente realiza el pago. La responsabilidad final por cualquier omisión recae sobre el empleador, y excusas como el error de un empleado nuevo o dificultades económicas no son aceptadas para anular la sanción.

Es fundamental que cualquier recurso o acción legal sea interpuesto por la persona (natural o jurídica) que es directamente afectada por el acto administrativo y que figura como parte en el procedimiento original. Interponer un recurso a nombre propio contra una sanción dirigida a una sociedad, incluso si se es el representante legal pero no se actúa en esa calidad, resultará en la inadmisibilidad del mismo por falta de legitimación activa.

Es crucial acreditar debidamente la personería jurídica al presentar cualquier recurso administrativo. La omisión de este requisito formal, y el no subsanarlo en el plazo que el Tribunal concede, provoca la inadmisibilidad del recurso, impidiendo que se discuta el fondo del asunto y dejando firme la resolución impugnada.

Las resoluciones de la administración tributaria deben estar debidamente motivadas y ser coherentes con la evidencia técnica recabada, incluso si proviene de sus propios departamentos. Ignorar sin justificación un dictamen técnico pericial, como un análisis de laboratorio, para llegar a una conclusión contraria, constituye un vicio de legalidad que puede llevar a la anulación del acto administrativo.

Para mantener la exención de IVA sobre intereses, las empresas de financiamiento que también realizan actividades secundarias (como la venta de bienes de garantías ejecutadas) deben demostrar que el financiamiento constituye su actividad principal. Es crucial documentar el porcentaje de ingresos de cada actividad y estar al tanto de la jurisprudencia de tribunales superiores, ya que esta puede ofrecer una interpretación de la ley más favorable que la aplicada por la administración tributaria.

La autoridad sancionadora debe asegurar una perfecta correspondencia entre la conducta del administrado y la descripción legal de la infracción (principio de tipicidad) para que una multa sea válida. Por otro lado, los contribuyentes deben conservar y estar preparados para entregar toda la documentación técnica de sus importaciones, ya que es una obligación legal cuyo incumplimiento puede ser sancionado si la autoridad tipifica correctamente la falta.

Para efectos fiscales, la deducibilidad de un costo o gasto se rige estrictamente por lo que establece la ley tributaria, no por las normas contables. Es fundamental que los contribuyentes, especialmente los del sector inmobiliario, no incluyan el Impuesto a la Transferencia de Bienes Raíces como costo deducible y mantengan un archivo documental completo, idóneo y correspondiente al período fiscal correcto para cada erogación que pretendan deducir, ya que la carga de la prueba siempre recae sobre ellos.

Es crucial identificar la vía procesal correcta para cada tipo de reclamo tributario. Las apelaciones ante el TAIIA en materia aduanera solo proceden contra los actos específicos listados en la ley (Art. 624 RECAUCA). Para impugnar la denegatoria de una solicitud de devolución de impuestos, la vía adecuada es la jurisdicción contencioso-administrativa, no el TAIIA.

Los contribuyentes con procesos tributarios en curso deben evaluar activamente las leyes de amnistía fiscal que se promulguen, ya que pueden representar una oportunidad para extinguir obligaciones y finalizar litigios de manera más conveniente que continuando con el proceso de apelación.

Es crucial que los contratos de servicios, especialmente internacionales, especifiquen de forma inequívoca si las tarifas incluyen o excluyen impuestos. Si las tarifas son netas, el monto total facturado es ingreso gravable y no se pueden restar impuestos. Además, los pagos por servicios a no domiciliados que son esenciales para la operación local pueden ser considerados 'utilizados' en el país, lo que obliga a efectuar la retención de ISR para asegurar la deducibilidad del costo.

El agente aduanero, como profesional y auxiliar de la función pública, tiene el deber de velar por el interés fiscal y no puede limitarse a transcribir la información de los documentos del importador. Debe ejercer un juicio crítico y dudar de la información que presente indicios de irregularidad, como precios manifiestamente bajos, ya que la responsabilidad por la exactitud de la declaración recae sobre él y la carga de probar la buena fe le corresponde.

Al contratar servicios de proveedores no domiciliados, es crucial analizar dónde se 'utiliza' o aprovecha económicamente el servicio. Si el beneficio se materializa en El Salvador para prestar un servicio a clientes locales, se debe efectuar la retención de Impuesto sobre la Renta del 20% para que el gasto sea deducible, independientemente de que la infraestructura del proveedor esté en el extranjero.

Las notas de crédito no pueden utilizarse para anular operaciones por falta de pago o mora del cliente. Su uso está estrictamente regulado por el artículo 110 del Código Tributario y deben emitirse dentro de los tres meses siguientes a la operación original. El uso indebido para disminuir ingresos puede ser calificado como evasión intencional, conllevando multas significativas.

Para que una sanción administrativa sea válida, la conducta del infractor debe encajar de manera precisa y estricta en la descripción legal de la infracción. La Administración no puede sancionar por analogía o presunción si falta un elemento esencial del tipo infractor, como en este caso, la existencia de un contrato de mandato.

Es crucial mantener una documentación completa y detallada que demuestre de manera fehaciente el destino de cada préstamo y la conexión directa de cada gasto con la generación de ingresos gravables. La carga de la prueba recae siempre en el contribuyente, y las simples afirmaciones sin respaldo documental son insuficientes para justificar una deducción fiscal.

Para evitar sanciones, es fundamental que la conducta del contribuyente se ajuste a la legalidad y que, en caso de ser sancionado, la infracción imputada por la Administración Tributaria se corresponda exactamente con la descripción legal (Principio de Tipicidad). Declarar una operación con un valor erróneo no es lo mismo que omitir por completo la declaración de dicha operación, lo cual puede ser un argumento de defensa clave.

Es crucial verificar que la credencial del representante legal de una sociedad esté vigente y debidamente inscrita al momento de otorgar poderes o presentar recursos administrativos, ya que la falta de acreditación de la personería es un defecto insubsanable que provoca la inadmisibilidad del recurso.

En procedimientos de verificación de origen, es crucial que la autoridad aduanera notifique su resolución final a todas las partes apersonadas (incluido el importador) dentro del plazo legal de un año o su prórroga. El incumplimiento de este plazo de notificación anula la decisión de la autoridad y concede automáticamente el estatus de 'originaria' a la mercancía, independientemente de los hallazgos de fondo sobre su producción.

Para beneficiarse de la reducción de la multa por subsanar una infracción durante una fiscalización, no basta con presentar la declaración modificada. Es crucial pagar la totalidad del impuesto determinado dentro del plazo específico que otorga la Administración Tributaria, ya que un plan de pagos informal o pagos parciales posteriores no son suficientes para cumplir con este requisito.

Es crucial registrar todas las operaciones de compra en el período contable en que ocurren, independientemente de cuándo se pague o se venda la mercadería. Mantener un Registro de Control de Inventarios detallado y conforme a la ley (Art. 142 y 142-A del Código Tributario) es indispensable para soportar los costos deducidos y evitar objeciones por incorrecta imputación temporal o duplicidad.

Es crucial respetar la jerarquía de los recursos administrativos antes de acudir al TAIIA. Contra una resolución sancionatoria de una Administración de Aduanas, se debe interponer primero un recurso de revisión ante la Dirección General de Aduanas. Solo después de la resolución de esta última, si es desfavorable, se puede presentar un recurso de apelación ante el Tribunal.

Es fundamental seguir rigurosamente los procedimientos formales que exige el Código Tributario para cada tipo de operación, como las devoluciones de ventas. Además, el contribuyente debe mantener y presentar toda la documentación de soporte necesaria durante la fiscalización para probar la realidad de sus operaciones y la procedencia de sus deducciones, ya que la carga de la prueba recae sobre él y las oportunidades para presentar evidencia en etapas posteriores son muy limitadas.

Es fundamental verificar la competencia legal del tribunal al que se recurre. El TAIIA tiene una competencia tasada y no puede resolver sobre materias que la ley no le asigna explícitamente, como la denegatoria de devoluciones de derechos aduaneros, lo que resulta en la inadmisibilidad del recurso y la pérdida de tiempo y recursos procesales.

Para beneficiarse de un tratado de libre comercio, no basta con llenar el certificado de origen; es crucial mantener un expediente completo y coherente que respalde la declaración. Esto incluye documentación de producción, registros contables fiables y trazabilidad de materiales, ya que la autoridad aduanera puede requerir estas pruebas en cualquier momento y la carga de la prueba recae sobre quien certifica el origen.

La carga de la prueba para denegar un beneficio arancelario recae en la autoridad aduanera. Aunque el contribuyente debe presentar documentación completa y coherente, la autoridad no puede simplemente denegar el origen por encontrar 'inconsistencias'; debe demostrar activamente el incumplimiento de la norma, por ejemplo, realizando su propio cálculo de la regla 'De Minimis' para probar que se excede el límite permitido.

La venta de bienes a entidades no domiciliadas dentro del territorio nacional se considera una operación interna gravada con 13% de IVA si el uso o consumo del bien inicia en el país. Para que aplique la tasa 0% de exportación, el bien debe ser destinado al consumo íntegro en el exterior. Asimismo, los créditos fiscales de IVA solo son deducibles por la importación definitiva de bienes en el mismo período tributario, no por ajustes de precios de importaciones pasadas.

Las 'Hojas de Cálculo de Multas e Intereses' y otra asistencia informal proporcionada por la Administración Tributaria no son actos administrativos definitivos ni vinculantes. Los contribuyentes no deben confiar en que la omisión de una multa en dichos cálculos los exime de su pago, ya que la obligación de cumplir con la ley, incluyendo las sanciones por incumplimiento, prevalece y puede ser exigida a través de un procedimiento formal posterior.

Los documentos informales o de asistencia proporcionados por la Administración Tributaria, como las 'Hojas de Cálculo', no son actos administrativos firmes y no generan derechos para el contribuyente. La ausencia de una multa en dichos cálculos no exime de la sanción correspondiente si la infracción se ha cometido, la cual será impuesta a través de un procedimiento formal y una resolución motivada.

Para asegurar la deducibilidad de los créditos fiscales, no basta con poseer el documento formal; es indispensable mantener pruebas robustas que demuestren la materialidad de la operación (controles de inventario detallados, trazabilidad de pagos directos al proveedor). Además, es crucial verificar que los documentos recibidos de los proveedores, como los Comprobantes de Crédito Fiscal, cumplan con todos los requisitos formales, incluyendo que su numeración esté debidamente autorizada por la Administración Tributaria al momento de la emisión.

Para asegurar la deducibilidad de costos y gastos, no basta con tener la factura o comprobante de crédito fiscal. Es crucial realizar una debida diligencia sobre los proveedores para confirmar que son empresas reales y operativas, y mantener una trazabilidad clara de los pagos, preferiblemente a través de medios bancarizados, además de llevar registros de inventario que demuestren la entrada y salida efectiva de la mercadería.

Para que un acto administrativo, como la aprobación de un informe, genere obligaciones y plazos para el contribuyente, debe ser notificado de manera formal, clara e inequívoca. La simple recepción de un documento sellado como 'aprobado' no es suficiente para iniciar el cómputo de plazos, y los procedimientos internos acordados en reuniones no pueden contradecir o modificar lo establecido en la ley.

Es fundamental cumplir estrictamente con los plazos procesales para la interposición de recursos administrativos. La presentación de un recurso fuera del término legal, que es perentorio y fatal, resulta en su inadmisibilidad y la firmeza del acto impugnado, perdiendo así toda oportunidad de discutir la decisión de la administración en esa instancia.

Para que un gasto sea deducible y su crédito fiscal acreditable, debe ser indispensable y estar directamente vinculado a la actividad generadora de ingresos. Los conflictos entre socios no califican, pero la defensa de activos productivos esenciales sí puede calificar. Además, es fundamental que la Administración Tributaria motive detalladamente cada objeción, ya que una falla en la motivación puede anular su acto, incluso si tuviera razón en el fondo.

La obligación de facturar es un deber formal que comprende dos acciones inseparables: emitir y entregar el documento al cliente en el momento de la operación. Argumentos basados en circunstancias personales, como el temor a la delincuencia, no eximen de esta responsabilidad. El cumplimiento posterior, como presentar la factura omitida, solo puede servir como atenuante para reducir la multa, pero no elimina la infracción ya cometida.

Es fundamental que las empresas con regímenes fiscales especiales verifiquen exhaustivamente que sus agentes aduanales apliquen los códigos y regímenes correctos en cada importación. Se debe realizar una auditoría periódica de las declaraciones para detectar y corregir errores a tiempo, especialmente antes del vencimiento de plazos temporales, para evitar contingencias fiscales y litigios.

La sanción por omitir el registro de control de inventarios, al ser una obligación de carácter permanente durante todo el ejercicio, debe calcularse sobre el patrimonio del balance general del ejercicio fiscalizado. Utilizar el balance del año anterior es un vicio de procedimiento que anula la sanción, aunque la infracción material se haya cometido.

Al calcular multas por incumplimientos de obligaciones anuales, como llevar registros de inventario, la Administración Tributaria debe usar como base el patrimonio del balance general del ejercicio fiscalizado, no el del año anterior, incluso si la fiscalización solo abarca unos meses de dicho ejercicio. Un error en la base de cálculo puede invalidar la sanción.

Al calcular multas por incumplimientos de obligaciones formales, es crucial distinguir si la obligación es mensual o anual. Para obligaciones anuales, como llevar registros de inventario, la base para la multa debe ser el patrimonio del balance general del ejercicio fiscalizado, no el del año anterior, según lo estipula el artículo 243 del Código Tributario.

Un error procedimental de la Administración Tributaria en la determinación de la base para calcular una sanción puede invalidar completamente la multa. Específicamente, para la multa por no llevar control de inventarios, que es una obligación anual, la base de cálculo debe ser el balance del ejercicio fiscalizado, no el del año anterior.

Para sancionar la omisión de llevar registros de inventarios, la Administración Tributaria debe considerar que es una obligación de carácter anual. Por tanto, la base para calcular la multa debe ser el balance del ejercicio fiscal en el que se detectó el incumplimiento, no el del año anterior; de lo contrario, la sanción será revocada por ser improcedente.

La obligación de presentar el informe semestral de proveedores y clientes (Art. 125 CT) se activa si los ingresos superan el umbral de 2,753 salarios mínimos DENTRO del semestre a reportar. No se debe utilizar la declaración de renta del año anterior como parámetro, ya que el Tribunal considera que el período de cómputo de ingresos y el período de la información reportada deben coincidir.

Es crucial que la Administración Tributaria, al imponer una sanción calculada sobre el patrimonio, utilice el Balance General del período fiscal al que se refiere la obligación incumplida. Un error en la selección del período base para el cálculo puede invalidar la sanción por vicios en el procedimiento y violación al principio de legalidad.

La obligación de presentar el informe semestral de proveedores, clientes, acreedores y deudores (Art. 125 CT) nace si los ingresos del contribuyente superan el umbral legal dentro del mismo semestre que se informa (enero-junio o julio-diciembre), no con base en la declaración de renta anual del año anterior. La carga de la prueba para demostrar que el contribuyente está obligado recae en la Administración Tributaria.

Es crucial respetar los plazos procesales para interponer recursos administrativos, ya que son perentorios. Presentar una apelación fuera de tiempo resulta en su inadmisibilidad, perdiendo la oportunidad de que la autoridad superior revise la decisión impugnada.

Para determinar si existe la obligación de presentar el informe semestral de proveedores y clientes (Art. 125 del Código Tributario), los ingresos deben calcularse y verificarse para el semestre específico que se va a reportar. No es válido utilizar los ingresos del ejercicio fiscal anterior para establecer dicha obligación.