A1102009T
RevocatorioLección Principal
La Administración Pública, incluyendo la aduanera, está obligada a garantizar el derecho constitucional de audiencia y defensa en todos sus procedimientos, incluso si la normativa específica no lo detalla. Esto implica que, antes de emitir una resolución desfavorable, debe informar al administrado sobre los hechos, hallazgos y fundamentos jurídicos en su contra, y concederle un plazo para que presente sus alegatos y pruebas de descargo.
Resumen del Caso
La Dirección General de Aduanas determinó que mercancías importadas de Guatemala no eran originarias de dicho país, denegando el trato arancelario preferencial. El contribuyente apeló argumentando que se violó su derecho de audiencia y defensa. El Tribunal de Apelaciones le dio la razón al contribuyente, estableciendo que la autoridad debió comunicarle los hallazgos y darle oportunidad de desvirtuarlos antes de emitir la resolución final, por lo que revocó el acto administrativo por vicios en el procedimiento.
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