A1005009T
RevocatorioLección Principal
La Administración Pública debe garantizar el derecho constitucional de audiencia y defensa en todo procedimiento, lo que implica notificar al administrado sobre los hallazgos y conclusiones preliminares y darle una oportunidad real de presentar sus alegatos y pruebas de descargo antes de emitir el acto administrativo final que afecte sus derechos. El incumplimiento de esta garantía procesal puede invalidar todo el procedimiento, independientemente de la solidez de los argumentos de fondo.
Resumen del Caso
La Dirección General de Aduanas denegó el trato arancelario preferencial a un importador al determinar, mediante cuestionarios, que sus mercancías no eran originarias de Guatemala por falta de pruebas. El contribuyente apeló alegando vicios de forma y fondo. El Tribunal de Apelaciones revocó la resolución de la Aduana, no por el fondo del asunto, sino porque se violó el derecho constitucional de audiencia y defensa del contribuyente al no darle la oportunidad de rebatir los hallazgos antes de emitir la decisión final.
Análisis detallado de la sentencia
Accede al análisis completo de riesgos, verificaciones de DGII, errores del contribuyente y criterios del tribunal.
Con Pro también obtienes: