2012

El Tribunal de Apelaciones analiza un recurso contra la DGII, que determinó un impuesto de IVA omitido y una multa por evasión intencional porque el contribuyente no incluyó el impuesto específico sobre bebidas alcohólicas en la base imponible del IVA. El Tribunal confirma la determinación del impuesto pero revoca la multa, argumentando que un error en el cálculo de la base imponible no se adecúa al tipo penal de 'exclusión de operación' requerido para la evasión intencional, aplicando así el principio de tipicidad.

Lección: Es crucial calcular correctamente la base imponible del IVA, incluyendo todos los componentes que la ley exige, como los impuestos específicos. Aunque un error en este cálculo puede generar una determinación de impuesto a pagar, no necesariamente configurará una evasión intencional si la conducta no se encuadra perfectamente en el tipo infractor descrito en la ley (principio de tipicidad), lo que puede evitar la imposición de multas graves.

El Tribunal de Apelaciones modifica una resolución de la Dirección de Aduanas contra una empresa bajo el régimen de Admisión Temporal. Se confirma la determinación de impuestos por mercancías no reexportadas a tiempo y una multa por excedentes no declarados. Sin embargo, se revoca la multa principal por incorrecta tipificación de la infracción, al considerar que la DGA violó el principio de legalidad y tipicidad al aplicar una sanción que no correspondía a la conducta del contribuyente.

Lección: Las empresas que operan bajo regímenes aduaneros especiales, como la Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo, deben mantener un control administrativo y de inventarios extremadamente riguroso. El desorden administrativo no es una defensa legal y el incumplimiento de los plazos de reexportación provoca automáticamente la obligación de pagar impuestos como si fuera una importación definitiva. Es crucial documentar adecuadamente cada operación y responder a los requerimientos de la autoridad fiscal con la información correcta para evitar sanciones.

Una empresa de telecomunicaciones fue fiscalizada por Impuesto sobre la Renta, resultando en objeciones a costos por entrega de aparatos móviles y gastos de depreciación, además de una multa por no entregar información. El Tribunal revocó la objeción a los costos al considerarlos indispensables para generar la renta del servicio, pero confirmó la objeción a la depreciación por no estar registrada contablemente y la multa por no responder a requerimientos específicos de la autoridad tributaria.

Lección: Para asegurar la deducibilidad de los gastos, especialmente la depreciación, es imperativo que estos se encuentren debidamente registrados en la contabilidad formal. Adicionalmente, se debe responder de forma completa, directa y oportuna a cada requerimiento de información de la Administración Tributaria, ya que el incumplimiento, incluso parcial, puede acarrear sanciones significativas.

La Dirección General de Aduanas (DGA) ajustó impuestos y aplicó multas a un importador por una supuesta incorrecta clasificación arancelaria de proyectores y por no entregar información. El Tribunal de Apelaciones (TAIIA) revocó los ajustes de impuestos y la multa principal, validando la clasificación del contribuyente basada en el 'uso principal' de los equipos, pero confirmó la multa administrativa por la omisión en la entrega de la información solicitada.

Lección: Es fundamental cumplir con todos los requerimientos de información de la autoridad fiscalizadora de manera completa y oportuna, incluso si la información parece irrelevante o es de dominio público. El incumplimiento de este deber formal puede resultar en sanciones económicas, aun cuando el contribuyente tenga la razón en el fondo del asunto tributario.

Una empresa inmobiliaria fue fiscalizada por la DGII, que recalificó sus 'contratos de promesa de venta' como 'arrendamientos con promesa de venta', determinando ingresos omitidos pero sin reconocer los costos asociados. El Tribunal de Apelaciones (TAIIA) confirmó la recalificación de los contratos y la objeción a ciertos gastos no deducibles, pero revocó la actuación de la DGII respecto a los costos, ordenando que estos debían ser reconocidos para respetar el principio de capacidad contributiva y gravar la renta neta, lo que resultó en una modificación sustancial del impuesto y la multa a pagar.

Lección: La forma jurídica de los contratos debe corresponder a su realidad económica para evitar recalificaciones por parte de la autoridad fiscal. Si la Administración Tributaria determina ingresos basándose en la realidad económica, el contribuyente tiene el derecho de exigir que también se reconozcan los costos y gastos directamente vinculados a dichos ingresos, en virtud del principio de capacidad contributiva, para asegurar una tributación justa sobre la renta neta.