2014

El Tribunal de Apelaciones confirma la resolución de la DGII que determinó un impuesto sobre la renta omitido y multas a una sociedad. La DGII detectó rentas no declaradas por arrendamientos y un incremento patrimonial no justificado a través de depósitos bancarios. El contribuyente no logró probar el origen de dichos fondos ni desvirtuar los hallazgos, y sus alegatos procesales sobre la notificación fueron desestimados.

Lección: Es fundamental que los contribuyentes mantengan un soporte documental completo y fehaciente de todas sus operaciones financieras, especialmente aquellas que puedan parecer incrementos de patrimonio, como la recepción de pagos por préstamos. La carga de la prueba para demostrar que un ingreso no es renta gravada recae enteramente en el contribuyente, y la falta de pruebas resultará en que la autoridad fiscal lo considere como renta omitida.

Una empresa que opera como Depósito para Perfeccionamiento Activo fue fiscalizada por la Dirección General de Aduanas, la cual determinó que no reexportó mercancías importadas bajo el régimen de admisión temporal (IM-5) dentro del plazo de 12 meses. El contribuyente argumentó que hubo un error de su agente aduanal al declarar ciertos bienes consumibles y que otros sí fueron reexportados, pero no pudo probarlo fehacientemente. El Tribunal confirmó la determinación de impuestos (DAI e IVA) y la multa, al considerar que el contribuyente es responsable de su declaración y no desvirtuó el incumplimiento del plazo legal.

Lección: Las empresas que operan bajo regímenes aduaneros especiales, como la Admisión Temporal, deben mantener un control documental y físico estricto de las mercancías para asegurar su reexportación o nacionalización antes del vencimiento del plazo legal. El error de un tercero, como un agente aduanal, no exime de responsabilidad al declarante, por lo que es crucial verificar las declaraciones y rectificarlas oportunamente en caso de error, en lugar de esperar a una fiscalización para justificar incumplimientos.

Un contribuyente importador de equipo electrónico apela una resolución de la Dirección General de Aduanas que le impone el pago de impuestos omitidos y multas por una supuesta incorrecta clasificación arancelaria de proyectores, monitores y accesorios. El Tribunal modifica la resolución, revocando la mayor parte de los cargos al determinar que la facultad de fiscalización había caducado para varias declaraciones y que la reclasificación de los proyectores principales era incorrecta, aunque confirma los ajustes para un retroproyector y una montura de techo.

Lección: Para evitar contingencias fiscales en importaciones, es fundamental realizar una correcta clasificación arancelaria basada en un análisis técnico detallado del uso 'principal' de los productos, conforme a las Reglas Generales de Interpretación y las Notas Explicativas del SAC. Además, se debe verificar que cualquier acción de fiscalización de la autoridad aduanera se realice dentro del plazo de caducidad de 4 años establecido por la normativa comunitaria (CAUCA), el cual prevalece sobre la legislación nacional.

El Tribunal confirma la resolución de la DGII que determinó un impuesto sobre la renta a cargo de una sociedad por el ejercicio 2008. Se rechazaron deducciones por costo de ventas, gastos de mantenimiento (considerados mejoras), gastos de representación y cuentas incobrables, debido a que el contribuyente no logró probar con documentación fehaciente la necesidad y el correcto tratamiento de dichas erogaciones. También se confirmó la multa por evasión no intencional.

Lección: La documentación de soporte para costos y gastos debe ser exhaustiva y robusta. No es suficiente tener una factura; es crucial poder demostrar con pruebas adicionales (contratos, informes, permisos, correspondencia) que el gasto fue absolutamente necesario para generar ingresos y que se clasificó contablemente de forma correcta, especialmente en áreas grises como gastos de representación y mejoras en propiedades arrendadas.

El caso trata sobre la determinación de Impuesto sobre la Renta omitido a una cooperativa de transporte. La DGII detectó ingresos no declarados al comparar las declaraciones del contribuyente con los informes de ingresos brutos que este presentaba a la autoridad aeroportuaria (CEPA). El Tribunal modificó la resolución de la DGII, ajustando el monto de ingresos omitidos al considerar que la administración no probó que los ingresos documentados con facturas a consumidor final no estuvieran ya incluidos en el monto determinado, pero confirmó la procedencia del impuesto y las multas por evasión y omisión de presentar declaración.

Lección: Es crucial mantener una conciliación rigurosa entre los registros contables, las declaraciones de impuestos y cualquier otro informe de ingresos que se presente a terceros (como arrendadores, socios comerciales, etc.). La falta de emisión de documentos fiscales por cada operación y la discrepancia entre diferentes reportes de ingresos crea una presunción de omisión que es difícil de desvirtuar.