2014

Un contribuyente importó láminas plásticas para techo ('TEJA ECO ROOF') y las clasificó en una partida arancelaria exenta de DAI. La Aduana, tras una verificación física y análisis de laboratorio, reclasificó la mercancía a una partida gravada con 10% de DAI, determinando impuestos omitidos y una multa del 300%. El Tribunal de Apelaciones confirmó la actuación de la Aduana, estableciendo que la clasificación correcta se basa en la composición material y uso del producto (artículo para construcción) y no en su nombre comercial, y desestimó los alegatos de vicios procesales.

Lección: La clasificación arancelaria de una mercancía debe fundamentarse en un análisis técnico riguroso de su composición, características y uso final, conforme a las Reglas Generales de Interpretación y Notas Explicativas del arancel. Confiar únicamente en la descripción comercial de la factura del proveedor es un riesgo que puede derivar en ajustes fiscales significativos y multas elevadas.

Una empresa que opera como Depósito para Perfeccionamiento Activo fue fiscalizada por la Dirección General de Aduanas, la cual determinó que no reexportó mercancías importadas bajo el régimen de admisión temporal (IM-5) dentro del plazo de 12 meses. El contribuyente argumentó que hubo un error de su agente aduanal al declarar ciertos bienes consumibles y que otros sí fueron reexportados, pero no pudo probarlo fehacientemente. El Tribunal confirmó la determinación de impuestos (DAI e IVA) y la multa, al considerar que el contribuyente es responsable de su declaración y no desvirtuó el incumplimiento del plazo legal.

Lección: Las empresas que operan bajo regímenes aduaneros especiales, como la Admisión Temporal, deben mantener un control documental y físico estricto de las mercancías para asegurar su reexportación o nacionalización antes del vencimiento del plazo legal. El error de un tercero, como un agente aduanal, no exime de responsabilidad al declarante, por lo que es crucial verificar las declaraciones y rectificarlas oportunamente en caso de error, en lugar de esperar a una fiscalización para justificar incumplimientos.

Un contribuyente importador de equipo electrónico apela una resolución de la Dirección General de Aduanas que le impone el pago de impuestos omitidos y multas por una supuesta incorrecta clasificación arancelaria de proyectores, monitores y accesorios. El Tribunal modifica la resolución, revocando la mayor parte de los cargos al determinar que la facultad de fiscalización había caducado para varias declaraciones y que la reclasificación de los proyectores principales era incorrecta, aunque confirma los ajustes para un retroproyector y una montura de techo.

Lección: Para evitar contingencias fiscales en importaciones, es fundamental realizar una correcta clasificación arancelaria basada en un análisis técnico detallado del uso 'principal' de los productos, conforme a las Reglas Generales de Interpretación y las Notas Explicativas del SAC. Además, se debe verificar que cualquier acción de fiscalización de la autoridad aduanera se realice dentro del plazo de caducidad de 4 años establecido por la normativa comunitaria (CAUCA), el cual prevalece sobre la legislación nacional.

Un contribuyente interpuso un recurso de apelación ante el TAIIA contra una resolución de la DGII que le determinó un pago de IVA y una multa. Sin embargo, al ser requerido por el Tribunal, el contribuyente aclaró que lo que realmente buscaba era un plan de pagos. El TAIIA declaró improponible el recurso, argumentando que no tiene competencia legal para otorgar planes de pago, ya que su función se limita a resolver sobre el fondo de las liquidaciones de impuestos y sanciones, siendo la Dirección General de Tesorería la entidad competente para dichas solicitudes.

Lección: Es fundamental dirigir las peticiones y recursos a la institución administrativa correcta. El Tribunal de Apelaciones (TAIIA) es la instancia para impugnar el fondo de una resolución de la DGII, mientras que las solicitudes de planes de pago deben presentarse ante la Dirección General de Tesorería. Confundir la competencia de las entidades resulta en la inadmisibilidad del recurso y la pérdida de tiempo y oportunidades procesales.

La DGII sancionó a una contribuyente por no emitir una factura en un local que figuraba como su sucursal. La contribuyente demostró con un permiso del Ministerio de Agricultura que el negocio ya no le pertenecía y era operado por otra persona. El Tribunal revocó la multa, aplicando el principio de responsabilidad personal, y determinó que la falta de actualización del registro es una infracción distinta que no la hace responsable por los actos de un tercero.

Lección: Es fundamental mantener actualizada la información en el Registro Único de Contribuyentes, especialmente notificar formalmente el cierre de sucursales o cambios de dirección, para evitar ser responsabilizado por infracciones cometidas por terceros en antiguas ubicaciones comerciales.