2015

El Tribunal de Apelaciones confirma la determinación de Impuesto sobre la Renta y multas impuestas por la DGII a un contribuyente que dedujo costos millonarios sin poder demostrar la existencia real de las compras. La decisión se fundamenta en que la DGII probó, mediante cruces de información, que varios supuestos proveedores negaron las transacciones, y el contribuyente no aportó pruebas alternativas suficientes como comprobantes de pago o controles de inventario.

Lección: Para asegurar la deducibilidad de los costos, no es suficiente contar con la factura y el registro contable. Es indispensable mantener un soporte documental robusto que demuestre la materialidad de las operaciones (pruebas de pago, contratos, registros de recepción, control de inventarios), ya que la Administración Tributaria tiene la facultad de verificar la realidad de las transacciones con terceros y la carga de la prueba recae sobre el contribuyente.

El TAIIA confirma la determinación de Impuesto sobre la Renta y multa contra una empresa de distribución eléctrica. El tribunal ratificó el rechazo de deducciones por: 1) pérdidas de energía que excedían el límite regulatorio, considerándolas un riesgo empresarial no deducible; 2) pagos por servicios de gestión a una afiliada extranjera por no probarse su prestación efectiva ('materialización'); y 3) gastos financieros de un préstamo cuyo uso total en la generación de renta no fue demostrado.

Lección: Para asegurar la deducibilidad de costos y gastos, es indispensable mantener documentación específica y fehaciente que demuestre no solo la existencia de la erogación, sino también su necesidad para generar renta y la efectiva realización de la operación. En servicios intragrupo, especialmente con no domiciliados, es crucial probar la 'materialización' del servicio con evidencia tangible más allá del contrato y los pagos.

El Tribunal de Apelaciones declara inadmisible un recurso de apelación debido a que el recurrente, quien manifestaba actuar como representante legal de una sociedad, no presentó la documentación que acreditara su personería. A pesar de haber sido prevenido por el Tribunal en dos ocasiones para que subsanara dicha omisión, el recurrente no lo hizo, lo que resultó en el rechazo del recurso por falta de legitimidad.

Lección: Al interponer un recurso administrativo, es indispensable adjuntar desde el inicio la documentación que acredite fehacientemente la personería y representación legal con la que se actúa. No subsanar esta omisión ante una prevención del Tribunal conduce a la inadmisibilidad del recurso, perdiendo la oportunidad de que se discuta el fondo del caso.

Una auditora fiscal fue sancionada por la DGII por incumplimientos en su dictamen fiscal, específicamente por no documentar adecuadamente la verificación de créditos fiscales de IVA y el tratamiento de préstamos. El Tribunal de Apelaciones confirmó esta sanción, pero revocó una segunda multa por entrega extemporánea de documentos, al considerar que la DGII no probó el retraso.

Lección: Es fundamental que los auditores fiscales no solo realicen los procedimientos de verificación exigidos por la ley, sino que también documenten de manera exhaustiva y detallada dichos procedimientos en sus papeles de trabajo. La falta de evidencia documental del trabajo realizado puede llevar a sanciones, ya que las afirmaciones sin respaldo probatorio son insuficientes para demostrar el cumplimiento de las obligaciones del auditor.

Un contribuyente omitió presentar declaraciones de IVA y no enteró el impuesto correspondiente a varios períodos. La DGII determinó el impuesto omitido y aplicó multas por omisión de declaración y evasión intencional. El Tribunal confirma la evasión intencional y el impuesto, pero modifica la base de cálculo para la multa por omisión de declaración, estableciendo que debe ser sobre el impuesto a pagar (débito menos crédito) y no sobre el débito fiscal total.

Lección: Es crucial presentar siempre las declaraciones de impuestos, incluso si no se puede pagar de inmediato, para evitar la grave presunción de evasión intencional. Las dificultades económicas no justifican la no entrega al fisco del IVA recaudado de los clientes, ya que este dinero no pertenece al contribuyente.