2017

El contribuyente, a través de su apoderado, solicita el desistimiento del recurso de apelación interpuesto contra una resolución de la Dirección General de Impuestos Internos. La solicitud se fundamenta en el deseo de acogerse a los beneficios de la 'Ley Transitoria para Facilitar el Cumplimiento Voluntario de Obligaciones Tributarias y Aduaneras'. El Tribunal de Apelaciones acepta el desistimiento, dando por finalizado el proceso de apelación.

Lección: Los contribuyentes deben mantenerse informados sobre la promulgación de leyes transitorias o de amnistía fiscal, ya que estas pueden ofrecer una oportunidad para resolver disputas tributarias de manera más favorable, permitiendo el desistimiento de recursos en curso para acogerse a dichos beneficios y evitar la continuación de un litigio.

El Tribunal confirma la resolución de la DGII que objeta créditos fiscales de IVA por $547,300.00 y una multa por evasión no intencional. El contribuyente no pudo demostrar la existencia efectiva de los servicios de 'administración de empresas' facturados por su proveedor, ya que no aportó pruebas materiales de su ejecución y la fiscalización reveló que el proveedor carecía de personal para prestarlos.

Lección: Para deducir un crédito fiscal por servicios, no es suficiente tener un contrato y una factura. Es crucial mantener un expediente robusto con pruebas materiales que demuestren la efectiva prestación del servicio, tales como informes, correos electrónicos, entregables, y cualquier evidencia que vincule el servicio con la actividad generadora de renta de la empresa.

Una sociedad contribuyente interpuso un recurso de apelación contra una resolución de la Dirección General de Aduanas que le determinó impuestos complementarios (DAI e IVA) y le impuso multas. Sin embargo, antes de que el Tribunal de Apelaciones emitiera una sentencia sobre el fondo del asunto, el apoderado de la sociedad presentó un escrito para desistir del recurso. El Tribunal aceptó el desistimiento, dando por finalizado el proceso de apelación y dejando firme la resolución original de la administración aduanera.

Lección: El desistimiento de un recurso de apelación es un derecho procesal del contribuyente, pero debe ejercerse de manera informada, ya que su consecuencia directa es que la resolución impugnada queda firme y debe ser cumplida. Esta acción cierra la puerta a una revisión del caso por parte del tribunal superior, por lo que equivale a una aceptación tácita de la determinación de impuestos y sanciones realizada por la administración tributaria.

El contribuyente, a través de su apoderada, presentó un escrito para desistir del recurso de apelación que había interpuesto contra una resolución de la Dirección General de Impuestos Internos sobre Impuesto sobre la Renta. El Tribunal de Apelaciones aceptó el desistimiento, basándose en el derecho procesal que permite al recurrente retirarse del proceso antes de la sentencia, dando por finalizado el caso en esa instancia.

Lección: El contribuyente tiene el derecho procesal de desistir de un recurso de apelación en cualquier momento antes de que se dicte la sentencia definitiva. Esta acción pone fin al proceso de apelación y deja firme la resolución originalmente impugnada.

La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) impuso una multa de $2,237,911.69 a un contribuyente por no proporcionar información requerida durante una fiscalización, basándose en el artículo 241 a) del Código Tributario. El Tribunal de Apelaciones (TAIIA) revocó la sanción al determinar que la DGII cometió un error de tipificación; la conducta del contribuyente, que fue entregar información de forma parcial, correspondía a la infracción de 'presentar información incompleta' del artículo 241 d), no a la de 'no proporcionar' información. Esta incorrecta calificación violó los principios de Tipicidad, Legalidad, Seguridad Jurídica e Igualdad.

Lección: Una sanción tributaria puede ser revocada si la autoridad fiscal comete un error al tipificar la infracción. Es fundamental que la conducta sancionada se adecúe de manera precisa e inequívoca a la descripción contenida en la norma, ya que una incorrecta calificación, como confundir 'no proporcionar información' con 'proporcionarla de forma incompleta', viola el principio de tipicidad y legalidad, invalidando el acto administrativo.