2017

El Tribunal de Apelaciones confirma la resolución de la DGII que objeta la deducción de gastos por servicios de administración de proyectos de transporte. La decisión se fundamenta en que el contribuyente, a pesar de presentar contrato y facturas, no aportó pruebas suficientes para demostrar la materialización (realización efectiva) de dichos servicios. El Tribunal también desestimó los argumentos del contribuyente sobre vicios de procedimiento, como la supuesta delegación ilegal de funciones.

Lección: Para asegurar la deducibilidad de gastos por servicios, especialmente si son de montos significativos o con partes relacionadas, es indispensable mantener un expediente robusto que vaya más allá del contrato y las facturas. Se debe documentar la ejecución real del servicio con informes de avance, bitácoras de trabajo, correos electrónicos relevantes, entregables, y cualquier otra evidencia que demuestre cómo, cuándo y quién prestó el servicio y el beneficio obtenido, para así probar su materialización ante una fiscalización.

El contribuyente interpuso un recurso de apelación contra una resolución de la Dirección General de Impuestos Internos. Posteriormente, antes de que el Tribunal emitiera una sentencia, el contribuyente presentó un escrito para desistir del recurso. El Tribunal aceptó el desistimiento, dando por finalizado el proceso y dejando firme la resolución original de la DGII.

Lección: Un contribuyente puede retirarse (desistir) de un proceso de apelación en cualquier momento antes de la sentencia final. Sin embargo, esta acción implica la aceptación tácita de la resolución impugnada, la cual se vuelve firme y de obligatorio cumplimiento.

Un contribuyente apeló una resolución de la Dirección General de Aduanas que le determinó impuestos de importación complementarios y una multa. Antes de que el Tribunal emitiera una sentencia, el contribuyente presentó un escrito para desistir del recurso. El Tribunal aceptó el desistimiento, dando por finalizado el caso y dejando firme la resolución aduanera original.

Lección: El desistimiento de un recurso de apelación es una decisión que pone fin al litigio en la instancia administrativa, pero conlleva la consecuencia de que la resolución impugnada adquiere firmeza. Esto significa que el contribuyente renuncia a la posibilidad de que el Tribunal revoque la decisión y queda obligado a cumplir con el pago de los impuestos y multas determinados por la administración.

La DGII determinó un impuesto a pagar y una multa a una empresa avícola por deducir gastos de servicios cuya materialidad no fue probada, especialmente de consultorías prestadas por empresas vinculadas. El Tribunal de Apelaciones modificó la resolución, aceptando la deducción de gastos por servicios de outsourcing de personal (digitalización y promotoría) al estar debidamente documentados con planillas y contratos, pero mantuvo el rechazo de los gastos de consultoría de partes relacionadas por falta de prueba del proceso de ejecución del servicio.

Lección: Para asegurar la deducibilidad de gastos por servicios, especialmente si son intangibles o provienen de partes relacionadas, es crucial documentar no solo el contrato y el pago, sino todo el proceso de ejecución del servicio. Se deben mantener registros detallados como planes de trabajo, bitácoras de actividades, identificación del personal involucrado y cualquier evidencia que demuestre cómo, cuándo y quién realizó el servicio, probando así su existencia real y efectiva más allá del producto final.

El Tribunal de Apelaciones revoca la suspensión de 90 días impuesta por la Dirección General de Aduanas a un agente aduanero. La DGA lo sancionó por declarar con inexactitudes y sin mandato, pero el Tribunal determinó que, al no existir un mandato previo entre el agente y el importador, la conducta del agente no se ajustaba a las infracciones descritas en la ley, vulnerando el principio de tipicidad.

Lección: Para que una sanción administrativa sea válida, la conducta del infractor debe encajar de manera precisa y estricta en la descripción legal de la infracción. La Administración no puede sancionar por analogía o presunción si falta un elemento esencial del tipo infractor, como en este caso, la existencia de un contrato de mandato.