2019

El Tribunal confirma la resolución de la DGII que objeta créditos fiscales de IVA por la compra de baterías desechadas, al determinar que el contribuyente no logró probar la 'existencia efectiva' o 'materialización' de las operaciones. A pesar de contar con Comprobantes de Crédito Fiscal, la falta de prueba del pago directo al proveedor (se pagó a su representante legal) y la ausencia de documentación que acreditara la trazabilidad física de los bienes (transporte, recepción, pesaje) fueron determinantes para el fallo.

Lección: Para asegurar la deducibilidad de un crédito fiscal de IVA, no basta con tener el Comprobante de Crédito Fiscal y registrar la operación. Es indispensable mantener un expediente completo que demuestre la 'materialización' de la transacción, incluyendo pruebas de pago directas al proveedor, y documentación que acredite la trazabilidad de los bienes, como notas de remisión, controles de transporte, y registros de recepción en bodega.

El contribuyente interpuso un recurso de apelación contra una resolución de la DGII que le determinó impuesto de IVA y le impuso multas por evasión y por incumplimientos en sus registros de inventario. El Tribunal de Apelaciones declaró inadmisible el recurso por haber sido presentado de forma extemporánea, un día después de vencido el plazo legal de quince días hábiles, confirmando la firmeza de la resolución de la DGII.

Lección: Es crucial respetar rigurosamente los plazos legales para la interposición de recursos. El plazo para apelar es perentorio y su vencimiento provoca la pérdida irremediable del derecho a impugnar la decisión administrativa, la cual adquiere firmeza y se vuelve inatacable.

El Tribunal de Apelaciones declara inadmisible un recurso de apelación contra una resolución de la Dirección General de Aduanas que determinaba impuestos y multas por un total de $180,132.67. La inadmisibilidad se fundamenta en que el apoderado del contribuyente no presentó la documentación que acreditara su personería jurídica para representar a la sociedad, a pesar de haber sido prevenido por el Tribunal para subsanar dicha omisión.

Lección: Es fundamental asegurar la correcta y oportuna acreditación de la personería jurídica al interponer recursos administrativos. La omisión de este requisito formal, y la posterior falta de subsanación tras una prevención, resultará en la inadmisibilidad del recurso, impidiendo cualquier análisis sobre el fondo del asunto y dejando firme la resolución de la administración.

El Tribunal confirma la decisión de la DGII de reclasificar los ingresos de la venta de 'gallinas de descarte' de ganancia de capital a renta ordinaria. Se determinó que, a pesar de que la actividad principal de la empresa es la producción de huevos, la venta de estas gallinas es una actividad habitual, periódica y necesaria dentro de su ciclo económico, y no una venta ocasional de un activo fijo.

Lección: Las empresas deben tratar como renta ordinaria los ingresos provenientes de la venta de activos que, aunque se usen en la producción, se enajenan de forma regular y predecible como parte final del ciclo de negocio. Considerar estos ingresos como ganancia de capital puede llevar a ajustes fiscales significativos si se demuestra la habitualidad de la operación.

Un contribuyente importó mercancías declarando una clasificación arancelaria incorrecta, lo que llevó a la autoridad aduanera a invalidar el certificado de origen CAFTA-DR, determinar el pago de Derechos Arancelarios a la Importación (DAI) e IVA omitidos, e imponer una multa. El Tribunal de Apelaciones confirma la determinación de impuestos por la falta de defensa técnica del contribuyente, pero modifica la multa reduciéndola del 300% al 100% en aplicación de una reforma legal más favorable.

Lección: La correcta clasificación arancelaria es fundamental en las operaciones de comercio exterior. Un error en este punto puede invalidar beneficios de tratados de libre comercio, resultando en el pago inesperado de impuestos y multas. Es responsabilidad del importador, especialmente si es habitual, conocer la normativa y actuar con diligencia, ya que la negligencia es suficiente para establecer la culpabilidad en una infracción aduanera.