2019

La Dirección General de Aduanas determinó impuestos y multas a un contribuyente por subdeclarar el valor de sus importaciones y por no entregar contratos de franquicia en español. El Tribunal de Apelaciones confirmó la determinación de impuestos, pero modificó las multas aplicando retroactivamente reformas legales más favorables y concediendo una reducción del 50% por los cargos que el contribuyente aceptó, aunque mantuvo la sanción por no entregar la información a tiempo.

Lección: Es crucial responder a los requerimientos de la administración tributaria y aduanera de forma completa, dentro de los plazos establecidos y en el idioma solicitado (español). Las cláusulas de confidencialidad no son excusa para no entregar información, y la entrega tardía de documentos no subsana la infracción por incumplimiento de deberes formales ya cometida durante la fiscalización.

El contribuyente interpuso un recurso de apelación contra una resolución de la DGII que le determinó Impuesto Sobre la Renta y le impuso tres multas. El Tribunal de Apelaciones declaró inadmisible el recurso por haber sido presentado de forma extemporánea, casi un año después de vencido el plazo legal de quince días hábiles, dejando firme la decisión de la administración tributaria.

Lección: Es crucial respetar los plazos procesales para interponer recursos. El plazo de quince días hábiles para apelar ante el TAIIA es perentorio e improrrogable; su incumplimiento provoca la inadmisibilidad del recurso y la firmeza del acto administrativo, perdiendo la oportunidad de discutir el fondo del caso.

El Tribunal confirma la resolución de la DGII que determinó un impuesto sobre la renta por ganancia de capital no declarada, derivada de la venta de un inmueble. La DGII calculó la ganancia restando el costo de adquisición (según escritura de 1998) del precio de venta (según escritura de 2014), rechazando las mejoras alegadas por el contribuyente por falta de documentación de respaldo y por no llevar contabilidad en el ejercicio fiscalizado. También se confirman las multas por evasión intencional y por omitir llevar contabilidad.

Lección: Para poder deducir el costo de las mejoras realizadas a un bien inmueble al momento de calcular la ganancia de capital, es indispensable conservar toda la documentación de respaldo idónea (facturas, CCF, contratos) que demuestre fehacientemente dichos costos y registrarlos contablemente en el período correspondiente. Un valúo pericial por sí solo no es suficiente para probar el costo de las mejoras.

El Tribunal confirma la resolución de la DGII que determinó un impuesto sobre la renta de $17,864.98 y una multa por evasión de $8,932.49 a un contribuyente persona natural. La decisión se basa en la detección de rentas no declaradas, la objeción de costos de venta por no llevar un registro de control de inventarios, y la no deducibilidad de gastos de sueldos por omitir las retenciones de seguridad social y por auto-asignarse un salario.

Lección: Para asegurar la deducibilidad de costos y gastos, es crucial cumplir con todas las obligaciones formales y sustantivas. Esto incluye llevar un Registro de Control de Inventarios detallado si se transfieren bienes, y realizar y enterar todas las retenciones legales (seguridad social, pensiones) sobre los salarios pagados a empleados. Además, el dueño de un negocio no puede deducir un salario para sí mismo.

La DGII ajustó el Impuesto sobre la Renta de 2013 de un contribuyente, argumentando que sus precios de transferencia no eran de mercado, basando su análisis en las Directrices de la OCDE. El TAIIA revocó la decisión, dictaminando que la DGII actuó ilegalmente al usar una metodología no prevista en la ley salvadoreña vigente en ese año, la cual exigía seguir el procedimiento específico del artículo 199-B del Código Tributario.

Lección: La Administración Tributaria debe ceñirse estrictamente a los procedimientos y metodologías establecidos en la ley vigente para el período fiscalizado. La aplicación de guías o estándares internacionales, aunque sean una referencia técnica, es ilegal si no están formalmente incorporados en la normativa nacional, en virtud de los principios de legalidad y reserva de ley.