2021

La DGII objetó créditos fiscales de IVA a un contribuyente por compras mayores a 58 salarios mínimos, argumentando que no se pagaron por medios bancarios. El contribuyente demostró que extinguió la deuda mediante un acuerdo de compensación con su proveedor, quien tenía sus cuentas bancarias cerradas. El Tribunal de Apelaciones (TAIIA) validó la compensación como un método de pago legal, revocando la mayor parte del ajuste fiscal al determinar que la documentación de soporte prevalece sobre registros contables contradictorios.

Lección: Cuando se utilicen métodos de pago alternativos al sistema bancario para grandes transacciones, como la compensación de deudas, es crucial no solo formalizarlo en un contrato, sino también asegurar que los registros contables reflejen fielmente dicha operación (ej. un cruce de cuentas por cobrar y por pagar, no una salida de caja). La documentación de soporte es clave y prevalece sobre un registro contable erróneo, pero evitar la discrepancia desde el inicio previene litigios y ajustes fiscales.

El Tribunal revoca las multas impuestas por la DGII a un contribuyente por omisiones en el pago del anticipo a cuenta de Renta y por no llevar registros de inventario. La revocatoria no se basa en el fondo del asunto, sino en una grave falla procesal: la DGII ignoró el nombramiento de un apoderado por parte del contribuyente, vulnerando su derecho constitucional a la defensa y asistencia letrada, lo que invalidó todo el procedimiento sancionatorio.

Lección: Si un contribuyente nombra a un apoderado para que lo represente en un procedimiento administrativo, la Administración Tributaria está obligada a reconocer dicha representación y dirigir todas las comunicaciones y notificaciones al apoderado. Ignorar este nombramiento constituye una violación al derecho de defensa que puede invalidar todo el procedimiento y la resolución final.

Un contribuyente, a través de su apoderado, presentó un escrito para desistir de un recurso de apelación que había interpuesto ante el TAIIA contra una resolución de la Dirección General de Aduanas. El Tribunal, al verificar que no existían razones de interés público para continuar el proceso, aceptó la solicitud y declaró el recurso como desistido, finalizando el caso.

Lección: El contribuyente puede retirarse de un proceso de apelación en cualquier momento mediante un escrito de desistimiento. Esta acción pone fin al recurso y deja firme la resolución administrativa original, por lo que debe ser una decisión bien evaluada sobre sus consecuencias.

El Tribunal confirma una multa de $21,891.62 impuesta a un contribuyente por no emitir facturas en la venta de vehículos durante varios meses de 2018. El contribuyente apeló argumentando dificultades económicas y el impacto de la pandemia, pero el Tribunal determinó que la situación financiera no es una justificación legal para incumplir la obligación formal de facturar, la cual es mandatoria al momento de la transacción.

Lección: La obligación de emitir y entregar facturas por cada operación es un deber formal ineludible que debe cumplirse en el momento de la venta. Las dificultades económicas, la baja rentabilidad o crisis externas no son excusas legalmente válidas para omitir esta obligación, y la administración aplicará las sanciones que la ley establece sin poder reducirlas discrecionalmente.

El contribuyente apeló una resolución de la DGII que le determinó un impuesto de IVA a pagar de $95,611.24 y una multa de $23,902.81. El ajuste se originó principalmente por la objeción de créditos fiscales que no contaban con la documentación de respaldo. El contribuyente admitió el no pago pero lo justificó por su 'dura situación financiera', argumento que fue desestimado por el Tribunal, confirmando la decisión de la DGII.

Lección: Las dificultades financieras no son una excusa legal para no enterar al Fisco el IVA recaudado, ya que el contribuyente actúa como un simple agente de retención. Es indispensable mantener un control documental riguroso y conservar todos los Comprobantes de Crédito Fiscal que respalden las deducciones, pues la falta de estos documentos conlleva a la pérdida del crédito y a la determinación de impuestos y multas.