2021

El TAIIA confirma la multa impuesta por la DGII a una empresa por no proporcionar información sobre un tercero dentro de los plazos requeridos. El tribunal determinó que la empresa incumplió su deber formal de informar, y aunque subsanó la falta tardíamente obteniendo una reducción en la multa, la infracción original por negligencia fue correctamente sancionada conforme a la ley, desestimando los argumentos de desproporcionalidad y falta de culpabilidad.

Lección: Es crucial responder a los requerimientos de información de la Administración Tributaria de manera oportuna. Si se necesita más tiempo, se debe solicitar una prórroga formalmente, explicando y justificando detalladamente las razones de la imposibilidad de cumplir en el plazo original, ya que la simple solicitud sin justificación o la alegación de dificultades operativas no eximen de responsabilidad ni evitan la imposición de sanciones.

El TAIIA revocó una determinación de impuestos (DAI e IVA) y una multa tributaria millonaria impuesta por la DGA a una empresa bajo el régimen de perfeccionamiento activo. La DGA alegó simulación de reexportaciones por declarar pesos incorrectos, pero el Tribunal determinó que la facultad de la DGA para fiscalizar las declaraciones de importación originales había caducado. Sin embargo, se confirmó una multa administrativa de $400 por inexactitudes en la declaración del valor del flete.

Lección: La potestad de la Administración Aduanera para fiscalizar no es ilimitada; está sujeta a un plazo de caducidad de cuatro años desde la aceptación de la declaración. Si la Administración notifica su resolución final fuera de este plazo, la determinación de impuestos y las multas asociadas son nulas, incluso si existen indicios de irregularidades. Es crucial que la base de una determinación tributaria se sustente en operaciones que la autoridad tiene competencia temporal para revisar.

El contribuyente apeló una resolución de la DGII que le determinó un impuesto sobre la renta de más de $4 millones y multas por más de $1 millón para el ejercicio 2017. El Tribunal de Apelaciones declaró inadmisible el recurso por haber sido presentado fuera del plazo legal de 15 días hábiles, dejando en firme la decisión de la DGII sin analizar los argumentos de fondo.

Lección: Es crucial respetar los plazos perentorios para la interposición de recursos administrativos. La presentación extemporánea, incluso por un día, provoca la inadmisibilidad del recurso y la pérdida de la oportunidad de discutir el fondo del caso, consolidando la deuda tributaria determinada por la administración.

El Tribunal confirma una multa a un contribuyente por no presentar el informe de proveedores (F-987). El contribuyente alegó 'justo impedimento' debido a que su documentación contable fue incautada por la Fiscalía, pero el Tribunal desestimó el argumento al considerar que no era una imposibilidad absoluta, ya que el contribuyente pudo y debió solicitar copias certificadas de los documentos para cumplir con su obligación.

Lección: La incautación de documentación contable por una autoridad judicial o fiscal no exime automáticamente del cumplimiento de las obligaciones tributarias. El contribuyente tiene la carga de demostrar que agotó todas las vías legales disponibles, como solicitar copias certificadas de los documentos, para intentar cumplir con sus deberes formales.

El Tribunal de Apelaciones confirma la imposición de múltiples multas por más de $400,000 a un contribuyente por diversos incumplimientos de obligaciones formales, como no llevar control de inventarios, presentar declaraciones tardías y emitir facturas con errores. El Tribunal valida la facultad de la DGII para imponer estas sanciones de forma aislada durante una fiscalización en curso y rechaza los argumentos del contribuyente sobre violaciones a los principios de congruencia, legalidad y proporcionalidad, especialmente en la aplicación de multas calculadas como un porcentaje del valor de las operaciones.

Lección: El cumplimiento estricto de todas las obligaciones formales es fundamental, ya que la Administración Tributaria puede imponer multas aisladas y acumulativas por cada infracción durante una auditoría. Sanciones como la del 30% sobre el valor de la operación por errores en facturas (Art. 239 lit. b CT) pueden resultar en montos extremadamente elevados, y los tribunales las confirman al considerarlas una potestad reglada por ley, sin margen para la discrecionalidad o reducción.