2025

La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) denegó a una empresa los incentivos fiscales para importar vehículos eléctricos, argumentando que no estaba solvente por tener una deuda de Renta del año anterior. Sin embargo, dicha deuda estaba cubierta por un plan de pago a plazos autorizado. El Tribunal de Apelaciones revoca la decisión de la DGII, estableciendo que un 'Estado Tributario Autorizado' es jurídicamente equivalente a una solvencia y, por tanto, el contribuyente sí tiene derecho a los beneficios.

Lección: Un contribuyente que tenga deudas tributarias amparadas por un plan de pagos vigente y autorizado por la administración (estado 'Autorizado') no puede ser considerado insolvente para efectos de solicitar beneficios o incentivos fiscales. La 'Autorización Tributaria' y la 'Solvencia' tienen la misma validez y efectos jurídicos.

Un contribuyente solicitó a la DGII la prescripción de deudas de Impuesto sobre la Renta y multas. La DGII denegó la solicitud argumentando que el caso ya estaba en proceso de cobro en la Fiscalía General de la República. El contribuyente apeló esta negativa ante el TAIIA, el cual declaró el recurso improponible por falta de competencia, ya que su jurisdicción se limita a apelaciones sobre liquidaciones de impuestos e imposición de sanciones, no sobre denegatorias de prescripción.

Lección: Antes de impugnar una resolución de la DGII, es fundamental verificar la vía procesal correcta. El recurso de apelación ante el TAIIA solo procede contra resoluciones que liquidan impuestos o imponen multas. Las negativas a solicitudes de prescripción deben ser impugnadas directamente en la jurisdicción contencioso-administrativa, no ante el TAIIA, para evitar que el recurso sea declarado inadmisible.

El Tribunal revoca una resolución de la DGII que denegaba a una empresa los beneficios fiscales de la Ley de Fomento a la Importación de Vehículos Eléctricos. La DGII argumentó que la empresa estaba insolvente por una deuda de ISR de 2013, pero el Tribunal determinó que dicha deuda estaba garantizada por una fianza en un proceso judicial, y una medida cautelar ordenaba a la DGII considerarla solvente. Por lo tanto, la DGII actuó ilegalmente al negar los beneficios.

Lección: Un contribuyente no puede ser considerado insolvente por la Administración Tributaria si la deuda en cuestión está suspendida y garantizada mediante una fianza o caución en un proceso judicial. La 'autorización' emitida en estas circunstancias tiene la misma validez que una 'solvencia' para cualquier trámite que la requiera, incluyendo la solicitud de incentivos fiscales.

Un contribuyente interpuso un recurso de apelación ante el TAIIA sin especificar la resolución administrativa que impugnaba ni su pretensión. A pesar de que el Tribunal le otorgó un plazo para subsanar dichos errores, el contribuyente no lo hizo, por lo que el Tribunal declaró improponible el recurso por carecer de requisitos procesales esenciales, sin analizar el fondo del asunto.

Lección: Al presentar un recurso de apelación, es crucial identificar con total claridad el acto administrativo que se impugna y formular una pretensión específica. No cumplir con estos requisitos formales, y no corregirlos si el tribunal lo solicita, llevará al rechazo del recurso, perdiendo la oportunidad de una revisión de fondo del caso.

El Tribunal de Apelaciones confirma una multa impuesta por la DGII a un contribuyente por no presentar el Informe F-930 (detallando retenciones de IVA) para varios períodos. El contribuyente argumentó que no pudo presentar el informe porque sus clientes no le entregaron los comprobantes de retención. El Tribunal desestimó este argumento, estableciendo que la presentación del informe es una obligación formal que debe cumplirse en el plazo legal, y es responsabilidad del contribuyente exigir la documentación necesaria a sus agentes de retención.

Lección: Los contribuyentes deben cumplir rigurosamente con los plazos para la presentación de informes y declaraciones formales, como el F-930. La falta de documentos de terceros (como comprobantes de retención) no es una excusa válida para el incumplimiento; es deber del contribuyente gestionar y exigir activamente la documentación necesaria para poder cumplir con sus propias obligaciones tributarias a tiempo.