El Tribunal confirma la determinación de impuesto sobre la renta y multas contra una contribuyente por la ganancia de capital obtenida en la venta de un inmueble rústico. La contribuyente no declaró la operación, alegando que no era contribuyente habitual y que el inmueble era su casa de habitación con mejoras. El Tribunal desestimó sus argumentos por falta de pruebas, ya que no demostró que el inmueble fuera habitable ni presentó documentos que respaldaran las supuestas mejoras para su deducción.

Lección: Al vender un bien inmueble, incluso si es una operación única y no se tiene actividad económica habitual, se debe documentar adecuadamente el costo de adquisición y cualquier mejora realizada con facturas y comprobantes de pago. Si se alega que es la casa de habitación para optar a una exención, se debe poder demostrarlo con recibos de servicios y otros documentos que acrediten la residencia, ya que la carga de la prueba recae siempre en el contribuyente.

El Tribunal de Apelaciones confirma la resolución de la Dirección General de Aduanas que declara como 'no originaria' una importación de arroz partido de Costa Rica. La decisión se fundamenta en que el exportador no respondió el cuestionario de verificación de origen dentro del plazo legal de 30 días, lo que, según el Reglamento Centroamericano sobre el Origen de las Mercancías (RCOM), conlleva automáticamente a la denegatoria del trato arancelario preferencial.

Lección: Es crucial cumplir estrictamente con los plazos procesales en los procedimientos de verificación de origen aduanero. La falta de respuesta oportuna a un cuestionario, o la no solicitud de una prórroga permitida por ley, puede resultar en la pérdida automática de los beneficios arancelarios, independientemente de si la mercancía realmente cumple con las reglas de origen.

La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) ajustó el Impuesto sobre la Renta de un contribuyente, argumentando que sus ventas a una parte relacionada no se realizaron a precios de mercado, para lo cual utilizó las Directrices de la OCDE. El Tribunal de Apelaciones (TAIIA) revocó la resolución de la DGII, estableciendo que esta violó el principio de legalidad al aplicar una metodología no incorporada en la ley salvadoreña vigente en ese momento, debiendo haberse limitado al procedimiento específico del Código Tributario.

Lección: La actuación de la Administración Tributaria está estrictamente sujeta al principio de legalidad. No se pueden aplicar procedimientos o metodologías internacionales, como las Directrices de la OCDE sobre precios de transferencia, si no están expresamente habilitadas por una ley local. El hecho de que el contribuyente las use como referencia no otorga a la administración la facultad de basar sus ajustes en ellas.

El Tribunal revoca una multa de $163,420.00 impuesta por la DGII a un contribuyente por entregar información de un tercero fuera de plazo. La decisión se fundamenta en un grave error de procedimiento por parte de la DGII, que no otorgó al contribuyente la oportunidad legal de subsanar la infracción para obtener una reducción de la sanción (atenuante), violando así su derecho a la defensa y al debido proceso.

Lección: La Administración Tributaria debe seguir rigurosamente todos los pasos del procedimiento sancionador, incluyendo la obligación de ofrecer expresamente al contribuyente la oportunidad de corregir su incumplimiento para beneficiarse de las atenuantes que la ley prevé. Un error en este ofrecimiento puede invalidar todo el proceso y la sanción resultante.

La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) sancionó a una empresa con una multa de $32,772.88 por no proporcionar información requerida sobre un tercero. El Tribunal de Apelaciones (TAIIA) revocó la sanción al determinar que la DGII cometió un error de tipificación; la conducta del contribuyente no fue 'no proporcionar' información (Art. 241 lit. a CT), sino 'proporcionarla de forma incompleta' (Art. 241 lit. d CT), ya que había entregado parte de lo solicitado en un requerimiento inicial.

Lección: Es crucial diferenciar entre no proporcionar información y proporcionarla de forma incompleta, ya que son infracciones distintas con tipificaciones legales diferentes. Aunque un contribuyente responda parcialmente a un requerimiento, debe atender diligentemente todos los requerimientos posteriores que soliciten la información faltante para evitar un procedimiento sancionatorio, pero la Administración Tributaria está obligada a aplicar la sanción que corresponda exactamente a la conducta observada, respetando el principio de tipicidad.