Análisis de Jurisprudencia Tributaria

El agente aduanero, como profesional y auxiliar de la función pública, tiene el deber de velar por el interés fiscal y no puede limitarse a transcribir la información de los documentos del importador. Debe ejercer un juicio crítico y dudar de la información que presente indicios de irregularidad, como precios manifiestamente bajos, ya que la responsabilidad por la exactitud de la declaración recae sobre él y la carga de probar la buena fe le corresponde.

Al contratar servicios de proveedores no domiciliados, es crucial analizar dónde se 'utiliza' o aprovecha económicamente el servicio. Si el beneficio se materializa en El Salvador para prestar un servicio a clientes locales, se debe efectuar la retención de Impuesto sobre la Renta del 20% para que el gasto sea deducible, independientemente de que la infraestructura del proveedor esté en el extranjero.

Las notas de crédito no pueden utilizarse para anular operaciones por falta de pago o mora del cliente. Su uso está estrictamente regulado por el artículo 110 del Código Tributario y deben emitirse dentro de los tres meses siguientes a la operación original. El uso indebido para disminuir ingresos puede ser calificado como evasión intencional, conllevando multas significativas.

Para que una sanción administrativa sea válida, la conducta del infractor debe encajar de manera precisa y estricta en la descripción legal de la infracción. La Administración no puede sancionar por analogía o presunción si falta un elemento esencial del tipo infractor, como en este caso, la existencia de un contrato de mandato.

Es crucial mantener una documentación completa y detallada que demuestre de manera fehaciente el destino de cada préstamo y la conexión directa de cada gasto con la generación de ingresos gravables. La carga de la prueba recae siempre en el contribuyente, y las simples afirmaciones sin respaldo documental son insuficientes para justificar una deducción fiscal.