Análisis de Jurisprudencia Tributaria

Para asegurar la deducibilidad de créditos fiscales, los contribuyentes deben mantener un soporte documental robusto que vaya más allá de la factura y el registro contable. Es crucial poder demostrar la materialidad de las operaciones con pruebas como contratos, órdenes de compra, comprobantes de pago, registros de entrega y recepción, y cualquier otra evidencia que acredite que el bien o servicio fue efectivamente recibido.

Al importar bienes bajo términos CIF (Costo, Seguro y Flete), el importador salvadoreño tiene la obligación de retener el 5% de Impuesto sobre la Renta sobre el valor del flete pagado al proveedor no domiciliado, ya que se considera un servicio utilizado en el país y, por tanto, renta de fuente salvadoreña. La omisión de esta retención no solo genera la obligación de pagar el impuesto como responsable solidario y una multa, sino que también impide la deducción del costo de dicho flete.

La obligación de presentar el informe F-987 se genera si los ingresos brutos totales durante un semestre (enero-junio o julio-diciembre) igualan o superan el equivalente a 2,753 salarios mínimos mensuales. El término 'mensual' en la ley se refiere a la unidad de medida del salario, no al período de cómputo de los ingresos.

Para que la deducción de una cuenta incobrable sea fiscalmente válida en El Salvador, es indispensable iniciar gestiones de cobro por la vía judicial y conservar la documentación que pruebe tanto el intento como el resultado. Las justificaciones económicas o de costo-beneficio no eximen del cumplimiento de este requisito legal obligatorio.

La subsanación voluntaria de errores en declaraciones aduaneras para evitar sanciones debe realizarse imperativamente antes de recibir la notificación de inicio de un proceso de fiscalización por parte de la autoridad aduanera. Una vez iniciado el proceso de auditoría, cualquier corrección, aunque sea por iniciativa propia, no eximirá al contribuyente de la imposición de multas.