2012

Una asociación sin fines de lucro fue sancionada por la DGII por no pagar IVA sobre las cuotas de membresía y primas de ingreso durante 2008. La asociación alegó que dicho cobro no era un servicio gravado hasta una reforma legal de 2009, pero el Tribunal de Apelaciones confirmó la sanción, estableciendo que esos pagos siempre constituyeron una contraprestación por un servicio (uso de instalaciones) y, por lo tanto, un hecho generador de IVA.

Lección: Cualquier pago recibido por una entidad, incluidas asociaciones y clubes, que otorgue a cambio el derecho a usar instalaciones o recibir servicios, se considera una 'prestación de servicios' gravada con IVA. La naturaleza de la operación (pago a cambio de un beneficio) prevalece sobre si el servicio está explícitamente listado en la ley.

El contribuyente fue multado por la DGII por omitir llevar registros de inventario. Apeló la decisión ante el TAIIA, pero presentó el recurso un día después del plazo legal de quince días hábiles. El Tribunal declaró inadmisible el recurso por extemporáneo, sin entrar a conocer el fondo del asunto.

Lección: Es crucial cumplir estrictamente con los plazos procesales para interponer recursos legales. Los plazos son perentorios y su incumplimiento, incluso por un solo día, resulta en la pérdida del derecho a que la instancia superior revise el caso.

El Tribunal confirma la resolución de la DGII que determinó un impuesto sobre la renta complementario y una multa por evasión intencional a un contribuyente. La determinación se basó en la presunción de incrementos patrimoniales no justificados, derivados de depósitos en cuentas bancarias y la adquisición de bienes inmuebles cuyo origen de fondos no fue probado. El Tribunal desestimó los argumentos procesales y probatorios del contribuyente, incluyendo la presentación de fotocopias simples y pruebas extemporáneas.

Lección: Es fundamental que los contribuyentes mantengan una documentación de soporte robusta y fidedigna (original o certificada) que justifique el origen de todos los fondos que ingresan a sus cuentas bancarias o que se utilizan para adquirir bienes. La incapacidad de probar el origen de dichos fondos puede llevar a que la administración tributaria los considere como renta gravada no declarada, con la consecuente determinación de impuestos y multas por evasión.

El Tribunal confirma la resolución de la DGII que objeta a un contribuyente la deducción de costos y gastos. Se rechaza un aumento en el costo de venta de combustible basado en precios de mercado posteriores a la importación, y se declara no deducible el gasto de alquiler de vivienda para el Gerente General por no ser indispensable para generar renta. Consecuentemente, se confirma el impuesto determinado y la multa por evasión no intencional.

Lección: Para fines fiscales, el costo de los bienes importados debe registrarse a su valor histórico de adquisición, soportado por la declaración de mercancías y la factura original, sin admitir revalorizaciones posteriores. Además, los gastos en vivienda para personal, aunque formen parte de un paquete de compensación, son considerados gastos personales y no son deducibles a menos que se demuestre una conexión directa e indispensable con la generación de ingresos de la empresa.

La Dirección General de Aduanas ajustó el valor en aduana de importaciones de alcohol etílico al detectar que el contribuyente pagó al proveedor y al transportista montos superiores a los declarados. El contribuyente alegó que el pago extra al proveedor era un anticipo y los pagos al transportista eran por mantenimiento, pero no pudo probarlo. El Tribunal confirmó la determinación de impuestos (DAI e IVA) y la multa por declaración inexacta, al considerar que los montos no declarados formaban parte del 'precio realmente pagado' y del flete.

Lección: Es crucial que el valor en aduana declarado refleje con exactitud todos los pagos realizados al proveedor y todos los costos incurridos para la importación, como el flete. Cualquier discrepancia entre las declaraciones de mercancías y los registros contables o transferencias bancarias puede ser detectada en una fiscalización y resultar en ajustes, impuestos y multas. La documentación de soporte, como contratos, debe ser clara, vigente y consistente con los hechos para poder justificar cualquier operación ante la autoridad aduanera.