2013

Un contribuyente fue fiscalizado por IVA, detectándose ingresos no declarados provenientes de la venta de fruta, los cuales fueron identificados a través de depósitos bancarios. Además, se encontraron múltiples infracciones formales, como la no emisión de facturas, errores en documentos y libros contables, y la no presentación de informes. El Tribunal confirmó la determinación de impuestos y las multas impuestas por la DGII, desestimando los argumentos del contribuyente sobre desconocimiento de la ley y la naturaleza 'informal' de su actividad.

Lección: Todo contribuyente es responsable de declarar la totalidad de sus ingresos, sin importar si provienen de su giro principal o de actividades secundarias o 'informales'. La ignorancia de la ley o una mala asesoría contable no eximen de responsabilidad. Es crucial registrar todas las actividades económicas, emitir la documentación correcta para cada transacción y mantener una contabilidad precisa para evitar sanciones por evasión y multas por incumplimientos formales.

El Tribunal revoca una resolución de la Dirección General de Aduanas que declaró mercancías como no originarias. La decisión se fundamenta en que la DGA vulneró el derecho de audiencia de los importadores salvadoreños al no permitirles participar activamente en el procedimiento de verificación de origen, a pesar de que la normativa centroamericana aplicable no lo contemplaba explícitamente.

Lección: La Administración Aduanera debe garantizar el derecho constitucional de audiencia a los importadores en los procedimientos de verificación de origen, dándoles participación activa, incluso si los tratados comerciales no lo especifican. Los importadores son afectados directos y deben tener la oportunidad de presentar pruebas y alegatos, pues una simple notificación del proceso no es suficiente para cumplir con dicha garantía.

El contribuyente fue sancionado con dos multas: una por no proporcionar información requerida por la DGII y otra por no actualizar anualmente su dirección para recibir notificaciones. El Tribunal confirmó la primera multa, argumentando que la responsabilidad del contribuyente no se puede delegar en su contador, pero revocó la segunda, estableciendo el criterio de que la obligación de 'actualizar' la dirección solo existe si hay un cambio real, para no incurrir en trámites innecesarios.

Lección: La obligación de 'actualizar' la dirección para recibir notificaciones (Art. 90 CT) no requiere presentar el formulario F-211 cada año si la dirección no ha cambiado. La obligación se activa únicamente cuando hay una modificación que informar. Además, la responsabilidad de resguardar y presentar la documentación fiscal es indelegable del contribuyente, y culpar a un tercero no exime del cumplimiento.

Una empresa bajo el régimen de Admisión Temporal fue sancionada por la DGA con el pago de IVA y multas por reexportar mercancías fuera del plazo de 12 meses y por usar una bodega no registrada. El Tribunal de Apelaciones confirmó el cobro del IVA y la multa por la bodega no registrada, pero revocó las multas más cuantiosas al reclasificar la infracción principal de tributaria a administrativa, por una incorrecta tipificación de la DGA.

Lección: Las empresas que operan bajo regímenes aduaneros suspensivos deben monitorear estrictamente los plazos de permanencia de las mercancías (12 meses según RECAUCA) para evitar la nacionalización automática y el pago de impuestos. Además, es fundamental mantener actualizada ante la autoridad aduanera toda la información registral, incluyendo la ubicación exacta de todas las bodegas utilizadas, para evitar sanciones administrativas.

El Tribunal confirma la determinación de Impuesto sobre la Renta y multa realizada por la DGII a un contribuyente. Los ajustes se originaron por ventas omitidas determinadas por un faltante de inventario, un incremento patrimonial no justificado por un depósito bancario, y el rechazo de deducciones de gastos (sueldos, alquileres, mantenimiento) por no cumplir con los requisitos legales de respaldo y retención.

Lección: Para asegurar la deducibilidad de los gastos, es crucial no solo que sean necesarios para el negocio, sino también cumplir estrictamente con todos los requisitos formales, como documentarlos adecuadamente y efectuar todas las retenciones legales aplicables (ISR, AFP, ISSS). La carga de la prueba para justificar operaciones y desvirtuar presunciones de la autoridad fiscal recae siempre en el contribuyente.