2013

El Tribunal confirma la resolución de la Dirección General de Aduanas que determinó el pago de Derechos Arancelarios a la Importación (DAI), IVA y una multa del 300% a un Depósito para Perfeccionamiento Activo. La sanción se originó porque, tras una fiscalización, se encontraron faltantes de mercancía importada temporalmente y el contribuyente no pudo presentar la documentación para justificar su destino legal, activándose la presunción de transferencia de dominio.

Lección: Los beneficiarios de regímenes aduaneros suspensivos, como el de Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo, deben mantener controles de inventario y documentación de respaldo exhaustivos y ordenados que permitan justificar en todo momento el destino de cada mercancía importada. La falta de justificación de faltantes activa una presunción legal de importación definitiva, lo que resulta en el cobro de impuestos y multas elevadas, y la carga de la prueba para desvirtuarla recae enteramente en el contribuyente.

Un contribuyente apeló una liquidación de Impuesto sobre la Renta para el año 2008, originada por presunción de ingresos por documentos extraviados, un incremento patrimonial no justificado por depósitos bancarios y gastos de venta objetados. El Tribunal de Apelaciones modificó la resolución, aceptando la justificación del contribuyente sobre los depósitos como transferencias entre sus propias cuentas, lo que redujo significativamente el impuesto a pagar. Sin embargo, mantuvo la objeción a los gastos no documentados y la presunción de ingresos por documentos cuya falta no fue justificada en la instancia administrativa.

Lección: Para evitar la presunción de ingresos por incremento patrimonial no justificado, es crucial que las transferencias de fondos entre cuentas bancarias propias se realicen mediante métodos rastreables como transferencias electrónicas o cheques, en lugar de retiros y depósitos en efectivo. Además, es indispensable mantener un archivo completo y ordenado de toda la documentación fiscal y reportar formalmente cualquier extravío a la autoridad tributaria para prevenir la presunción de ingresos omitidos.

El Tribunal confirma la resolución de la DGII que objeta créditos fiscales de IVA y aplica multas a un contribuyente. La decisión se fundamenta en que el contribuyente no pudo demostrar la existencia efectiva de los servicios de supervisión que supuestamente recibió, ya que la empresa proveedora no pudo ser localizada y no se aportó ninguna prueba material más allá de las facturas.

Lección: Para asegurar la deducibilidad de los créditos fiscales, es indispensable que el contribuyente mantenga un expediente robusto que vaya más allá de la factura. Se debe contar con contratos, informes técnicos, bitácoras, correspondencia y pruebas de pago bancarizadas que demuestren de manera fehaciente que el servicio fue realmente prestado y recibido, ya que la carga de la prueba recae enteramente en el contribuyente.

El contribuyente interpuso un recurso de apelación contra una resolución de la DGII que determinó impuesto sobre la renta y multas por evasión y no proporcionar información. El Tribunal de Apelaciones declaró inadmisible el recurso por haber sido presentado de forma extemporánea, desestimando el argumento de 'justo impedimento' debido a que la notificación a un empleado en el domicilio fiscal es legalmente válida para iniciar el cómputo del plazo.

Lección: Es fundamental respetar estrictamente los plazos procesales para interponer recursos, ya que son perentorios y su incumplimiento provoca la inadmisibilidad. Las empresas deben tener protocolos internos para asegurar que cualquier notificación recibida por cualquier empleado en el domicilio fiscal sea comunicada de inmediato a la persona o departamento responsable, pues la ausencia del representante legal no es una excusa válida para el incumplimiento de plazos.

La Dirección General de Aduanas determinó impuestos (DAI e IVA) y una multa por incorrecta clasificación arancelaria en varias declaraciones de mercancías. El contribuyente apeló, alegando principalmente que la facultad de la DGA para fiscalizar había caducado. El Tribunal de Apelaciones le dio la razón parcialmente, revocando los ajustes de las declaraciones cuyo plazo de 4 años para fiscalizar (según CAUCA IV) había vencido, y modificando la multa para la única declaración restante.

Lección: Es crucial monitorear los plazos de caducidad para la fiscalización aduanera. La ley procesal aplicable es la vigente al momento de iniciar la auditoría, no al momento de la importación. Con la entrada en vigencia del CAUCA IV, el plazo se redujo a 4 años y prevalece sobre cualquier plazo mayor en la legislación nacional, extinguiendo la potestad de la autoridad aduanera si no actúa a tiempo.