2018

El Tribunal confirma la resolución de la DGII que determinó un impuesto a pagar de $1,194,002.65 y una multa de $298,500.66 a una compañía de seguros. Las objeciones se centraron en la deducción improcedente de gastos por primas de reaseguro a no domiciliados sin efectuar la retención del 5% de ISR (especialmente en montos compensados), la deducción de reservas técnicas de tipo previsional no permitidas por la Ley de ISR, y el saneamiento de activos que no cumplían los requisitos de incobrabilidad.

Lección: Para asegurar la deducibilidad de un gasto, no basta con que esté registrado contablemente o sea una exigencia de un ente regulador sectorial; es indispensable cumplir estrictamente con todos los requisitos establecidos en la legislación tributaria. Esto incluye efectuar las retenciones correspondientes sobre la totalidad de los pagos o acreditamientos (incluyendo compensaciones) y verificar que las provisiones o reservas estén expresamente permitidas como deducción por la Ley de Impuesto sobre la Renta.

El Tribunal confirma la denegatoria de trato arancelario preferencial bajo CAFTA-DR porque el Certificado de Origen fue emitido por una entidad distinta a la declarada como importadora, aclarando que dicho certificado no es un documento endosable. Sin embargo, modifica la sanción, reduciendo la multa tributaria del 300% al 100% de los impuestos omitidos, en aplicación de una reforma legal posterior más favorable para el contribuyente.

Lección: Para aplicar correctamente los beneficios de un tratado de libre comercio, es crucial que exista una correspondencia exacta entre la persona que emite el Certificado de Origen (si es el importador) y la persona declarada como importador en la Declaración de Mercancías. El Certificado de Origen es un documento personalísimo y no puede ser transferido a un tercero mediante endoso.

La Dirección General de Aduanas determinó el pago de Derechos Arancelarios a la Importación (DAI) y una multa a una empresa por importar 'Tortas de Carne de Res' de Guatemala, las cuales fueron declaradas no originarias tras una verificación. El Tribunal de Apelaciones confirmó el cobro de los impuestos, ya que la no originariedad de la mercancía era una decisión firme, pero revocó la multa al considerar que el importador actuó de buena fe y sin culpabilidad, pues la responsabilidad de certificar el origen recae en el exportador.

Lección: Un importador no es culpable de las multas derivadas de una incorrecta declaración de origen emitida por el exportador, siempre que haya actuado de buena fe. Aunque el importador será responsable del pago de los impuestos omitidos si se deniega el trato arancelario preferencial, el principio de culpabilidad lo protege de sanciones si no tenía forma de conocer el error en la certificación de origen.

El Tribunal confirma una multa impuesta a un contribuyente por llevar sus Registros de Control de Inventarios de forma incompleta. A pesar de que el contribuyente intentó corregir las omisiones, no incluyó datos esenciales como el correlativo de la operación y el número de documento, además de omitir el registro de una sucursal, por lo que la sanción fue ratificada al no considerarse subsanada la infracción.

Lección: Es fundamental que los contribuyentes obligados a llevar Registros de Control de Inventarios se aseguren de que estos cumplan con la totalidad de los requisitos del artículo 142-A del Código Tributario para cada una de sus sucursales. La subsanación parcial durante una fiscalización no es suficiente para evitar la sanción, ya que la omisión de requisitos clave como el correlativo de operación y número de documento de respaldo mantiene vigente el incumplimiento.

El Tribunal de Apelaciones confirma una multa de $3,020.40 impuesta a un auditor fiscal por no presentar el Dictamen Fiscal del ejercicio 2014. El auditor alegó que la empresa no le entregó la documentación, pero el Tribunal desestimó su defensa al determinar que el auditor no notificó formalmente esta situación a la DGII antes del plazo de vencimiento, como lo exige la normativa.

Lección: Si un auditor fiscal enfrenta la negativa de un cliente a proporcionar la información necesaria para emitir el Dictamen Fiscal, es imperativo que notifique por escrito a la Administración Tributaria sobre esta situación antes de la fecha límite de presentación. No hacerlo invalida cualquier defensa futura y resultará en la aplicación de la multa correspondiente por omisión.