2018

La Dirección General de Aduanas determinó el pago de Derechos Arancelarios a la Importación (DAI) y una multa a una empresa por importar 'Tortas de Carne de Res' de Guatemala, las cuales fueron declaradas no originarias tras una verificación. El Tribunal de Apelaciones confirmó el cobro de los impuestos, ya que la no originariedad de la mercancía era una decisión firme, pero revocó la multa al considerar que el importador actuó de buena fe y sin culpabilidad, pues la responsabilidad de certificar el origen recae en el exportador.

Lección: Un importador no es culpable de las multas derivadas de una incorrecta declaración de origen emitida por el exportador, siempre que haya actuado de buena fe. Aunque el importador será responsable del pago de los impuestos omitidos si se deniega el trato arancelario preferencial, el principio de culpabilidad lo protege de sanciones si no tenía forma de conocer el error en la certificación de origen.

El Tribunal confirma la resolución de la DGII que determinó un impuesto a pagar de $1,194,002.65 y una multa de $298,500.66 a una compañía de seguros. Las objeciones se centraron en la deducción improcedente de gastos por primas de reaseguro a no domiciliados sin efectuar la retención del 5% de ISR (especialmente en montos compensados), la deducción de reservas técnicas de tipo previsional no permitidas por la Ley de ISR, y el saneamiento de activos que no cumplían los requisitos de incobrabilidad.

Lección: Para asegurar la deducibilidad de un gasto, no basta con que esté registrado contablemente o sea una exigencia de un ente regulador sectorial; es indispensable cumplir estrictamente con todos los requisitos establecidos en la legislación tributaria. Esto incluye efectuar las retenciones correspondientes sobre la totalidad de los pagos o acreditamientos (incluyendo compensaciones) y verificar que las provisiones o reservas estén expresamente permitidas como deducción por la Ley de Impuesto sobre la Renta.

El Tribunal de Apelaciones confirma una multa impuesta a un auditor fiscal por no presentar el dictamen fiscal de un cliente para el ejercicio 2014. Aunque el auditor alegó que el servicio nunca se concretó y presentó una renuncia, el Tribunal determinó que esta fue comunicada a la Administración Tributaria de forma extemporánea, más de dos años después de vencido el plazo, por lo que no lo exime de la responsabilidad adquirida con su nombramiento inicial.

Lección: Un auditor fiscal nombrado para emitir un dictamen es responsable de su presentación hasta que su renuncia sea formal y oportunamente comunicada a la Administración Tributaria. No basta con un acuerdo privado con el cliente; el auditor debe asegurarse de que la renuncia se informe antes del vencimiento del plazo legal para evitar ser sancionado por el incumplimiento.

El Tribunal confirma una multa impuesta a un contribuyente por llevar sus Registros de Control de Inventarios de forma incompleta. A pesar de que el contribuyente intentó corregir las omisiones, no incluyó datos esenciales como el correlativo de la operación y el número de documento, además de omitir el registro de una sucursal, por lo que la sanción fue ratificada al no considerarse subsanada la infracción.

Lección: Es fundamental que los contribuyentes obligados a llevar Registros de Control de Inventarios se aseguren de que estos cumplan con la totalidad de los requisitos del artículo 142-A del Código Tributario para cada una de sus sucursales. La subsanación parcial durante una fiscalización no es suficiente para evitar la sanción, ya que la omisión de requisitos clave como el correlativo de operación y número de documento de respaldo mantiene vigente el incumplimiento.

El Tribunal de Apelaciones confirma una multa de $566.33 impuesta a un auditor fiscal por presentar tardíamente el Dictamen Fiscal del ejercicio 2014. El auditor alegó violación al debido proceso por no notificársele una inspección, pero el Tribunal dictaminó que para infracciones formales constatables en los registros de la DGII, es válido el procedimiento sancionatorio simplificado del Art. 260 del Código Tributario, sin requerir una fiscalización completa.

Lección: El cumplimiento de los plazos para la presentación de obligaciones formales, como el Dictamen Fiscal, es imperativo. La Administración Tributaria puede sancionar incumplimientos evidentes (como una fecha de presentación tardía) mediante un procedimiento sancionatorio simplificado, sin necesidad de una fiscalización previa, ya que la infracción se constata directamente de sus bases de datos.