2019

La Dirección General de Aduanas (DGA) determinó el pago de Impuesto Ad-valorem e IVA a un importador de 'Jugo de Aloe Vera', basándose en la etiqueta del producto que lo describía como 'bebida refrescante'. El contribuyente argumentó que era un complemento medicinal exento, respaldado por un registro de la Dirección Nacional de Medicamentos. El Tribunal de Apelaciones revocó la decisión de la DGA, no por el fondo de la clasificación del producto, sino por una grave falta de motivación en sus resoluciones, al confundir la 'categorización' para el impuesto con una 'incorrecta clasificación arancelaria'.

Lección: La Administración Tributaria debe motivar de forma clara, precisa y coherente sus actos, explicando las razones de hecho y de derecho que sustentan sus decisiones. Un error en la fundamentación, como confundir la base legal de una obligación (categorización para un impuesto específico vs. clasificación arancelaria general), puede invalidar todo el procedimiento y la determinación de impuestos, aun si existiera una obligación de pago subyacente.

Una empresa de distribución eléctrica apeló la decisión de la DGII de rechazar la deducción de costos por pérdidas de distribución y transmisión, y gastos por compensación de energía no servida. El Tribunal, basándose en una interpretación auténtica de la ley y en la regulación del sector eléctrico (SIGET), revocó parcialmente la decisión, aceptando la mayoría de las deducciones pero limitando la de pérdidas de distribución al porcentaje autorizado por el regulador. Como resultado, se modificó a la baja tanto el impuesto determinado como la multa impuesta.

Lección: Para empresas en industrias reguladas, la deducibilidad de costos y gastos inherentes a la operación (como mermas o compensaciones) depende crucialmente de que estén reconocidos y cuantificados por el ente regulador. Es fundamental documentar no solo el gasto, sino también la autorización regulatoria que lo vincula a la tarifa y, por ende, a la generación de ingresos gravados.

La Dirección General de Aduanas determinó impuestos (DAI, IVA) y dos multas a una empresa por supuestos faltantes en un régimen de admisión temporal y por entorpecer la fiscalización, basándose en discrepancias de fechas entre el Kardex y las facturas de exportación. El Tribunal de Apelaciones revocó la totalidad de la resolución, al constatar que la empresa sí demostró la reexportación de todas las mercancías con la documentación aduanera correspondiente y que las inconsistencias en registros internos no constituyen, por sí solas, una acción de entorpecimiento.

Lección: La documentación aduanera oficial, como las declaraciones de mercancías de reexportación, constituye la prueba principal y prevalente para demostrar la correcta cancelación de un régimen temporal. Aunque es crucial mantener registros internos consistentes, las inconsistencias menores en ellos pueden ser subsanadas si se cuenta con la prueba documental idónea que demuestre el cumplimiento de la obligación aduanera de fondo.

La Dirección General de Aduanas (DGA) reclasificó una resina alcídica importada por el contribuyente, cambiando el arancel de 0% a 5%, lo que generó una liquidación de impuestos y una multa. La DGA argumentó que el aceite de soya en la resina era 'secante' basándose en una presunción. El Tribunal de Apelaciones (TAIIA) revocó la decisión de la DGA, determinando que esta no cumplió con su obligación de probar su reclasificación y violó el principio de verdad material al no investigar adecuadamente la naturaleza del producto.

Lección: La Administración Tributaria o Aduanera debe probar fehacientemente sus objeciones a las declaraciones del contribuyente. No puede basar sus determinaciones en presunciones o en la falta de pruebas del administrado, ya que tiene la obligación de investigar y establecer la verdad material de los hechos para que sus actos estén debidamente motivados y sean legales.

La DGII determinó un impuesto sobre la renta y una multa millonaria a una empresa recicladora para el ejercicio 2014, objetando más de $10 millones en costos de venta por considerar que los documentos de respaldo ('Comprobantes de Sujeto Excluido') no eran idóneos. El Tribunal de Apelaciones revocó la totalidad de la resolución, no por el fondo del asunto, sino porque la DGII violó el principio de legalidad al continuar con la fiscalización en contravención al Decreto Legislativo No. 127, que ordenaba dar por terminados los procesos en trámite para ese ejercicio fiscal.

Lección: Los vicios de procedimiento, como la inobservancia de una ley transitoria de aplicación obligatoria, pueden ser suficientes para anular por completo una determinación de impuestos, independientemente de la solidez de los argumentos de fondo. Es crucial que tanto contribuyentes como la Administración Tributaria se mantengan al día y apliquen correctamente los decretos y regímenes especiales, ya que su incumplimiento puede invalidar todo el proceso fiscalizador.