2019

El Tribunal de Apelaciones modifica una resolución de la DGII, revocando la determinación de IVA y multas millonarias por una supuesta venta de maquinaria, al establecer que se trató de una promesa de venta sin transferencia de dominio. Sin embargo, confirma la objeción a créditos fiscales por gastos personales (seguros) y las multas por diversos incumplimientos formales, como emitir facturas sin datos del cliente y presentar informes tardíamente.

Lección: Es crucial que la forma jurídica de las operaciones (ej. promesa de venta vs. venta) sea coherente con la documentación de soporte y los registros contables para evitar reclasificaciones por parte de la autoridad tributaria. Además, los contribuyentes deben asegurarse de deducir únicamente créditos fiscales de gastos estrictamente vinculados a su actividad económica y cumplir rigurosamente con todos los requisitos formales de documentación y presentación de informes.

El Tribunal confirma una multa de $150.00 a una contribuyente por no emitir una factura al momento de una venta a un agente fiscal encubierto (fedatario). La contribuyente argumentó que fue un error de una empleada nueva y que tenía dificultades económicas, pero el Tribunal sostuvo que el empleador es responsable por las acciones de sus dependientes y que la situación económica no es una causal de exoneración, la cual es potestad exclusiva de la Asamblea Legislativa.

Lección: Es crucial capacitar a todo el personal, sin excepción, sobre la obligación legal de emitir y entregar la factura o documento equivalente correspondiente en el preciso momento en que el cliente realiza el pago. La responsabilidad final por cualquier omisión recae sobre el empleador, y excusas como el error de un empleado nuevo o dificultades económicas no son aceptadas para anular la sanción.

El Tribunal confirma una multa impuesta por la DGII a un contribuyente por emitir Comprobantes de Retención de IVA sin incluir todos los requisitos formales exigidos por el artículo 112 del Código Tributario. A pesar de que el contribuyente argumentó que el impuesto fue pagado y la omisión no causó perjuicio fiscal, el Tribunal sostuvo que el incumplimiento de obligaciones formales es una infracción sancionable por sí misma y ratificó la aplicación estricta de la sanción tarifada en la ley, en base al principio de legalidad.

Lección: El cumplimiento de las obligaciones formales, como el llenado completo y correcto de todos los documentos tributarios, es tan crucial como el pago del impuesto. La omisión de requisitos, aunque parezca menor y no cause un perjuicio económico directo al fisco, puede generar sanciones económicas significativas y fijas que la Administración Tributaria está obligada a aplicar por el principio de legalidad.

La Dirección General de Aduanas (DGA) determinó el pago de Impuesto Ad-valorem e IVA a un importador de 'Jugo de Aloe Vera', basándose en la etiqueta del producto que lo describía como 'bebida refrescante'. El contribuyente argumentó que era un complemento medicinal exento, respaldado por un registro de la Dirección Nacional de Medicamentos. El Tribunal de Apelaciones revocó la decisión de la DGA, no por el fondo de la clasificación del producto, sino por una grave falta de motivación en sus resoluciones, al confundir la 'categorización' para el impuesto con una 'incorrecta clasificación arancelaria'.

Lección: La Administración Tributaria debe motivar de forma clara, precisa y coherente sus actos, explicando las razones de hecho y de derecho que sustentan sus decisiones. Un error en la fundamentación, como confundir la base legal de una obligación (categorización para un impuesto específico vs. clasificación arancelaria general), puede invalidar todo el procedimiento y la determinación de impuestos, aun si existiera una obligación de pago subyacente.

El Tribunal de Apelaciones declara improponible un recurso de apelación interpuesto por una persona natural contra una multa por no emitir factura, la cual fue impuesta a una sociedad. La decisión se basa en que el recurrente carece de legitimación activa, es decir, no es el titular del derecho afectado por la sanción, siendo este un defecto procesal insubsanable que impide analizar el fondo del asunto.

Lección: Es fundamental que cualquier recurso o acción legal sea interpuesto por la persona (natural o jurídica) que es directamente afectada por el acto administrativo y que figura como parte en el procedimiento original. Interponer un recurso a nombre propio contra una sanción dirigida a una sociedad, incluso si se es el representante legal pero no se actúa en esa calidad, resultará en la inadmisibilidad del mismo por falta de legitimación activa.