2020

Un contribuyente usuario de Zona Franca omitió el pago de la Contribución Especial para la Seguridad Ciudadana (LECEGC) al excluir de la base de cálculo sus rentas exentas de Impuesto sobre la Renta. El contribuyente argumentó que la DGII no podía definir 'ganancia neta' en una Guía de Orientación. El Tribunal de Apelaciones confirma la determinación de la DGII, basándose en una sentencia de la Sala de lo Constitucional que valida el uso de la Guía y establece que la 'ganancia neta' es la financiera, la cual incluye las rentas exentas para ISR.

Lección: Las exenciones fiscales de un impuesto (como el Impuesto sobre la Renta para Zonas Francas) no se extienden automáticamente a otras contribuciones especiales. Los contribuyentes deben calcular cada tributo según su ley específica y las guías de orientación emitidas por la autoridad tributaria, ya que estas pueden definir conceptos clave como 'ganancia neta' de manera diferente a otras leyes y su validez puede ser confirmada por los tribunales.

El Tribunal confirma la determinación de la DGII contra un contribuyente usuario de Zona Franca por omitir el pago de la Contribución Especial a los Grandes Contribuyentes (LECEGC) sobre sus ganancias exentas de Impuesto sobre la Renta. El contribuyente argumentó que dichas ganancias no debían incluirse, pero el Tribunal, basándose en una sentencia de la Sala de lo Constitucional, estableció que la base del tributo es la 'ganancia neta financiera' (que sí incluye rentas exentas de ISR) y no la 'renta neta fiscal'.

Lección: Las exenciones aplicables al Impuesto sobre la Renta no se extienden automáticamente a otras contribuciones especiales. Para la Contribución Especial a los Grandes Contribuyentes (LECEGC), la base de cálculo es la ganancia neta financiera, por lo que se deben incluir todas las utilidades, incluso aquellas que estén exentas o no sujetas a ISR. Es crucial no asumir que las reglas de un impuesto se aplican a otro y consultar las guías de orientación emitidas por la autoridad tributaria, ya que los tribunales les han otorgado validez para complementar la ley.

El Tribunal de Apelaciones confirma la determinación de la DGII que obliga a una empresa operando como Depósito para Perfeccionamiento Activo (DPA) al pago de la Contribución Especial para la Seguridad Ciudadana (LECEGC). A pesar de que la empresa goza de exención del Impuesto sobre la Renta, el Tribunal, basándose en una sentencia de la Sala de lo Constitucional, establece que la contribución se calcula sobre la ganancia neta financiera (que incluye rentas exentas) y que los vacíos de la ley, como el plazo de pago, fueron válidamente llenados por una Guía de Orientación de la DGII.

Lección: Las exenciones fiscales, como las del régimen de zonas francas, no son absolutas y no se extienden automáticamente a nuevos tributos como las contribuciones especiales. Las empresas deben analizar cuidadosamente cada nueva ley tributaria y su normativa de aplicación (incluyendo guías de orientación), ya que la base imponible puede ser la ganancia financiera total y no solo la renta neta fiscal, incluyendo así ingresos que normalmente están exentos de otros impuestos.

El TAIIA confirma la determinación de la DGII que obliga a una empresa del régimen de Zonas Francas a pagar la Contribución Especial para la Seguridad Ciudadana sobre sus ganancias del año 2016. El Tribunal dictaminó que la exención del Impuesto sobre la Renta no se extiende a esta contribución, la cual se calcula sobre la ganancia financiera neta (incluyendo ingresos exentos). La decisión se fundamenta en gran medida en una sentencia previa de la Sala de lo Constitucional que validó la estructura y aplicación de dicha contribución.

Lección: Las exenciones fiscales, como las del régimen de Zonas Francas, son de aplicación restrictiva y no se extienden automáticamente a nuevos tributos o contribuciones especiales. Los contribuyentes deben analizar cuidadosamente cada nueva obligación fiscal, ya que la ausencia de detalles procedimentales en la ley (como plazos de pago) no anula el tributo, pues estos pueden ser establecidos por normativa secundaria si la ley lo permite, y su desconocimiento o interpretación errónea no se considera un error excusable.