2022

El Tribunal confirma la resolución de la DGII que determinó un impuesto de IVA a pagar a una sociedad por USD$159,302.84, al objetarle créditos fiscales por USD$166,561.61. La objeción se basó en la incapacidad del contribuyente para demostrar la existencia efectiva de las operaciones, agravada por irregularidades en sus proveedores (no inscritos, negaron las ventas, o eran parte de un posible esquema). También se confirmaron múltiples multas por un total de USD$50,112.40 por evasión no intencional, entrega tardía e incompleta de información y omisión de informes.

Lección: No es suficiente tener un Comprobante de Crédito Fiscal (CCF) para respaldar una deducción de IVA. Es crucial que las empresas mantengan un expediente robusto por cada transacción que demuestre la 'materialización' del servicio o compra, incluyendo contratos, pruebas de pago, informes de trabajo, correos electrónicos y cualquier otro soporte que acredite que la operación fue real. La debida diligencia sobre la situación fiscal de los proveedores es fundamental para evitar la anulación de créditos fiscales.

El contribuyente apeló una determinación de Impuesto sobre la Renta y una multa por evasión no intencional para el ejercicio 2015. La DGII había determinado un incremento patrimonial no justificado, y objetado costos y gastos. El Tribunal modificó la resolución, revocando la determinación por incremento patrimonial debido a una falta de valoración de pruebas por parte de la DGII, pero mantuvo las objeciones a costos y gastos por incumplimientos formales y sustantivos, ajustando en consecuencia el impuesto y la multa a pagar.

Lección: Es crucial que la Administración Tributaria valore toda la prueba aportada por el contribuyente para determinar la verdad material; la omisión de valorar documentos clave, como estados de cuenta bancarios que demuestran la disponibilidad de fondos, puede llevar a la anulación de un reparo por incremento patrimonial. Para el contribuyente, es fundamental no solo aportar las pruebas, sino también asegurarse de que su valoración quede registrada en el proceso para defenderse de presunciones basadas en análisis incompletos de la contabilidad.

El Tribunal confirma múltiples multas impuestas por la DGII a un contribuyente por diversos incumplimientos de obligaciones formales en 2015. El argumento principal del contribuyente, sobre la caducidad del caso debido a cambios legislativos, es desestimado, ya que el Tribunal establece que una sentencia de la Sala de lo Constitucional revivió la potestad de la DGII para continuar y finalizar el proceso sancionatorio.

Lección: La subsanación de un incumplimiento formal no extingue la infracción cometida, aunque puede atenuar la sanción. Además, los procesos tributarios que se creían concluidos por una ley pueden ser reabiertos si dicha ley es declarada inconstitucional, demostrando el carácter vinculante y supremo de las decisiones de la Sala de lo Constitucional.

Un contribuyente que había interpuesto un recurso de apelación contra una resolución de la Dirección General de Impuestos Internos, decide desistir totalmente de su recurso. La decisión fue motivada para acogerse a los beneficios de una ley transitoria de facilidades para el cumplimiento de obligaciones tributarias. El Tribunal de Apelaciones acepta el desistimiento, declarando finalizado el proceso de apelación.

Lección: Los contribuyentes pueden retirar (desistir) un recurso de apelación en cualquier momento para aprovechar beneficios como los de una amnistía fiscal. Esta acción estratégica pone fin a la disputa, pero implica aceptar la validez de la resolución original de la administración tributaria.

Un contribuyente interpuso un recurso de apelación ante el TAIIA contra una resolución de la DGII. Posteriormente, el contribuyente presentó un escrito para desistir del recurso, con el objetivo de acogerse a los beneficios de una ley transitoria de facilidades de pago. El Tribunal aceptó el desistimiento y dio por finalizado el proceso.

Lección: Los contribuyentes tienen el derecho de desistir de un recurso de apelación en cualquier momento del proceso. Esta es una opción estratégica a considerar, especialmente cuando se promulgan leyes de amnistía o facilidades de pago que pueden ofrecer una solución más favorable que continuar con el litigio.