2022

El Tribunal de Apelaciones declara inadmisible un recurso interpuesto por un contribuyente contra una resolución de la DGII que le determinó Impuesto sobre la Renta y multas. La decisión se basa en que el recurso fue presentado de forma extemporánea, un día después de vencido el plazo legal de quince días, lo que provoca la firmeza del acto administrativo impugnado.

Lección: Es fundamental realizar un cómputo riguroso y preciso de los plazos legales para interponer recursos, verificando la fecha exacta de notificación en el acta correspondiente. La presentación extemporánea, incluso por un solo día, resulta en la inadmisibilidad del recurso y la pérdida de la oportunidad de discutir el fondo del caso.

Un contribuyente solicitó el recálculo de una multa aduanera del 300% para adecuarla a una reforma legal posterior que la redujo al 100%. El Tribunal confirma la negativa de la DGA, ya que la ley de reforma exigía que la solicitud se realizara antes de la sentencia definitiva en el proceso judicial, y el contribuyente la presentó de forma extemporánea, después de que la sentencia fuera emitida.

Lección: Cuando una reforma legal establece un beneficio retroactivo, como la reducción de una sanción, es crucial cumplir estrictamente con los requisitos procesales y plazos que la misma ley impone para acceder a dicho beneficio. La inacción o el error procesal, como no solicitar el recálculo antes de una sentencia definitiva, puede hacer que se pierda el derecho a la aplicación de la norma más favorable.

La Dirección General de Aduanas (DGA) determinó a una empresa el pago de IVA y le impuso dos multas por no haber demostrado la reexportación de mercancías importadas bajo el Régimen de Admisión Temporal. El Tribunal de Apelaciones (TAIIA) confirmó el pago del impuesto al no probarse la cancelación del régimen, pero revocó ambas multas (por transferencia de dominio y por entorpecimiento) al considerar que la DGA aplicó incorrectamente las infracciones, vulnerando el principio de tipicidad.

Lección: Las empresas que operan bajo regímenes aduaneros especiales, como la Admisión Temporal, deben mantener registros contables y de inventario impecables que permitan una trazabilidad completa y verificable de las mercancías, desde su importación hasta su reexportación. La simple falta de prueba documental suficiente para demostrar la salida de los bienes del territorio aduanero resultará en que se consideren importados definitivamente, con la consecuente obligación de pagar los impuestos correspondientes.

El Tribunal de Apelaciones revoca una determinación de impuestos de IVA realizada por la DGII, la cual había objetado créditos fiscales por compras de combustible al considerar que el contribuyente no probó la existencia efectiva de las operaciones. El Tribunal determinó que la DGII violó el principio de verdad material al no analizar la prueba de trazabilidad del producto que demostraba la realidad de las transacciones, a pesar de la particular logística comercial del contribuyente. Sin embargo, se confirma una multa por la presentación tardía de una declaración.

Lección: Para respaldar la deducibilidad de créditos fiscales, especialmente en operaciones con logísticas complejas (como entregas directas de un tercero), es crucial mantener una documentación exhaustiva que permita demostrar la trazabilidad completa del bien, desde su origen hasta su destino final, vinculando los documentos de compra con los de venta y transporte.

Un profesional apeló una resolución de la DGII que le determinó impuesto sobre la renta y multas por una ganancia de capital no declarada y la objeción de varias deducciones. El Tribunal TAIIA confirmó la mayoría de los hallazgos de la DGII, incluyendo la necesidad de probar la materialidad de los servicios para su deducción y el cálculo de la depreciación para la ganancia de capital. Sin embargo, modificó la resolución para aceptar la deducción de un gasto por salarios que el contribuyente había subsanado, reduciendo así el impuesto y la multa por evasión.

Lección: Para que un gasto sea deducible, no es suficiente contar con el documento formal (factura o CCF); es indispensable poder demostrar con pruebas tangibles (contratos, informes, correos, entregables, etc.) que el servicio fue efectivamente prestado y era necesario para la actividad económica. La carga de la prueba recae siempre sobre el contribuyente.