2022

El Tribunal confirma la resolución de la DGII que determinó un impuesto de IVA a pagar a una sociedad por USD$159,302.84, al objetarle créditos fiscales por USD$166,561.61. La objeción se basó en la incapacidad del contribuyente para demostrar la existencia efectiva de las operaciones, agravada por irregularidades en sus proveedores (no inscritos, negaron las ventas, o eran parte de un posible esquema). También se confirmaron múltiples multas por un total de USD$50,112.40 por evasión no intencional, entrega tardía e incompleta de información y omisión de informes.

Lección: No es suficiente tener un Comprobante de Crédito Fiscal (CCF) para respaldar una deducción de IVA. Es crucial que las empresas mantengan un expediente robusto por cada transacción que demuestre la 'materialización' del servicio o compra, incluyendo contratos, pruebas de pago, informes de trabajo, correos electrónicos y cualquier otro soporte que acredite que la operación fue real. La debida diligencia sobre la situación fiscal de los proveedores es fundamental para evitar la anulación de créditos fiscales.

El Tribunal confirma la resolución de la DGII que determinó un impuesto de IVA de $244,794.16 y una multa de $61,284.36 a un contribuyente por clasificar incorrectamente sus operaciones. La empresa declaró erróneamente ventas como exentas, no sujetas y exportaciones de servicios, además de no aplicar la regla de proporcionalidad del crédito fiscal, lo que llevó a los ajustes fiscales y la sanción por evasión no intencional.

Lección: Es crucial clasificar correctamente cada operación según la Ley de IVA, distinguiendo entre operaciones gravadas, exentas, no sujetas (por territorialidad) y exportaciones de servicios (verificando el uso exclusivo en el extranjero). Al realizar operaciones mixtas, es mandatorio aplicar la proporcionalidad del crédito fiscal para evitar la deducción indebida de créditos y las consecuentes determinaciones de impuestos y multas.

Un contribuyente interpuso un recurso de apelación fuera del plazo legal contra una resolución de la DGII que le determinó IVA y multas. El TAIIA declaró inadmisible el primer recurso, por lo que el acto adquirió firmeza. Años después, el contribuyente intentó apelar nuevamente el mismo acto, pero el Tribunal declaró el nuevo recurso improponible por existir cosa juzgada administrativa, ya que el asunto no podía ser juzgado dos veces.

Lección: Es fundamental cumplir rigurosamente con los plazos procesales para interponer recursos. La presentación extemporánea de un recurso de apelación (fuera de los 15 días hábiles) provoca que la resolución de la administración tributaria adquiera firmeza, volviéndose definitiva e inatacable, lo que impide cualquier discusión posterior sobre el fondo del asunto tanto en sede administrativa como judicial.

El Tribunal confirma la resolución de la DGII que determinó de oficio el Impuesto sobre la Renta y aplicó múltiples multas a un contribuyente por el ejercicio 2016. El contribuyente no presentó su declaración, no exhibió su contabilidad ni justificó sus costos y gastos. El Tribunal desestimó las excusas del contribuyente, como la pandemia de COVID-19, al considerar que las obligaciones eran preexistentes y que el contribuyente no aprovechó las oportunidades para defenderse durante el procedimiento.

Lección: Es fundamental cumplir con todas las obligaciones tributarias formales y sustantivas en los plazos establecidos, como presentar declaraciones y mantener la contabilidad al día. La falta de cooperación con la Administración Tributaria y no presentar la documentación de respaldo puede resultar en la determinación de impuestos sobre base cierta (usando información de terceros), la imposibilidad de deducir costos y gastos, y la imposición de severas multas. Las excusas basadas en eventos posteriores al nacimiento de la obligación, como la pandemia, no son aceptadas para justificar incumplimientos pasados.

El contribuyente, una empresa de seguridad, fue fiscalizado por IVA, resultando en un ajuste por no declarar operaciones y por clasificar erróneamente como exportaciones (tasa 0%) los servicios prestados a empresas en Zonas Francas. El Tribunal de Apelaciones confirmó que dichos servicios son operaciones locales gravadas al 13%, ya que se consumen en el país y no son parte de la actividad incentivada. Sin embargo, el Tribunal modificó la resolución para reducir las multas, ya que la DGII, tras aceptar parcialmente los créditos fiscales del contribuyente, no recalculó las sanciones sobre la nueva base imponible reducida.

Lección: La prestación de servicios a empresas ubicadas en Zonas Francas no califica automáticamente como una exportación con tasa 0% de IVA. Para obtener dicho beneficio, el contribuyente debe poder demostrar fehacientemente que el servicio es indispensable para la actividad productiva incentivada del cliente y que se utiliza exclusivamente en el exterior. Los servicios de carácter general consumidos en territorio nacional, como la seguridad de instalaciones, están sujetos a la tasa general del 13% de IVA.