2024

Un contribuyente dedicado a servicios de seguridad no presentó sus declaraciones de IVA de 2019, alegando dificultades económicas. La DGII determinó el impuesto omitido y aplicó multas por no declarar y por evasión intencional. El Tribunal de Apelaciones confirmó la mayor parte de la actuación de la DGII, pero revocó la determinación de impuesto por incremento patrimonial no justificado debido a un error de procedimiento de la DGII, modificando así los montos a pagar.

Lección: Las dificultades económicas no eximen de la obligación de declarar y pagar el IVA, ya que este impuesto es recaudado de los clientes y debe ser enterado al Fisco. Es crucial que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones formales de declaración, incluso si no pueden pagar de inmediato, para evitar la presunción de evasión intencional y las severas multas asociadas.

El Tribunal de Apelaciones confirma una multa de $1,200.00 impuesta por la DGII a un contribuyente por no presentar la totalidad de la información solicitada durante una fiscalización. El contribuyente alegó que no estaba obligado a poseer ciertos documentos, pero el Tribunal determinó que la infracción se configura por el simple hecho de no exhibir la información requerida, y que los argumentos debieron presentarse en la etapa administrativa inicial, no en la apelación.

Lección: Es fundamental atender de manera completa y oportuna todos los requerimientos de información de la Administración Tributaria. Cualquier justificación por la inexistencia de un documento debe ser comunicada y probada durante la fiscalización o en la etapa de audiencia, ya que la simple omisión de respuesta o entrega parcial resultará en una sanción por incumplimiento de deberes formales.

El Tribunal de Apelaciones confirma la resolución de la DGII que objeta la deducción de créditos fiscales de IVA a una empresa por gastos en tarjetas de regalo, alojamientos y otras atenciones a su personal. Se determinó que dichos gastos no son indispensables para el giro del negocio (venta de productos farmacéuticos) ni para generar operaciones gravadas, por lo que no cumplen los requisitos del Art. 65 de la Ley de IVA. Consecuentemente, se confirma el impuesto a pagar y la multa por evasión no intencional.

Lección: Para deducir el crédito fiscal de IVA, el contribuyente debe poder demostrar con pruebas fehacientes que cada gasto es estrictamente indispensable para realizar su actividad económica principal y para generar operaciones que a su vez generen débito fiscal. Los beneficios o incentivos para empleados, aunque puedan mejorar la moral o las ventas, generalmente no se consideran indispensables para efectos de la Ley de IVA y su crédito fiscal asociado será objetado.

El Tribunal de Apelaciones revisa una resolución de la DGII que determinó un impuesto sobre la renta por un incremento patrimonial no justificado, basado en depósitos bancarios que excedían los ingresos declarados. El contribuyente no presentó su contabilidad, alegando que su actividad fue malinterpretada y que sus documentos fueron incautados en un proceso penal ya finalizado. El Tribunal modifica la resolución, reduciendo el impuesto al encontrar que parte de los depósitos estaban justificados por información de terceros que la DGII no valoró, pero confirma la mayor parte de la determinación y la objeción de todos los gastos por la falta de prueba del contribuyente.

Lección: Es fundamental que los contribuyentes mantengan su contabilidad formal y toda la documentación de respaldo en debida forma y a disposición de la Administración Tributaria. La falta de presentación de pruebas durante una fiscalización es el principal motivo de fracaso en la defensa, ya que la carga de justificar ingresos, costos y gastos recae enteramente en el contribuyente, y la ley prohíbe presentar dichas pruebas por primera vez en la etapa de apelación sin una causa justificada.

Un contribuyente fue multado por la DGII con $3,240.00 por no presentar el informe de socios (F-915) del año 2021. El contribuyente apeló la decisión, pero el Tribunal de Apelaciones (TAIIA) declaró inadmisible el recurso porque fue presentado un día después de vencido el plazo legal de quince días hábiles, sin analizar el fondo del asunto.

Lección: Es fundamental realizar un cómputo preciso y riguroso de los plazos legales para interponer recursos administrativos. Presentar un recurso fuera de término, incluso por un solo día, provoca su rechazo inmediato por extemporaneidad, perdiendo la oportunidad de que la autoridad revise el caso.