2024

El Tribunal confirma la resolución de la DGII que objetó la deducción de costos y gastos por remuneraciones a accionistas (sueldos, bonos, honorarios) para el ejercicio de Renta 2020. La razón principal fue que el contribuyente no pudo probar con documentación idónea la efectiva realización del trabajo ni su necesidad para generar la renta, como exige la ley. También se confirmaron objeciones a gastos de ejercicios anteriores y otros no deducibles, lo que resultó en un impuesto a pagar y una multa por evasión no intencional.

Lección: Para deducir salarios, bonos u honorarios pagados a accionistas o sus parientes, no basta con los registros contables; es indispensable documentar exhaustivamente la efectiva realización del trabajo (con correos, informes, actas, bitácoras, etc.) y demostrar su necesidad para la generación de renta o conservación de la fuente, conforme al Art. 29 Num. 2 de la Ley de Impuesto sobre la Renta.

El Tribunal de Apelaciones confirma dos multas impuestas por la DGII a una sociedad cooperativa. La primera sanción es por no exhibir reportes de intereses dentro de los plazos requeridos, y la segunda por informar tardíamente el nombramiento de su auditor fiscal. El Tribunal desestima los argumentos del contribuyente, validando la actuación de la DGII y la aplicación de las multas, aunque con las atenuantes correspondientes por subsanación tardía y voluntaria.

Lección: Es crucial cumplir con los plazos específicos establecidos por la Administración Tributaria para la presentación de información y el cumplimiento de deberes formales. La subsanación posterior de un incumplimiento no anula la infracción ya consumada, aunque puede dar derecho a una reducción (atenuante) en la multa. La presentación voluntaria y temprana de las obligaciones, incluso si es extemporánea, puede resultar en una sanción significativamente menor.

El Tribunal confirma una multa de $504.00 a una contribuyente (salón de belleza) por no emitir una factura por un servicio de $12.00, infracción detectada por un agente fedatario de la DGII. La contribuyente apeló alegando desconocimiento y culpando a una empleada, pero el Tribunal desestimó sus argumentos, estableciendo que el empleador es responsable y que la emisión posterior del documento solo sirve para atenuar la sanción, no para eliminarla.

Lección: Es una obligación crítica emitir y entregar la factura o documento equivalente en el preciso momento en que se realiza la venta o prestación del servicio, sin importar el monto o si el cliente lo solicita. La responsabilidad por el incumplimiento recae siempre en el contribuyente, incluso si el error es cometido por un empleado, por lo que es fundamental capacitar y supervisar al personal.

El contribuyente solicitó la devolución de un excedente de Impuesto sobre la Renta de $3,802.42, la cual fue denegada por la DGII por presentarse fuera de plazo. Al apelar, el TAIIA declaró el recurso improponible, argumentando que carece de competencia para conocer sobre denegatorias de devolución, ya que su mandato se limita a liquidaciones de oficio y sanciones, indicando que la vía correcta es la jurisdicción contencioso-administrativa.

Lección: Las resoluciones de la DGII que deniegan solicitudes de devolución de impuestos no son apelables ante el TAIIA. El contribuyente debe impugnar dicho acto directamente ante la Jurisdicción Contencioso Administrativo dentro del plazo legal para no perder su derecho a reclamar.

El Tribunal confirma la multa de $2,268.00 impuesta por la DGII a un contribuyente por no presentar el Formulario F-915 (listado de socios) del año 2021. La sanción se calculó sobre la base de 9 salarios mínimos, ya que la DGII no pudo determinar el patrimonio contable del contribuyente para aplicar la sanción estándar (0.1% del patrimonio), debido a que este tampoco presentó su balance general (F-971) ni otros estados financieros. El Tribunal consideró que la actuación de la DGII se apegó al principio de legalidad al aplicar la sanción alternativa prevista en la ley para estos casos.

Lección: El incumplimiento de una obligación formal, como la presentación del balance general (F-971), puede tener consecuencias agravadas sobre otras infracciones. Si la Administración Tributaria no puede acceder a la información financiera para calcular una sanción estándar (potencialmente menor), está legalmente obligada a aplicar sanciones fijas supletorias que pueden resultar más costosas para el contribuyente.