2011

La Dirección General de Aduanas determinó impuestos y multas a una importadora por aplicar beneficios arancelarios a mercancías de Guatemala, las cuales fueron declaradas no originarias porque el exportador no respondió a una verificación de origen. El Tribunal de Apelaciones confirmó el cobro de los impuestos ($16,271.43), pero revocó las multas ($35,814.70) al considerar que la importadora no tuvo culpa en la infracción, ya que la responsabilidad de probar el origen recaía en el exportador y ella actuó de buena fe.

Lección: Un importador que aplica un beneficio arancelario basándose en un certificado de origen emitido por el exportador no es culpable de infracción si posteriormente se determina que la mercancía no es originaria debido a la falta de cooperación del exportador con la autoridad aduanera. Aunque el importador deberá pagar los impuestos omitidos, no será sancionado con multas, pues actuó de buena fe y la responsabilidad de probar el origen no es suya.

Un contribuyente apeló ante el TAIIA dos autos de la Dirección General de Aduanas que declararon improcedente su solicitud de copias de expedientes (compulsa) y el posterior recurso de revocatoria. El Tribunal declaró improponible el recurso, argumentando que carece de competencia legal para conocer sobre ese tipo de actos administrativos, ya que su jurisdicción se limita a resoluciones finales que determinan tributos, imponen sanciones o causan agravios específicos según la normativa aduanera.

Lección: Antes de apelar ante el TAIIA, es fundamental verificar que el acto administrativo que se impugna sea uno de los específicamente señalados por la ley como apelables (determinación de tributos, imposición de sanciones, etc.). Apelar contra actos de mero trámite o que no se ajustan a esta definición, como la denegatoria de una solicitud de copias, resultará en la improponibilidad del recurso por falta de competencia del Tribunal.

Una sociedad fue fiscalizada por no enterar el Impuesto sobre la Renta que había retenido a sus proveedores entre abril y diciembre de 2008. La DGII confirmó el impuesto adeudado por $7,627.94 e impuso una multa desproporcionada de $27,659.39. El Tribunal de Apelaciones confirmó la deuda del impuesto pero modificó la multa, reduciéndola a $7,627.94, al determinar que la DGII aplicó incorrectamente la sanción de forma individual por cada retención en lugar de sobre el total no enterado por período, violando el principio de proporcionalidad.

Lección: Los agentes de retención deben ser extremadamente diligentes en enterar los impuestos retenidos dentro de los plazos legales, ya que esos fondos pertenecen al Estado y su omisión conlleva el pago del impuesto con fondos propios más una multa. Sin embargo, la Administración Tributaria no puede imponer sanciones de manera desproporcionada; la sanción por no enterar lo retenido debe aplicarse sobre el monto total del período y no 'atomizarse' por cada transacción, ya que constituye una única infracción.

El caso trata una disputa entre una distribuidora de combustible y la DGII sobre varios ajustes de IVA para 2007. Los puntos principales fueron la reclasificación de ventas de combustible en el aeropuerto de exportaciones a ventas locales, y el rechazo de créditos fiscales por servicios del exterior (falta de materialización), remodelaciones (mejoras) y otros gastos (no indispensables). El Tribunal confirmó la mayoría de los ajustes de la DGII, pero revocó la objeción a créditos por la elaboración y venta de cupones de gasolina, modificando así la liquidación final.

Lección: Para deducir créditos de IVA, especialmente por servicios de partes relacionadas no domiciliadas, es crucial mantener documentación robusta y específica que demuestre la prestación real y efectiva del servicio (materialización) y su indispensabilidad para generar ingresos gravados en El Salvador. Confiar únicamente en contratos, manuales generales o el simple pago de impuestos es insuficiente para superar una fiscalización.

El Tribunal confirma la resolución de la DGII que objeta deducciones millonarias por servicios de tecnología y pago de intereses a entidades no domiciliadas, correspondientes al ejercicio fiscal 2006. La decisión se fundamenta en que el contribuyente no logró aportar pruebas suficientes para demostrar la 'materialización' o prestación efectiva de los servicios, ni la necesidad de los préstamos para generar renta gravable, incumpliendo con la carga de la prueba.

Lección: Para deducir gastos por servicios intangibles o intereses de préstamos con partes relacionadas no domiciliadas, es crucial mantener un expediente probatorio robusto que vaya más allá del contrato y la factura. Se debe poder demostrar con evidencia concreta (reportes detallados, bitácoras, correos específicos, estudios de necesidad, etc.) la efectiva prestación y recepción del servicio, su vinculación directa con la generación de ingresos y su necesidad para la operación del negocio.