2015

El Tribunal de Apelaciones analiza una determinación de Impuesto sobre la Renta, confirmando que una cesión de crédito recibida por el contribuyente es un ingreso gravable y que los gastos de combustible y celular sin facturas a nombre de la empresa no son deducibles. Sin embargo, revoca la objeción de la DGII sobre las indemnizaciones laborales anuales, aceptándolas como deducibles, lo que resulta en una modificación del impuesto y la multa a pagar.

Lección: Es crucial declarar todos los beneficios económicos recibidos, incluso si no son en efectivo (como una cesión de crédito), bajo el principio de devengo. Adicionalmente, toda deducción de gastos debe estar impecablemente documentada con facturas o comprobantes de crédito fiscal emitidos a nombre de la empresa, ya que la mera necesidad del gasto o la existencia de recibos simples es insuficiente para su aceptación fiscal.

El Tribunal confirma la resolución de la DGII que determinó a una sociedad el pago de IVA omitido por servicios de arrendamiento de inmuebles no declarados, así como varias multas por incumplimientos formales y por evasión intencional. El contribuyente alegó nulidad en la notificación inicial y que los ingresos eran irreales, pero el Tribunal desestimó sus argumentos por falta de pruebas y por considerar válida la notificación realizada a un empleado que tenía acceso a los sellos de la empresa.

Lección: Es fundamental declarar la totalidad de los ingresos gravados, incluyendo los provenientes de arrendamientos, y mantener la documentación de soporte. Además, se debe asegurar que en el domicilio fiscal registrado haya siempre personal capacitado para recibir notificaciones oficiales, ya que la ley permite notificar a cualquier persona mayor de edad al servicio de la oficina, lo cual genera plenos efectos legales.

El Tribunal confirma la resolución de la DGII que deniega a un contribuyente la deducción de un significativo crédito fiscal de IVA. La decisión se basa en que el contribuyente no pudo demostrar la existencia material de las compras de mariscos, a pesar de presentar los Comprobantes de Crédito Fiscal, ya que la investigación reveló que los proveedores eran ilocalizables o negaron las transacciones y no existía prueba de pago.

Lección: La posesión de un Comprobante de Crédito Fiscal no es suficiente para garantizar la deducción del impuesto. Es indispensable mantener un soporte documental robusto que pruebe la materialidad de las operaciones, incluyendo evidencia de entrega de bienes, pruebas de pago y la verificación de la existencia y operatividad real de los proveedores.

Un contribuyente prestó servicios de instalación a CEPA en el aeropuerto, tratándolos como exportación con tasa 0% de IVA. La DGII determinó que eran servicios locales gravados al 13%. El Tribunal de Apelaciones confirmó que los servicios eran locales, pero revocó la determinación de la DGII porque esta calculó el impuesto sobre cada pago parcial, en lugar de hacerlo sobre el valor total del contrato desde el inicio, como exige el artículo 48 de la Ley de IVA.

Lección: En contratos de obra o instalación, el IVA se causa sobre el 100% del valor del contrato al momento del primer evento generador (como la emisión de la primera factura, aunque sea por un anticipo), y no de forma fraccionada con cada pago. Un error de la administración tributaria en la determinación de la base imponible y el momento de causación puede llevar a la anulación del cobro del impuesto.

El Tribunal confirma la resolución de la DGII que determinó un pago de Impuesto sobre la Renta y multas a una sociedad que había declarado cero ingresos. La DGII probó, a través de información de terceros y estados de cuenta, que la empresa omitió declarar ingresos por arrendamientos, intereses y tuvo un incremento patrimonial no justificado. El contribuyente no aportó pruebas para desvirtuar los hallazgos y su argumento sobre la nulidad de la notificación fue desestimado.

Lección: Es fundamental que los contribuyentes declaren la totalidad de sus ingresos, sin importar la fuente, y mantengan registros contables y documentación de soporte que justifiquen todos los movimientos financieros, especialmente los depósitos bancarios. La falta de pruebas para desvirtuar los hallazgos de la autoridad fiscal resultará en la confirmación de los ajustes, ya que la carga de la prueba recae sobre el contribuyente.