2016

El Tribunal de Apelaciones confirma la resolución de la DGII que objeta créditos fiscales de IVA a un contribuyente, debido a que los Comprobantes de Crédito Fiscal que respaldaban sus compras tenían numeraciones correlativas no autorizadas por la autoridad tributaria. Como resultado, se confirma la determinación del impuesto a pagar y las multas por evasión no intencional e incumplimientos de deberes formales, estableciendo que es responsabilidad del receptor del documento verificar su validez formal.

Lección: Es crucial que los contribuyentes no solo se aseguren de recibir Comprobantes de Crédito Fiscal por sus adquisiciones, sino que también implementen controles para verificar la validez formal de dichos documentos, incluyendo la confirmación de que la numeración correlativa y la imprenta están debidamente autorizadas por la DGII. Confiar ciegamente en el proveedor puede resultar en la pérdida total del crédito fiscal y la imposición de cuantiosas multas.

El TAIIA analiza el caso de una aerolínea a la que la DGII le determinó IVA omitido por servicios de transporte de pasajeros prestados a otras aerolíneas, cuyos vuelos iniciaban en El Salvador. Adicionalmente, la DGII impuso una multa por no emitir facturas, sino boletos aéreos. El Tribunal confirma la determinación del impuesto pero revoca la multa, aplicando el principio de confianza legítima.

Lección: Toda prestación de servicios que inicie en territorio salvadoreño, como un tramo de un vuelo internacional, está sujeta a IVA, independientemente de quién vendió el servicio final al consumidor. Además, las autorizaciones administrativas para sustituir documentos fiscales pueden perder vigencia ante cambios legislativos, pero si la administración no lo notifica y la nueva ley mantiene la posibilidad de dicha autorización, no se puede sancionar al contribuyente que actuó de buena fe bajo la autorización original (confianza legítima).

El Tribunal confirma la resolución de la DGII que determina un impuesto sobre la renta retenido y no enterado por $17,404.08 y una multa por el mismo valor. El contribuyente alegó violación al derecho de defensa, pero el Tribunal desestimó el argumento al constatar que el escrito de defensa fue presentado fuera del plazo legal, perdiendo así la oportunidad de desvirtuar los hallazgos de la fiscalización.

Lección: Es fundamental cumplir rigurosamente con los plazos procesales establecidos en los procedimientos de fiscalización tributaria. La presentación de escritos o pruebas de forma extemporánea, incluso por un día, provoca la pérdida del derecho a la defensa y la confirmación de los hallazgos de la Administración Tributaria.

El Tribunal confirma las multas impuestas por la DGII a una empresa por no enterar al Fisco el Impuesto sobre la Renta que había retenido a sus empleados y proveedores. El contribuyente alegó dificultades económicas y problemas de seguridad como justificación, pero el Tribunal sostuvo que estos argumentos no son eximentes de responsabilidad, ya que el dinero retenido pertenece al Estado y la obligación de enterarlo es ineludible.

Lección: Los fondos retenidos a terceros en concepto de impuestos no deben ser utilizados como capital de trabajo bajo ninguna circunstancia. La obligación del agente de retención es sagrada y su incumplimiento, incluso por dificultades financieras, no es justificable legalmente y conlleva sanciones severas que no se eliminan con el pago tardío.

Una sociedad dedicada al financiamiento perdió su exención de IVA sobre los intereses generados, al determinarse que no cumplía con el requisito legal de dedicarse 'exclusivamente' a dicha actividad, ya que también realizaba ventas de oro y electrodomésticos. El Tribunal de Apelaciones confirmó la determinación de impuestos y las multas por evasión no intencional y presentación tardía de informes, argumentando que los beneficios fiscales están condicionados al estricto cumplimiento de la ley vigente y no son derechos adquiridos permanentes.

Lección: Los contribuyentes que gozan de beneficios fiscales, como las exenciones, deben monitorear constantemente la legislación aplicable. Si una reforma legal introduce nuevas condiciones (como la exclusividad en una actividad), es imperativo ajustar las operaciones para cumplir con ellas, ya que el incumplimiento conlleva la pérdida automática del beneficio y posibles sanciones, sin que la actuación pasada de la administración genere un derecho a futuro.