2019

El Tribunal de Apelaciones modifica una resolución de la DGII, revocando la determinación de IVA y multas millonarias por una supuesta venta de maquinaria, al establecer que se trató de una promesa de venta sin transferencia de dominio. Sin embargo, confirma la objeción a créditos fiscales por gastos personales (seguros) y las multas por diversos incumplimientos formales, como emitir facturas sin datos del cliente y presentar informes tardíamente.

Lección: Es crucial que la forma jurídica de las operaciones (ej. promesa de venta vs. venta) sea coherente con la documentación de soporte y los registros contables para evitar reclasificaciones por parte de la autoridad tributaria. Además, los contribuyentes deben asegurarse de deducir únicamente créditos fiscales de gastos estrictamente vinculados a su actividad económica y cumplir rigurosamente con todos los requisitos formales de documentación y presentación de informes.

El Tribunal confirma la decisión de la DGII de determinar rentas no declaradas y objetar costos de venta a una empresa de ingeniería por falta de documentación probatoria. Se mantienen las multas por evasión, no presentar informes y retenciones extemporáneas. Sin embargo, el Tribunal revoca la orden de pagar los montos de anticipos a cuenta no enterados, manteniendo únicamente la multa por dicha omisión, al considerar que esos ingresos ya fueron incluidos en la liquidación final del impuesto.

Lección: Es crucial documentar exhaustivamente todas las operaciones, especialmente las transacciones con partes relacionadas y las que se alegan como anticipos o de ejercicios anteriores. La simple descripción en una factura es insuficiente; se requieren contratos, registros contables claros y toda la documentación de soporte (como FAUCAs para importaciones) para respaldar la realidad de las operaciones y la deducibilidad de los costos ante la Administración Tributaria.

Una empresa distribuidora de energía eléctrica apeló la objeción de la DGII a la deducción de costos y gastos relacionados con pérdidas de energía, compensaciones y penalidades. El Tribunal de Apelaciones (TAIIA) modificó la resolución, aceptando la deducción de las pérdidas de transmisión, las compensaciones por energía no servida y parcialmente las pérdidas de distribución (hasta el límite autorizado por el regulador SIGET), pero confirmó la no deducibilidad de las penalidades por calidad de servicio. Como resultado, el impuesto y la multa a pagar se redujeron significativamente.

Lección: Para contribuyentes en industrias reguladas, es fundamental no solo documentar los costos y gastos, sino también poder demostrar que están reconocidos y autorizados por el ente regulador para ser incluidos en las tarifas. Para deducir compensaciones o penalidades, es indispensable probar que los montos correspondientes fueron previamente declarados como renta gravada, siendo la inclusión en la tarifa la prueba principal.

El Tribunal confirma la determinación de impuesto sobre la renta a una cooperativa financiera por no declarar intereses devengados de créditos en mora, estableciendo que la ley tributaria y el método de lo devengado prevalecen sobre las normas contables. Sin embargo, revoca la multa por evasión intencional al no encontrar dolo, pero mantiene la multa por no pagar el anticipo a cuenta.

Lección: Las entidades, incluidas las cooperativas financieras no supervisadas por la SSF, deben registrar sus ingresos para fines fiscales según el método de lo devengado (cuando nace el derecho al cobro), conforme a la Ley de Impuesto sobre la Renta, independientemente de lo que dicten las normas contables sobre la gestión de créditos en mora. La prevalencia de la norma tributaria es un principio fundamental.

La Dirección General de Aduanas determinó de oficio el pago de DAI e IVA a un importador, tras una verificación a posteriori que concluyó que las mercancías importadas desde Guatemala no eran originarias y, por tanto, no calificaban para el libre comercio. El Tribunal de Apelaciones confirmó el cobro de los impuestos, pero revocó la multa al considerar que el importador actuó de buena fe y sin culpa, ya que no tenía forma de saber que la declaración de origen de su proveedor era incorrecta.

Lección: El importador es responsable del pago de los impuestos si se determina que las mercancías no califican para un beneficio arancelario, incluso si el error se originó en la declaración del exportador. Sin embargo, la sanción puede ser revocada si se demuestra que el importador actuó de buena fe y sin negligencia, ya que la responsabilidad de certificar el origen recae principalmente en el exportador/productor.