2019

El Tribunal de Apelaciones confirma la resolución de la DGII que objeta a una empresa distribuidora de energía las deducciones de costos y gastos por pérdidas en distribución y transmisión, así como compensaciones a clientes. El Tribunal determina que dichos rubros no cumplen el requisito de ser indispensables para generar renta gravable y que las pérdidas son riesgos empresariales no deducibles según la Ley de Impuesto sobre la Renta, confirmando también la multa por evasión no intencional.

Lección: Los costos y gastos reconocidos bajo regulaciones sectoriales específicas, como las del mercado eléctrico, no son automáticamente deducibles para fines del Impuesto sobre la Renta. Todo costo o gasto debe cumplir estrictamente con los principios de la ley tributaria, especialmente el de necesidad para generar renta, y las pérdidas operativas son consideradas riesgos de negocio no deducibles.

El Tribunal confirma la determinación de Impuesto sobre la Renta y multas a un contribuyente que omitió declarar la ganancia de capital por la venta de un inmueble. El contribuyente no pudo probar los costos de las mejoras que alegaba haber realizado, ya que no conservó la documentación de soporte, y su argumento de que la 'Declaración de Bienes Inmuebles' era prueba suficiente fue desestimado.

Lección: Es crucial conservar indefinidamente toda la documentación que respalde el costo de adquisición y las mejoras de bienes de capital, como inmuebles. La obligación de conservar documentos para fines probatorios puede extenderse más allá del plazo general de 10 años, especialmente si se necesitarán para calcular futuras ganancias o pérdidas de capital, ya que la carga de la prueba para una deducción recae en el contribuyente.

El Tribunal revoca una determinación de impuesto sobre la renta del ejercicio 2013, originada por un ajuste de precios de transferencia. La DGII había rechazado el estudio del contribuyente y aplicado el Método del Margen Neto de la Transacción de las Directrices de la OCDE. El Tribunal falla a favor del contribuyente, estableciendo que la DGII violó los principios de legalidad y reserva de ley al utilizar una metodología no contemplada en la legislación salvadoreña vigente en ese momento (art. 199-B del Código Tributario), la cual era de aplicación obligatoria.

Lección: La Administración Tributaria debe ceñirse estrictamente a los procedimientos y metodologías establecidos en la legislación nacional vigente para el período fiscalizado. No puede aplicar directrices internacionales (como las de la OCDE) para determinar obligaciones tributarias si estas no han sido legalmente incorporadas al ordenamiento jurídico, incluso si el contribuyente las ha utilizado en su propio análisis.

La Dirección General de Aduanas (DGA) determinó impuestos y multas millonarias a una empresa por supuestamente no comprobar la cancelación de un régimen de admisión temporal de materias primas, alegando falta de trazabilidad y obstrucción. El Tribunal de Apelaciones (TAIIA) revocó la mayor parte de la resolución, incluyendo todas las multas, al demostrar mediante un peritaje que la trazabilidad sí era posible y que la DGA violó los principios de verdad material y tipicidad al no investigar a fondo y calificar incorrectamente las supuestas infracciones.

Lección: Las empresas que operan bajo regímenes aduaneros especiales deben mantener sistemas de control de inventarios y producción que garanticen una trazabilidad clara, ordenada y fácilmente demostrable desde la importación de la materia prima hasta la reexportación del producto final. La documentación de respaldo debe ser robusta y estar interrelacionada para soportar una auditoría y desvirtuar eficazmente cualquier presunción de la autoridad fiscal.

El Tribunal confirma la decisión de la DGII de objetar costos y gastos por $9,676.48 a un contribuyente, debido a que no llevaba contabilidad formal, lo que resultó en un impuesto a pagar de $1,475.90. También se confirman multas por evasión no intencional, no llevar contabilidad, no llevar control de inventarios y no informar el cese de actividades. Sin embargo, se revoca la multa por no actualizar la dirección para notificaciones, al considerar que el contribuyente no había cambiado su domicilio registrado.

Lección: La deducibilidad de costos y gastos en el Impuesto sobre la Renta exige imperativamente que estos estén registrados en una contabilidad formal. La simple posesión de facturas no es suficiente. Además, las obligaciones formales, como llevar contabilidad y notificar el cese de actividades, deben cumplirse rigurosamente para evitar sanciones, incluso si el negocio ha suspendido sus operaciones.