2022

El Tribunal confirma la determinación de Impuesto sobre la Renta y multas impuestas por la DGII a una sociedad para el ejercicio 2018. Los hallazgos incluyen la omisión de ingresos por ajustes improcedentes con notas de crédito, la falta de declaración de renta presunta por intereses en préstamos al 0%, y la deducción de múltiples gastos no necesarios o no comprobados, como celebraciones, servicios no demostrados y donaciones improcedentes.

Lección: Es crucial que los contribuyentes documenten rigurosamente la necesidad y la efectiva realización de todos los gastos que pretenden deducir. Además, deben tener presente que la ley presume la generación de intereses a tasa de mercado en cualquier operación de préstamo, y que no se pueden revertir ingresos por servicios ya prestados simplemente porque el cliente no ha pagado; para ello existe el procedimiento específico de cuentas incobrables.

El Tribunal de Apelaciones modifica una determinación de Impuesto sobre la Renta a un banco, confirmando la adición de ingresos por comisiones diferidas y la objeción de la mayoría de gastos (pérdidas de capital, condonaciones, servicios con no domiciliados). Sin embargo, el Tribunal revoca la adición de ingresos por intereses de créditos morosos registrados en cuentas de orden, estableciendo que solo son gravables al ser recuperados, y anula la multa por evasión intencional al no encontrar dolo en la actuación del contribuyente.

Lección: Las entidades financieras deben priorizar la normativa fiscal sobre las contables-bancarias para la determinación de la renta imponible, especialmente en el reconocimiento de ingresos como las comisiones. Es crucial documentar exhaustivamente la necesidad y efectiva prestación de servicios con partes relacionadas y entender que no todos los gastos contables (como provisiones o condonaciones) son fiscalmente deducibles.

Una empresa de seguridad trató sus servicios a clientes amparados por la Ley de Servicios Internacionales (Call Centers) como exportaciones con tasa 0% de IVA. El TAIIA confirmó la decisión de la DGII de reclasificar estas operaciones como servicios locales gravados al 13%, ya que los servicios de seguridad no estaban vinculados a la actividad exportadora de sus clientes y se consumían en El Salvador. En consecuencia, se validó el cobro del impuesto omitido y las multas por evasión no intencional y otros incumplimientos formales.

Lección: Al prestar servicios a empresas bajo regímenes especiales como la Ley de Servicios Internacionales, no se debe asumir que todas las operaciones califican como exportación. Es indispensable verificar que el servicio específico esté directamente vinculado y sea necesario para la actividad incentivada del cliente para poder aplicar la tasa 0% de IVA; de lo contrario, debe gravarse como un servicio local.

El Tribunal de Apelaciones confirma una determinación de la DGII contra una empresa por la deducción improcedente de gastos de cuentas incobrables y viáticos. El tribunal sostiene que el contribuyente no probó el cumplimiento de todos los requisitos legales para las cuentas incobrables (como su registro como ingreso gravado y el intento de cobro judicial) y no documentó los viáticos con facturas, lo que los convierte en remuneración sujeta a retención de ISR.

Lección: Para deducir cuentas incobrables, es crucial documentar y probar el cumplimiento de TODOS los requisitos del Art. 31 LISR y Art. 37 RLISR para cada deuda, incluyendo su registro original como ingreso gravado y las gestiones de cobro judicial. Asimismo, los viáticos deben respaldarse con facturas idóneas para no ser considerados salario y evitar la objeción del gasto y multas por no retener.

El Tribunal de Apelaciones revocó una multa de $14,574.91 impuesta por la Dirección General de Aduanas por supuesto 'entorpecimiento' a una auditoría. El Tribunal determinó que la conducta del contribuyente fue la 'no entrega de información', una infracción distinta, por lo que la DGA cometió un error de calificación jurídica que viola los principios de tipicidad y legalidad. Se confirmaron el ajuste de impuesto de $2,851.85 y una multa menor de $50.00 que el contribuyente había aceptado.

Lección: La falta de entrega de información a la autoridad fiscalizadora no equivale automáticamente a 'entorpecimiento'. Para sancionar por entorpecimiento, la administración debe probar actos positivos y deliberados del contribuyente destinados a obstaculizar la fiscalización. Una incorrecta calificación de la infracción puede llevar a la anulación de la sanción por violación al principio de tipicidad.