2023

El Tribunal modifica una resolución de la DGII, confirmando la determinación de rentas no declaradas porque el contribuyente usó Notas de Crédito para ajustar ventas a consumidores finales, en lugar de anular y reemitir las facturas como exige la ley. Sin embargo, el Tribunal revoca la objeción al costo de venta, determinando que vender productos por debajo del costo como estrategia comercial es un costo necesario y no una pérdida no deducible, y critica a la DGII por basar su cálculo en información errónea sin la debida verificación. Como resultado de la reliquidación, se anula el impuesto y la multa determinados por la DGII, quedando únicamente un ajuste a la disminución del saldo a favor del contribuyente.

Lección: Para realizar ajustes (devoluciones, descuentos) a ventas documentadas con Facturas de Consumidor Final, es indispensable seguir el procedimiento del artículo 111 del Código Tributario: anular la factura original y emitir una nueva. El uso de Notas de Crédito para este fin es incorrecto y provocará que los ajustes no sean fiscalmente válidos, resultando en la determinación de rentas omitidas.

El contribuyente apeló una determinación de Impuesto sobre la Renta por parte de la DGII, basada en presunciones de rentas no declaradas por diferencias de inventario e incremento patrimonial no justificado. El Tribunal de Apelaciones modificó la resolución, ajustando a la baja el monto por diferencias de inventario al comprobarse un error de la DGII (compras duplicadas), pero confirmó la determinación por incremento patrimonial al no lograr el contribuyente justificar el origen de los depósitos bancarios. También se desestimaron los alegatos del contribuyente sobre la aplicación de la Ley de Procedimientos Administrativos y el silencio positivo.

Lección: Es crucial mantener un control de inventarios meticuloso y respaldado por documentos legales que reflejen fielmente su movimiento y valuación. Asimismo, se debe poder justificar el origen de todos los depósitos bancarios con documentación de soporte idónea y coincidente, ya que la falta de prueba documental habilita a la Administración Tributaria a aplicar presunciones legales de ingresos omitidos que son difíciles de desvirtuar.

El caso trata sobre el tratamiento de IVA para la venta de combustible a barcos no domiciliados. La DGII, en cumplimiento de una sentencia judicial, debía determinar qué porción del combustible se consumió dentro y fuera de El Salvador, pero concluyó erróneamente que no podía hacerlo y trasladó la carga de la prueba al contribuyente, manteniendo la objeción al crédito fiscal. El TAIIA determinó que la DGII cumplió de forma ilegal el mandato judicial, revocó el ajuste al remanente de crédito fiscal del contribuyente, pero confirmó multas por incumplimientos formales no relacionados.

Lección: Cuando la Administración Tributaria recibe un mandato judicial para investigar y determinar hechos específicos, la carga de la prueba recae sobre ella. Si la Administración no logra cumplir con su deber de investigación, no puede trasladar dicha carga al contribuyente ni aplicar la consecuencia más gravosa; de hacerlo, su actuación será declarada ilegal.

El Tribunal de Apelaciones revisa una resolución de la DGII que determinó un impuesto sobre la renta y multa a una empresa de restaurantes. El Tribunal confirma la objeción de gastos de alimentación para personal de outsourcing y gastos financieros sin soporte idóneo, pero anula la objeción de gastos de depreciación por falta de motivación de la DGII y ajusta la base imponible al reconocer ingresos declarados indebidamente, modificando a la baja el impuesto y la multa a pagar.

Lección: Para que un gasto sea deducible de Renta, debe ser indispensable para la propia actividad generadora de ingresos y estar respaldado por la documentación legal idónea (Facturas, CCF). Los beneficios otorgados a personal de terceros (outsourcing) no se consideran gastos necesarios, y las mejoras en propiedades arrendadas no son depreciables por el arrendatario al no ser de su propiedad.

Una compañía de seguros impugnó la objeción de la DGII a diversos gastos de venta y administración, incluyendo incentivos a intermediarios, viajes, fiestas y ayudas a escuelas. El Tribunal de Apelaciones modificó la resolución, confirmando el rechazo de gastos por no corresponder al ejercicio fiscal o por no ser necesarios, pero revocó la objeción a otros, como vales a intermediarios (aunque confirmando el rechazo por falta de retención) y gastos de mantenimiento en escuelas, al considerarlos una erogación social deducible.

Lección: Para asegurar la deducibilidad de los gastos, es crucial registrarlos en el ejercicio fiscal en que se devengan, no cuando se pagan. Además, los incentivos y pagos en especie a terceros deben cumplir con la obligación de retención de ISR, y todos los gastos deben estar rigurosamente documentados para probar su necesidad y su conexión directa con la generación de renta o su correcta clasificación como deducción social permitida por ley.