2023

El Tribunal de Apelaciones confirma una resolución de la DGII que determina un impuesto de IVA no pagado y múltiples multas a una empresa de seguridad por no presentar sus declaraciones de IVA y el informe F-930 durante todo el año 2018. El Tribunal desestima el argumento del contribuyente sobre dificultades económicas, estableciendo que no es una justificación válida para incumplir las obligaciones tributarias, y ratifica las sanciones por omisión de declaración, evasión intencional y no presentación de informes.

Lección: Las dificultades económicas o la falta de liquidez no eximen al contribuyente de sus obligaciones formales, como la presentación de declaraciones de impuestos. Omitir la presentación de una declaración, incluso si no se puede pagar el impuesto, no solo genera una multa específica, sino que también activa la presunción legal de evasión intencional, resultando en sanciones significativamente más altas.

El TAIIA confirma la determinación de la DGII de un impuesto sobre la renta complementario y una multa por evasión no intencional para el ejercicio 2017. El tribunal rechazó la deducción de más de $2.6 millones en costos porque los documentos de respaldo, principalmente facturas de proveedores extranjeros, no estaban a nombre del contribuyente sino de empresas relacionadas, y otros soportes como órdenes de compra no eran idóneos. Se desestimó el argumento de caducidad del contribuyente, ya que su propia solicitud de devolución de saldo a favor suspendió el plazo de prescripción de la facultad fiscalizadora.

Lección: Es un requisito indispensable para la deducibilidad de un costo que el documento de respaldo (factura o invoice) esté emitido a nombre del contribuyente que pretende la deducción. Este requisito formal no puede ser sustituido por la prueba del impacto económico o la necesidad del gasto, y el contribuyente es responsable de exigir a sus proveedores, incluso extranjeros, la correcta emisión de dichos documentos.

La Dirección General de Aduanas (DGA) determinó el cobro de Derechos Arancelarios a la Importación (DAI) e IVA a una empresa que importó 'piezas de hierro' de Guatemala con arancel cero, ya que una verificación previa concluyó que las mercancías no eran originarias de ese país. El Tribunal de Apelaciones (TAIIA) modificó la resolución, revocando una parte del cobro por haber caducado la facultad de la DGA para fiscalizar algunas de las importaciones, pero confirmó el resto del impuesto. El Tribunal desestimó los argumentos del contribuyente sobre el origen de la mercancía, al considerar que la oportunidad para discutirlos ya había precluido.

Lección: El importador debe participar activamente y agotar todas las vías de recurso en el procedimiento de verificación de origen de mercancías. Si una resolución declara la mercancía como no originaria y esta queda firme, ya no será posible discutir el origen en la posterior etapa de fiscalización y cobro de impuestos, debiendo asumir las consecuencias tributarias de dicha declaratoria.

El Tribunal confirma la resolución de la DGII que determina un adeudo de IVA y cuatro multas distintas a una empresa por el ejercicio fiscal 2019. La contribuyente no presentó declaraciones, no reportó ingresos por servicios y no exhibió su contabilidad, argumentando como justificación la pandemia de COVID-19 y problemas personales. El Tribunal rechaza estos argumentos, señalando que las obligaciones eran previas a la pandemia y que las circunstancias personales no eximen a una sociedad de sus deberes legales, validando así la actuación de la DGII.

Lección: Los contribuyentes deben mantener su contabilidad y documentación fiscal al día y en orden, ya que las crisis externas (como una pandemia) o problemas personales no son una excusa legal para incumplir obligaciones tributarias, especialmente las de períodos fiscales pasados. La falta de colaboración y de presentación de información durante una auditoría resultará en que la autoridad fiscal determine los impuestos basándose en información de terceros y aplique las sanciones máximas que la ley permite.

La DGII ajustó el IVA a un contribuyente por vender banano a precios inferiores a los de mercado, para lo cual estimó la base imponible usando precios de otros importadores. El Tribunal de Apelaciones revocó el ajuste de impuesto, determinando que la DGII no aplicó los criterios de comparabilidad exigidos por el artículo 199-D del Código Tributario, vulnerando el principio de legalidad, aunque sí confirmó la multa por presentación tardía de declaraciones.

Lección: Para que la Administración Tributaria pueda ajustar la base imponible de un impuesto basándose en precios de mercado, no basta con promediar los precios de tres competidores. Es un requisito legal indispensable realizar y documentar un análisis de comparabilidad detallado (conforme al Art. 199-D del Código Tributario) que considere y ajuste las diferencias económicas, contractuales y de negocio entre las operaciones, de lo contrario, la determinación del impuesto será declarada ilegal.