La DGII determinó impuestos y multas a una sociedad por omitir declarar ventas y deducir créditos fiscales improcedentes. Las objeciones se basaron en la falta de registro contable, ausencia de comprobantes originales, correlativos no autorizados y proveedores que negaron operaciones o estaban fallecidos. El TAIIA confirmó la resolución, desestimando el argumento de la apelante sobre un supuesto 'doble criterio' de la Administración.

Lección: Es vital mantener una estricta congruencia entre los registros de IVA y la contabilidad formal, conservar los comprobantes originales de pago y verificar la idoneidad fiscal de los proveedores para garantizar la deducibilidad de los créditos fiscales.

El Tribunal de Apelaciones modifica una resolución de la DGII contra una empresa de limpieza. El Tribunal acepta parcialmente la justificación del contribuyente sobre depósitos bancarios, reduciendo la determinación por incremento patrimonial no justificado y la multa por evasión. Sin embargo, confirma la objeción de compras y créditos fiscales por no llevar un registro de inventarios adecuado y no usar medios de pago bancarizados, así como las multas por incumplimientos formales.

Lección: Es crucial mantener una documentación exhaustiva y trazabilidad financiera para justificar todos los depósitos bancarios, especialmente los que provienen de préstamos de socios o partes relacionadas. Además, para las empresas que transfieren bienes (incluso como parte de un servicio), es obligatorio llevar un Registro de Control de Inventarios conforme a la ley y realizar pagos de alto valor a través de medios bancarizados para asegurar la deducibilidad de los créditos fiscales.

El Tribunal confirma la resolución de la DGII que objetó deducciones de costos y gastos a una empresa. Se rechazó el costo de venta por no retener el 25% de ISR en pagos a una entidad en Barbados, y se denegaron gastos por servicios de partes relacionadas por falta de prueba de necesidad y gastos por demora de barcos por ser considerados penalidades. Consecuentemente, se confirmó la determinación de impuesto y la multa por evasión no intencional.

Lección: Es crucial documentar exhaustivamente la necesidad e indispensabilidad de todos los gastos, especialmente los servicios con partes relacionadas, demostrando el beneficio tangible para la empresa. Además, se debe cumplir estrictamente con la obligación de retener impuestos en pagos a entidades en jurisdicciones de baja tributación, ya que el incumplimiento conlleva la no deducibilidad del costo o gasto asociado.

La Dirección General de Aduanas (DGA) negó el tratamiento arancelario preferencial a importaciones de camarón de Guatemala, argumentando que el exportador no probó su origen. El exportador apeló, y el Tribunal de Apelaciones (TAIIA) revocó la decisión de la DGA. El TAIIA determinó que la DGA violó el derecho de defensa del exportador al ignorar y no emitir un pronunciamiento sobre la solicitud de una visita de inspección (visita in situ) como medio de prueba.

Lección: La Administración Tributaria o Aduanera tiene la obligación de responder formalmente a todas las solicitudes y pruebas presentadas por el contribuyente durante un procedimiento. Ignorar una petición probatoria, sin admitirla o rechazarla con la debida fundamentación, constituye una violación al derecho de defensa y puede causar la anulación del acto administrativo impugnado.

El Tribunal de Apelaciones revoca una resolución de la Dirección General de Aduanas que negaba el tratamiento arancelario preferencial a camarones importados de Guatemala. La decisión se basa en una violación al derecho de defensa del exportador, ya que la Aduana omitió por completo pronunciarse sobre la solicitud de una visita de verificación en sus instalaciones, un medio de prueba clave ofrecido por la empresa. El Tribunal consideró que esta omisión constituye una ilegalidad que invalida el acto administrativo.

Lección: La administración tributaria o aduanera debe responder y fundamentar expresamente la admisión o rechazo de todos los medios de prueba que un contribuyente ofrezca durante un procedimiento. Ignorar una solicitud probatoria, por considerarla innecesaria sin manifestarlo formalmente en el expediente, constituye una violación al derecho de defensa que puede invalidar todo el procedimiento fiscalizador y la resolución resultante.