Una empresa solicitó a la Dirección General de Aduanas la devolución de $312,017.84 por un supuesto pago indebido de Impuesto Ad-valorem, pero la solicitud fue denegada. La empresa apeló esta decisión ante el Tribunal de Apelaciones (TAIIA), el cual, tras analizar el caso, declaró el recurso inadmisible ('improponible') por falta de competencia, ya que la ley no le faculta para resolver sobre negativas de devolución.

Lección: Es fundamental verificar la competencia legal del tribunal o instancia administrativa ante la cual se presenta un recurso. Interponer una apelación ante un órgano incompetente, como el TAIIA en un caso de denegatoria de devolución, resultará en la desestimación del recurso por motivos procesales, sin que se analice el fondo del asunto, perdiendo tiempo y recursos legales.

El contribuyente interpuso un recurso de apelación contra una resolución de la Dirección General de Aduanas que le determinó impuestos y una multa. El Tribunal declaró inadmisible el recurso por haber sido presentado de forma extemporánea, ya que el contribuyente erró al no considerar válida la notificación electrónica. Adicionalmente, declaró improponible la apelación contra una segunda resolución, por no ser un acto sobre el cual el Tribunal tenga competencia.

Lección: Los contribuyentes deben tener plena certeza de los plazos legales para interponer recursos, los cuales comienzan a correr desde la notificación válida, incluyendo la electrónica al correo registrado en la Administración. Ignorar o disputar incorrectamente la validez de una notificación electrónica puede resultar en la pérdida del derecho a la defensa por extemporaneidad.

El Tribunal de Apelaciones confirma una resolución de la DGII que determina un impuesto de IVA de $72,705.23 y multas por $24,511.71 a un contribuyente. La sanción se debe a la imposibilidad de deducir créditos fiscales por no presentar la contabilidad formal que respaldara las operaciones y por reclamar gastos no indispensables para la actividad económica, como medicinas y materiales para una residencia. El Tribunal desestimó el argumento del contribuyente de que la pandemia de COVID-19 fue una causa justificada, ya que el período fiscalizado fue anterior a la emergencia.

Lección: Es crucial mantener la contabilidad formal completa, al día y debidamente respaldada, ya que su ausencia impide la deducción de créditos fiscales, incluso si se poseen los comprobantes. Además, solo son deducibles los gastos estrictamente indispensables para la actividad económica del negocio y la generación de ingresos gravados, excluyendo cualquier gasto de índole personal o particular.

El Tribunal de Apelaciones confirma la decisión de la DGII de objetar la deducción de $222,000 en gastos por 'honorarios profesionales' de asesoría logística. Se determinó que el contribuyente no pudo demostrar que dichos gastos fueran necesarios para generar su renta o conservar la fuente, ya que las funciones asesoradas eran en gran parte responsabilidad de su cliente principal y el contrato de servicio presentaba inconsistencias.

Lección: Para deducir un gasto, no basta con documentar el pago; es crucial poder demostrar con pruebas fehacientes (contratos claros, informes de resultados, etc.) que el gasto fue estrictamente necesario e indispensable para la generación de ingresos o la conservación de la fuente, y que no es una liberalidad o una duplicación de funciones ya cubiertas por otros medios.

El contribuyente apeló una determinación de Impuesto sobre la Renta y una multa por evasión no intencional para el ejercicio 2015. La DGII había determinado un incremento patrimonial no justificado, y objetado costos y gastos. El Tribunal modificó la resolución, revocando la determinación por incremento patrimonial debido a una falta de valoración de pruebas por parte de la DGII, pero mantuvo las objeciones a costos y gastos por incumplimientos formales y sustantivos, ajustando en consecuencia el impuesto y la multa a pagar.

Lección: Es crucial que la Administración Tributaria valore toda la prueba aportada por el contribuyente para determinar la verdad material; la omisión de valorar documentos clave, como estados de cuenta bancarios que demuestran la disponibilidad de fondos, puede llevar a la anulación de un reparo por incremento patrimonial. Para el contribuyente, es fundamental no solo aportar las pruebas, sino también asegurarse de que su valoración quede registrada en el proceso para defenderse de presunciones basadas en análisis incompletos de la contabilidad.