2020

El Tribunal de Apelaciones modificó una resolución de la DGII, revocando un ajuste millonario por precios de transferencia al determinar que la administración utilizó ilegalmente las directrices de la OCDE en lugar de la ley local. Sin embargo, el Tribunal confirmó multas sustanciales contra el contribuyente por no efectuar una retención de ISR en un préstamo a una relacionada y por llevar registros de inventario incompletos, además de confirmar un ajuste menor por la deducción indebida de una provisión.

Lección: Es crucial que los contribuyentes aseguren el cumplimiento estricto de todas las obligaciones formales (retenciones, registros contables, etc.), ya que son difícilmente excusables. En materia de precios de transferencia, aunque se usen estándares internacionales para los estudios, la defensa y el análisis final deben basarse en los procedimientos específicos que dicta la legislación salvadoreña, pues tanto el contribuyente como la autoridad fiscal están sujetos al principio de legalidad.

Un contribuyente apela una determinación de Impuesto sobre la Renta para 2013, donde la DGII objetó costos de venta con una parte relacionada en un paraíso fiscal y la deducción de servicios locales y no domiciliados. El Tribunal revoca el ajuste de precios de transferencia, dictaminando que la DGII aplicó ilegalmente las directrices de la OCDE en lugar de la ley salvadoreña vigente en ese año. Sin embargo, confirma la no deducibilidad de los demás gastos por falta de prueba de su necesidad, especialmente debido a conflictos de interés y capacidad interna del contribuyente.

Lección: La Administración Tributaria debe ceñirse estrictamente al procedimiento legalmente establecido en la normativa interna para el período fiscalizado, sin poder aplicar supletoriamente guías internacionales como las de la OCDE si la ley no lo autoriza expresamente. Para los contribuyentes, es crucial documentar exhaustivamente la necesidad e indispensabilidad de cada gasto deducido, especialmente en servicios, ya que la carga de la prueba para justificar su relación con la generación de renta recae enteramente sobre ellos.

El contribuyente apeló la determinación de impuestos y multas por una supuesta incorrecta clasificación arancelaria de resinas alcídicas. La Aduana las clasificó como 'con aceites secantes', pero el Tribunal revocó la decisión al determinar que la autoridad no investigó adecuadamente si el aceite de soya estaba modificado químicamente, violando el principio de verdad material y careciendo de motivación. Se confirmó únicamente una multa administrativa menor por un error formal en la declaración.

Lección: La clasificación arancelaria debe basarse en la composición real y específica de la mercancía, no en nombres comerciales o presunciones generales. La Administración está obligada a investigar a fondo (principio de verdad material) las características del producto, como modificaciones químicas, antes de reclasificarlo, y no puede desestimar precedentes sobre productos idénticos solo por diferencias en la marca.

El contribuyente apeló una decisión de la Autoridad Aduanera que reclasificó una resina alcídica importada, resultando en impuestos adicionales y multas, bajo el argumento de que el aceite de soya en su composición era 'secante'. El Tribunal modificó la resolución, revocando los impuestos y la multa tributaria porque la autoridad no probó la naturaleza del aceite, violando el principio de verdad material y careciendo de motivación. Sin embargo, confirmó una multa administrativa menor por una discrepancia en el peso declarado.

Lección: La autoridad aduanera no puede reclasificar mercancías basándose en presunciones derivadas de notas explicativas de otras partidas arancelarias. Tiene la obligación (carga de la prueba) de realizar una investigación técnica exhaustiva para demostrar las características del producto que justifican la reclasificación, especialmente cuando existen precedentes. La falta de una motivación adecuada y el incumplimiento del principio de verdad material pueden invalidar el acto administrativo.

El Tribunal de Apelaciones analiza un recurso de un banco contra una determinación de la DGII por Impuesto sobre la Renta. Los puntos principales son la omisión de ingresos por intereses de créditos morosos (registrados en cuentas de orden según normativa bancaria), la deducción de varios gastos administrativos y la imposición de multas. El Tribunal confirma que los intereses debieron declararse por el método de lo devengado, pero revoca la multa por evasión intencional al no encontrar dolo, y anula la objeción de ciertos gastos por falta de motivación y fundamentación legal de la DGII, modificando así el monto del impuesto a pagar.

Lección: Para fines fiscales, la Ley de Impuesto sobre la Renta y el Código Tributario prevalecen sobre cualquier normativa contable sectorial, como las emitidas por la Superintendencia del Sistema Financiero. Los ingresos deben reconocerse bajo el método de lo devengado (cuando nace el derecho al cobro), sin importar las políticas contables de la empresa sobre la recuperabilidad de la cartera.