2023

El Tribunal confirma una multa de $1,080.00 impuesta a una sociedad por no presentar el informe de socios (F-915) del ejercicio 2021. El contribuyente alegó la enfermedad de una empleada y haber subsanado tardíamente, pero el Tribunal desestimó los argumentos, aclarando que los problemas internos no eximen de responsabilidad a la persona jurídica y que la subsanación extemporánea no da derecho a la atenuante de la multa.

Lección: Las obligaciones tributarias formales, como la presentación del informe de socios (F-915), deben ser cumplidas puntualmente por la persona jurídica, independientemente de circunstancias personales de sus empleados. Para acceder a beneficios como la atenuante de multas, es crucial actuar dentro de los plazos procesales que otorga la Administración Tributaria durante el procedimiento sancionador.

La Dirección General de Aduanas (DGA) determinó el pago de DAI e IVA a un importador, luego de que una verificación posterior concluyera que las mercancías importadas de Honduras no eran originarias y, por tanto, no aplicaban al beneficio arancelario. El contribuyente apeló argumentando que la facultad de la DGA para fiscalizar había caducado. El Tribunal de Apelaciones (TAIIA) le dio la razón al contribuyente, revocando la resolución de la DGA al determinar que, a pesar de una suspensión válida del plazo por prejudicialidad, la DGA notificó su acto final fuera del término legal de cuatro años.

Lección: Es crucial para los contribuyentes y la administración tributaria realizar un cómputo riguroso del plazo de caducidad de cuatro años. Un acto administrativo solo es eficaz desde su notificación; por lo tanto, una suspensión de plazo solo tiene efecto a partir de que se notifica. Si la notificación de la suspensión ocurre después de que el plazo ya ha vencido, la facultad de la administración se extingue, invalidando cualquier determinación de impuestos posterior.

La Dirección General de Aduanas (DGA) liquidó Derechos Arancelarios (DAI) e IVA a un importador tras determinar que sus mercancías, provenientes de Honduras, no eran originarias y por tanto no aplicaban a la exención fiscal. El contribuyente apeló alegando que la facultad de la DGA para cobrar había caducado. El Tribunal de Apelaciones (TAIIA) le dio la razón al contribuyente, revocando el cobro al determinar que la DGA calculó erróneamente el plazo de caducidad, al aplicar incorrectamente las suspensiones por COVID-19 y por prejudicialidad.

Lección: La caducidad de las facultades de la administración tributaria es de estricta aplicación. Las suspensiones de plazos, como las ocurridas por la pandemia o por prejudicialidad, deben interpretarse restrictivamente y sus efectos inician con la notificación al administrado, no con la simple emisión del acto. Un retraso en la notificación puede provocar que la acción de cobro prescriba, extinguiendo la obligación tributaria.

Un contribuyente interpuso un recurso de apelación ante el TAIIA contra una resolución de la DGII. Antes de que se emitiera la sentencia, el contribuyente presentó un escrito para desistir del recurso, con el objetivo de acogerse a los beneficios de una ley transitoria de facilidades de pago. El Tribunal aceptó el desistimiento y dio por finalizado el caso.

Lección: El contribuyente tiene el derecho de desistir de un recurso de apelación en cualquier momento antes de la sentencia. Esta es una opción estratégica a considerar, especialmente si surgen normativas transitorias como amnistías fiscales que ofrezcan mejores condiciones para regularizar la situación tributaria que continuar con el litigio.

Una compañía de seguros impugnó la objeción de la DGII a diversos gastos de venta y administración, incluyendo incentivos a intermediarios, viajes, fiestas y ayudas a escuelas. El Tribunal de Apelaciones modificó la resolución, confirmando el rechazo de gastos por no corresponder al ejercicio fiscal o por no ser necesarios, pero revocó la objeción a otros, como vales a intermediarios (aunque confirmando el rechazo por falta de retención) y gastos de mantenimiento en escuelas, al considerarlos una erogación social deducible.

Lección: Para asegurar la deducibilidad de los gastos, es crucial registrarlos en el ejercicio fiscal en que se devengan, no cuando se pagan. Además, los incentivos y pagos en especie a terceros deben cumplir con la obligación de retención de ISR, y todos los gastos deben estar rigurosamente documentados para probar su necesidad y su conexión directa con la generación de renta o su correcta clasificación como deducción social permitida por ley.