2024

El Tribunal confirma una multa de $3,240.00 impuesta por la DGII a una asociación sin fines de lucro por no presentar el informe F-915 (listado de socios) del año 2021. El Tribunal aclara que todas las personas jurídicas, incluidas las no lucrativas, están obligadas a presentar dicho informe para identificar a sus miembros, independientemente de si distribuyen utilidades o no. Se desestima la solicitud de atenuante del contribuyente por no haber cumplido los requisitos legales para su aplicación.

Lección: Toda persona jurídica, incluyendo asociaciones y fundaciones sin fines de lucro, tiene la obligación formal de presentar anualmente el informe F-915 para reportar su listado de socios, accionistas o cooperados a la Administración Tributaria. El hecho de no distribuir utilidades no exime de esta obligación, y su incumplimiento conlleva sanciones económicas significativas.

El Tribunal de Apelaciones declara improponible (inadmisible) un recurso de apelación interpuesto por un contribuyente contra una resolución de la DGII. La razón principal es que el contribuyente no especificó los fundamentos de hecho y de derecho de su inconformidad en el escrito inicial, y además, no subsanó esta omisión dentro del plazo que el Tribunal le concedió para hacerlo.

Lección: Al presentar un recurso de apelación, es crucial fundamentar detalladamente las razones de hecho y de derecho que sustentan la impugnación desde el escrito inicial. Omitir esta argumentación es un error sustancial, y si el tribunal otorga un plazo para corregirlo, es imperativo cumplirlo estrictamente, ya que los plazos son perentorios y su incumplimiento provoca el rechazo del recurso.

La Administración Tributaria (DGII) determinó a una contribuyente un impuesto de IVA omitido, aplicando la presunción de incremento patrimonial no justificado sobre depósitos bancarios, pagos a tarjetas de crédito y abonos a préstamos cuyo origen no fue probado. La contribuyente alegó que los fondos provenían de un 'fondo común' y préstamos familiares, pero el Tribunal desestimó sus pruebas por ser informales y carecer de soporte. El Tribunal confirmó la mayor parte de la determinación de la DGII, pero la modificó parcialmente al lograr identificar el origen de algunos depósitos como pagos de clientes.

Lección: Es fundamental que toda operación económica, especialmente los ingresos a cuentas bancarias y los gastos significativos, esté debidamente registrada en la contabilidad formal y respaldada por documentación fehaciente. Depender de controles informales o no poder demostrar el origen lícito de los fondos expone al contribuyente a que la autoridad fiscal presuma que dichos montos corresponden a ingresos gravados no declarados.

Un contribuyente dedicado a la venta de vehículos usados apeló una determinación de IVA y múltiples sanciones impuestas por la DGII. Las objeciones se centraron en ventas no declaradas y créditos fiscales rechazados por incumplimientos formales, como la falta de registro en el control de inventarios y la declaración tardía. El TAIIA modificó la resolución, aceptando parte de los créditos fiscales tras verificar que sí estaban registrados en el inventario, y recalculó a la baja las multas por evasión al basarlas en el nuevo impuesto a pagar, pero confirmó las demás sanciones por incumplimientos formales.

Lección: Para los contribuyentes que transfieren bienes, es crucial mantener un Registro de Control de Inventarios meticuloso y actualizado, ya que es un requisito indispensable para la deducción de créditos fiscales. Además, las multas por evasión se calculan sobre el impuesto final adeudado, por lo que desvirtuar los hallazgos de la fiscalización en la etapa de audiencia puede reducir significativamente tanto el impuesto como las sanciones asociadas.

El Tribunal de Apelaciones confirma una multa de USD 1,080.00 impuesta a una sucursal de una empresa extranjera por no presentar el informe de socios (F-915). El contribuyente alegó que la obligación no le aplicaba por su naturaleza extranjera, pero el Tribunal determinó que al registrarse en El Salvador, se convirtió en una persona jurídica sujeta a todas las obligaciones tributarias locales, incluyendo las formales.

Lección: Las sucursales de empresas extranjeras registradas en El Salvador son consideradas personas jurídicas domiciliadas para efectos fiscales y deben cumplir con todas las obligaciones formales locales, como la presentación del informe de socios (F-915), sin importar que su casa matriz esté en el extranjero o que no distribuyan utilidades en el país.