El Tribunal confirma la resolución de la DGII que determinó un adeudo de IVA por $881,352.69 y multas por $743,493.74 a una empresa constructora para el año 2015. El Tribunal desestimó los argumentos del contribuyente sobre la caducidad del proceso, validando la actuación de la DGII amparada en una sentencia de inconstitucionalidad. Además, ratificó la objeción de créditos fiscales por más de $846,000 al no poder el contribuyente demostrar la existencia real de las operaciones, evidenciado por compulsas a proveedores que negaron las transacciones.

Lección: La simple posesión de un Comprobante de Crédito Fiscal y su registro contable son insuficientes para respaldar la deducción del crédito fiscal. Es imperativo que el contribuyente mantenga toda la documentación soporte que demuestre la materialidad y existencia efectiva de las operaciones (contratos, órdenes de compra, pruebas de entrega, pagos bancarios), ya que la carga de la prueba recae sobre él y la Administración Tributaria puede desvirtuar los documentos mediante cruces de información con terceros.

El caso trata de un recurso de apelación contra una resolución de la DGII que determinó un impuesto sobre la renta y multas por el ejercicio 2007. La resolución original fue anulada por la justicia contenciosa por usar pruebas ilegales. En la nueva resolución, la DGII mantuvo parte de sus hallazgos, pero el Tribunal de Apelaciones modifica esta decisión, al considerar que la DGII violó el principio de verdad material al no valorar adecuadamente las pruebas del contribuyente que justificaban un depósito de USD$100,000, procediendo a ajustar el impuesto y la multa por evasión.

Lección: Es fundamental que el contribuyente documente exhaustivamente el origen de todos los depósitos bancarios significativos, utilizando contratos, escrituras, títulos valores y registros bancarios. Ante una fiscalización, se deben presentar todas las pruebas disponibles, ya que la Administración Tributaria tiene la obligación, bajo el principio de verdad material, de valorar el conjunto de la prueba para determinar la realidad económica de las operaciones, más allá de los meros formalismos.

La DGII determinó a un contribuyente impuesto sobre la renta por ingresos no declarados y costos no documentados para el ejercicio 2014. El contribuyente alegó errores de procedimiento y que los ingresos ya habían tributado, mientras que la DGII objetó costos por falta de prueba. El Tribunal confirmó la determinación de ingresos, pero modificó la base imponible al reconocer que la DGII no consideró los gastos que el propio contribuyente ya había declarado como no deducibles, ajustando así el impuesto y la multa por evasión a la baja.

Lección: Es fundamental que los contribuyentes no solo mantengan un soporte documental completo y fehaciente de todos sus costos y gastos, sino que también respondan de manera oportuna y completa a los requerimientos de la Administración Tributaria. Además, al realizar la declaración de renta, se debe prestar especial atención a todas las casillas, ya que la información consignada, como los 'gastos no deducibles', puede ser crucial para defenderse de ajustes fiscales y evitar una doble tributación sobre el mismo monto.

Un contribuyente fue sancionado por la DGII con una multa de $28,486.65 por emitir documentos con errores formales. La sociedad interpuso un recurso de apelación ante el TAIIA, pero lo hizo 25 días hábiles fuera del plazo legal. A pesar de alegar justo impedimento por COVID-19 y la renuncia de un empleado, el Tribunal declaró el recurso inadmisible por extemporáneo, al considerar que el plazo es perentorio y la justificación del retraso fue insuficiente.

Lección: Es crucial cumplir estrictamente con los plazos procesales, especialmente el de 15 días hábiles para apelar, ya que es perentorio. Los contribuyentes deben implementar controles internos robustos para garantizar que cualquier notificación de la autoridad tributaria sea gestionada de inmediato, pues las excusas por demoras, como el caso fortuito, son de interpretación restrictiva y deben probarse de manera concluyente para todo el período de incumplimiento.

Un contribuyente fue sancionado por la DGII por no entregar información durante una fiscalización y por omitir el pago del anticipo a cuenta de Renta de 2014. El Tribunal de Apelaciones confirmó la determinación del impuesto y la multa por su omisión, así como la procedencia de la multa por no entregar información. Sin embargo, modificó el monto de esta última al determinar que la base de cálculo (el patrimonio) era incorrecta, pues la DGII no excluyó el 'Superávit por efectos de Adopción de NIIF', el cual, según el Tribunal, es análogo a un superávit por revalúo no realizado y debe ser deducido.

Lección: Es fundamental atender los requerimientos de información de la Administración Tributaria en los plazos establecidos para evitar sanciones por incumplimiento de deberes formales, incluso si se considera que no hay impuestos omitidos. Al enfrentar una multa calculada sobre el patrimonio, se debe analizar detalladamente su composición y argumentar la exclusión de todas las partidas que representen utilidades no realizadas, como los superávits por revaluación o los ajustes por adopción de NIIF, ya que el Tribunal puede aceptar una interpretación técnica favorable.