2023

Un contribuyente interpuso un recurso de apelación contra una resolución de la Dirección General de Aduanas. Posteriormente, el contribuyente presentó un escrito para desistir totalmente del recurso, con el objetivo de acogerse a los beneficios de una ley de amnistía fiscal. El Tribunal de Apelaciones aceptó el desistimiento, basándose en la Ley de Procedimientos Administrativos, y dio por finalizado el proceso.

Lección: Un contribuyente puede retirar (desistir) un recurso de apelación en cualquier fase del proceso para aprovechar beneficios fiscales, como una amnistía. Es un derecho reconocido por la ley que, una vez ejercido y aceptado por el Tribunal, pone fin al litigio administrativo.

Un contribuyente, a través de su apoderada, solicitó el desistimiento total de un recurso de apelación interpuesto contra una resolución de la Dirección General de Aduanas. La razón fue acogerse a los beneficios de una ley transitoria de amnistía fiscal. El Tribunal de Apelaciones, tras verificar que la apoderada tenía las facultades necesarias y que no había impedimentos legales, aceptó el desistimiento y dio por finalizado el caso.

Lección: Un contribuyente puede desistir de un recurso de apelación en cualquier momento para acogerse a los beneficios de una amnistía fiscal, siempre que su representante legal cuente con las facultades específicas para ello. Es una estrategia procesal válida para terminar un litigio y regularizar la situación fiscal bajo condiciones favorables.

La Dirección General de Aduanas (DGA) determinó el cobro de Derechos Arancelarios a la Importación (DAI) e IVA a una empresa, tras concluir que las mercancías importadas desde Honduras no eran originarias y, por tanto, no aplicaba la exención fiscal. El contribuyente apeló argumentando que la facultad de la DGA para cobrar había caducado. El Tribunal (TAIIA) revocó la resolución de la DGA, determinando que, aunque la DGA suspendió válidamente el plazo de caducidad por un litigio paralelo (prejudicialidad), lo hizo de forma tardía al notificar su decisión, provocando que su derecho a fiscalizar y cobrar los impuestos prescribiera para todas las operaciones.

Lección: La eficacia de un acto administrativo que suspende el plazo de caducidad, como una declaratoria de prejudicialidad, comienza desde la fecha de su notificación al contribuyente, no desde su fecha de emisión interna. Una notificación tardía por parte de la autoridad fiscal puede anular el efecto de la suspensión y provocar la caducidad de su facultad para determinar y cobrar impuestos.

La Dirección General de Aduanas (DGA) determinó el pago de DAI e IVA a un importador, luego de que una verificación posterior concluyera que las mercancías importadas de Honduras no eran originarias y, por tanto, no aplicaban al beneficio arancelario. El contribuyente apeló argumentando que la facultad de la DGA para fiscalizar había caducado. El Tribunal de Apelaciones (TAIIA) le dio la razón al contribuyente, revocando la resolución de la DGA al determinar que, a pesar de una suspensión válida del plazo por prejudicialidad, la DGA notificó su acto final fuera del término legal de cuatro años.

Lección: Es crucial para los contribuyentes y la administración tributaria realizar un cómputo riguroso del plazo de caducidad de cuatro años. Un acto administrativo solo es eficaz desde su notificación; por lo tanto, una suspensión de plazo solo tiene efecto a partir de que se notifica. Si la notificación de la suspensión ocurre después de que el plazo ya ha vencido, la facultad de la administración se extingue, invalidando cualquier determinación de impuestos posterior.

La Dirección General de Aduanas (DGA) liquidó Derechos Arancelarios (DAI) e IVA a un importador tras determinar que sus mercancías, provenientes de Honduras, no eran originarias y por tanto no aplicaban a la exención fiscal. El contribuyente apeló alegando que la facultad de la DGA para cobrar había caducado. El Tribunal de Apelaciones (TAIIA) le dio la razón al contribuyente, revocando el cobro al determinar que la DGA calculó erróneamente el plazo de caducidad, al aplicar incorrectamente las suspensiones por COVID-19 y por prejudicialidad.

Lección: La caducidad de las facultades de la administración tributaria es de estricta aplicación. Las suspensiones de plazos, como las ocurridas por la pandemia o por prejudicialidad, deben interpretarse restrictivamente y sus efectos inician con la notificación al administrado, no con la simple emisión del acto. Un retraso en la notificación puede provocar que la acción de cobro prescriba, extinguiendo la obligación tributaria.