El Tribunal confirma una multa de $1,797,068.57 impuesta por la DGII a una empresa de telecomunicaciones por proporcionar información incompleta durante una fiscalización del ejercicio 2021. El contribuyente argumentó que sí entregó la información y cuestionó la discrecionalidad de la DGII en los plazos, pero el Tribunal determinó que la obligación de informar incluye entregarla en la forma y especificaciones requeridas, y que el incumplimiento fue evidente y no justificado.

Lección: Los contribuyentes deben atender los requerimientos de la Administración Tributaria de manera precisa, completa y estrictamente en los formatos y plazos solicitados. La simple entrega de documentos no es suficiente si no se cumplen las especificaciones del requerimiento, y la falta de diligencia en la preparación y entrega de la información puede derivar en sanciones económicas significativas, independientemente de la voluntad de colaborar.

El TAIIA confirma la resolución de la DGII que objeta créditos fiscales de IVA provenientes de importaciones de servicios de empresas relacionadas no domiciliadas, debido a que el contribuyente no logró demostrar la existencia efectiva y material de dichos servicios. Adicionalmente, se confirma la objeción de un crédito fiscal por una compra interna documentada con un comprobante duplicado y la multa por evasión no intencional resultante de las deducciones incorrectas.

Lección: Para deducir el crédito fiscal de IVA por servicios, especialmente los adquiridos de partes relacionadas, es indispensable contar con pruebas robustas y específicas que demuestren la prestación real y efectiva del servicio, su necesidad y el beneficio concreto para la empresa. Los contratos y comprobantes de pago por sí solos son insuficientes si no se acompañan de evidencia material como informes, entregables, minutas o cualquier otro soporte que acredite la materialización de la operación.

El Tribunal confirma la resolución de la DGII contra una entidad financiera por irregularidades en sus declaraciones de IVA de agosto a diciembre de 2020. Los hallazgos incluyen la omisión de ingresos exentos por LETES, la incorrecta clasificación de servicios de referenciamiento a su casa matriz como exportaciones, y la objeción de créditos fiscales de servicios importados de relacionadas y de outsourcing local por falta de prueba de su indispensabilidad. El Tribunal validó todas las actuaciones de la DGII, incluyendo la competencia del funcionario firmante y la no aplicación de la caducidad.

Lección: Es crucial mantener una documentación robusta y detallada que demuestre fehacientemente la indispensabilidad de todos los costos y gastos, especialmente en transacciones con partes relacionadas y servicios de outsourcing. Además, se debe aplicar correctamente el principio de territorialidad para el IVA, asegurando que los servicios declarados como exportación sean utilizados exclusivamente en el extranjero, ya que la Administración Tributaria y el Tribunal analizan el lugar del aprovechamiento efectivo del servicio.

El Tribunal de Apelaciones modifica una resolución de la DGII contra una empresa fabricante de tanques. Se confirma la determinación de renta por un pasivo no documentado y la objeción a costos de remuneraciones por una incorrecta clasificación laboral. Sin embargo, se revoca una objeción al costo de materia prima por un procedimiento de verificación defectuoso de la DGII y se ajusta la renta presunta por faltantes de inventario, resultando en una reducción del impuesto y la multa a pagar.

Lección: Es crucial mantener una rigurosa coherencia y respaldo documental en toda la contabilidad. Cada asiento, especialmente los ajustes a ejercicios cerrados y los pasivos, debe estar soportado. Además, los registros de inventario (Kardex, actas físicas, F-983) deben ser consistentes y el método de comparación debe seguir estrictamente la ley. Finalmente, la clasificación de las relaciones laborales debe basarse en la realidad de la subordinación y no en la denominación del contrato para asegurar la correcta deducción de costos.

Un contribuyente importó ropa usada desde EE.UU. y solicitó beneficios arancelarios del CAFTA-DR, basándose en un certificado de origen del exportador. La autoridad aduanera negó el beneficio y determinó impuestos y una multa, argumentando que la mercancía no cumplía las reglas de origen, ya que el cambio de clasificación arancelaria se debía al uso y no a un proceso productivo. El Tribunal confirmó la determinación de impuestos pero revocó la multa, al considerar que el contribuyente actuó de buena fe y sin culpabilidad, pues confió en el documento emitido por el exportador.

Lección: El importador es responsable de asegurar que las mercancías cumplen con las reglas de origen para gozar de beneficios arancelarios, y no puede depender ciegamente de un certificado emitido por el exportador. Un cambio de clasificación arancelaria debido al uso de un producto no califica como 'salto arancelario' por transformación productiva bajo el CAFTA-DR. Sin embargo, demostrar que se actuó de buena fe basado en la documentación del proveedor puede eximir de multas por falta de culpabilidad, aunque no del pago de los impuestos adeudados.