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La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) determinó un impuesto sobre la renta y una multa a una contribuyente por la ganancia de capital en la venta de un inmueble, argumentando que no calificaba como 'casa de habitación' exenta porque no residía en el país. El Tribunal de Apelaciones (TAIIA) revocó la decisión, estableciendo que la DGII no aportó pruebas pertinentes para desvirtuar la exención, ya que usó movimientos migratorios de un año posterior a la venta, violando los principios de legalidad y seguridad jurídica.
Lección: La Administración Tributaria tiene la carga de la prueba para negar una exención. Debe fundamentar sus resoluciones con evidencia suficiente y, crucialmente, pertinente al período fiscalizado. Utilizar pruebas de períodos distintos o jurisprudencia no aplicable debilita su caso y puede llevar a la anulación de la determinación de impuestos.
El Tribunal de Apelaciones analiza un caso de IVA donde un contribuyente omitió declarar ingresos por un servicio de arrendamiento con pagos mensuales, argumentando que el hecho generador ocurrió en un período anterior no fiscalizado. El Tribunal confirma la postura de la DGII de que el impuesto se causa con cada pago mensual, manteniendo el impuesto y las sanciones relacionadas. Sin embargo, el Tribunal revoca la objeción de créditos fiscales por problemas en el registro de inventarios, no por el fondo del asunto, sino porque la DGII no valoró adecuadamente toda la prueba presentada por el contribuyente, violando su derecho de defensa.
Lección: Para los servicios de arrendamiento con pagos periódicos, el IVA debe declararse y pagarse en cada período en que se devenga o percibe la cuota, no en un solo momento al inicio del contrato. Además, es crucial mantener un Registro de Control de Inventarios (Kardex) que cumpla con todos los requisitos legales (Arts. 142 y 142-A del Código Tributario) para asegurar la deducibilidad de los créditos fiscales por compras, ya que cualquier inconsistencia puede llevar al rechazo de dichos créditos.
El Tribunal de Apelaciones confirma una multa de $420.00 impuesta a un dentista por no emitir una factura por un servicio de $15.00 a un agente fiscalizador (fedatario). El Tribunal desestimó los argumentos del contribuyente sobre el carácter confiscatorio de la multa y la supuesta mala fe del agente, reafirmando que la obligación de facturar es inmediata y el acta del fedatario constituye prueba suficiente de la infracción.
Lección: Es obligatorio emitir y entregar la factura o documento legal equivalente por cada operación, sin importar cuán pequeño sea el monto, en el preciso momento en que se concluye el servicio o se recibe el pago. La omisión de este deber formal conlleva una multa mínima significativa que no se anula, aunque sí puede atenuarse, con la subsanación posterior a la fiscalización.
El contribuyente interpuso un recurso de apelación contra una multa impuesta por la Dirección General de Impuestos Internos. El Tribunal de Apelaciones declaró inadmisible el recurso por haber sido presentado de forma extemporánea, es decir, un día después de vencido el plazo legal de quince días. El intento del contribuyente de presentarlo por correo electrónico el último día del plazo no fue válido, ya que se realizó fuera del horario de oficina y a una dirección incorrecta.
Lección: Los plazos para interponer recursos administrativos son perentorios y fatales. Es crucial presentar cualquier escrito dentro del plazo legal y durante el horario de atención de la institución, incluso si se utilizan medios electrónicos, ya que los plazos no se extienden hasta la medianoche sino hasta el cierre de la jornada laboral.
Un contribuyente apeló una determinación de Impuesto sobre la Renta y multa para el ejercicio 2011, argumentando que la facultad de la DGII para fiscalizar había caducado y que se le estaba juzgando dos veces. El Tribunal confirmó la decisión de la DGII, estableciendo que la solicitud de devolución de un saldo a favor por parte del contribuyente suspendió el plazo de caducidad y que todos los actos administrativos formaban parte de un único procedimiento.
Lección: Solicitar la devolución de un saldo a favor o remanente de crédito fiscal elimina el plazo de prescripción (caducidad) de la facultad de fiscalización de la Administración Tributaria para el período en que se originó dicho saldo. Por lo tanto, el contribuyente debe estar preparado para una auditoría exhaustiva de ese período, sin importar el tiempo transcurrido, y conservar toda la documentación de respaldo.