El Tribunal revoca una multa de $600 impuesta por la DGII a un contribuyente por emitir una factura con una dirección desactualizada. El Tribunal determinó que la DGII aplicó incorrectamente la ley, ya que la infracción no era la omisión de un requisito formal en la factura, sino la falta de notificación del cambio de domicilio, que es una infracción distinta. Se concluyó que la DGII realizó una interpretación extensiva de la norma, violando el principio de tipicidad.

Lección: Es crucial diferenciar las infracciones tributarias. Emitir un documento con información desactualizada (como una dirección antigua) no es lo mismo que omitir por completo un requisito. Los contribuyentes deben notificar formalmente cualquier cambio en sus datos registrales, como la dirección, para evitar sanciones específicas por esa omisión, y la Administración debe aplicar la sanción que corresponda estrictamente a la conducta infractora, sin realizar interpretaciones extensivas.

El Tribunal de Apelaciones confirma la resolución de la DGII que objeta la deducción de costos por deterioro de inventario y gastos por 'beneficios a clientes' (condonación de deudas) de una empresa comercial. El Tribunal dictamina que dichas erogaciones no son costos ni gastos necesarios para generar renta, sino pérdidas de capital y liberalidades no deducibles según la Ley de Impuesto sobre la Renta, al ser riesgos propios del negocio.

Lección: Las pérdidas derivadas de riesgos empresariales, como el deterioro de inventario o la incobrabilidad de deudas, no son deducibles como costo o gasto del Impuesto sobre la Renta, ya que no cumplen el requisito de ser 'necesarios' para la producción de la renta. Para que una erogación sea deducible, debe tener un vínculo causal directo e indispensable con la generación de ingresos gravados, y la carga de probarlo recae siempre en el contribuyente.

El Tribunal confirma la resolución de la DGII que determinó un impuesto sobre la renta a pagar a una cooperativa financiera. Se rechazaron las deducciones de gastos por alimentación, viáticos, reserva de activos extraordinarios y reservas de saneamiento, por no cumplir con los requisitos documentales o por no ser el contribuyente un sujeto legalmente habilitado para dichas deducciones especiales (al no ser supervisado por la SSF). Adicionalmente, el Tribunal desestimó el argumento de caducidad, al considerar que los plazos fueron suspendidos por los decretos de emergencia de la pandemia COVID-19.

Lección: Las deducciones fiscales deben cumplir estrictamente con los requisitos sustantivos y formales de la ley tributaria. Los gastos como viáticos requieren respaldo con documentos legales (facturas, CCF), no siendo suficientes los registros internos. Además, los beneficios fiscales especiales, como las reservas para entidades financieras, son de aplicación restrictiva y solo para los sujetos expresamente designados por la ley, sin que las normas contables o de reguladores privados puedan sustituir o ampliar lo dispuesto en la legislación fiscal.

El Tribunal confirma la resolución de la DGII que objetó gastos de depreciación de maquinaria y edificaciones por un total de $470,530.58. La DGII argumentó que el contribuyente no pudo probar la titularidad, el costo base, el pago efectivo de los activos, y utilizó métodos de depreciación incorrectos. El Tribunal ratificó que la carga de la prueba recae en el contribuyente y que este no aportó la documentación idónea para sustentar las deducciones, resultando en la determinación de impuesto a pagar y multas.

Lección: Para asegurar la deducibilidad de la depreciación, es crucial mantener un expediente completo por cada activo fijo que incluya: escritura de propiedad, prueba del pago (transferencia bancaria, cheque), documentación del costo original (especialmente para bienes usados), y un registro de depreciación detallado que siga el método de línea recta. Confiar en la aceptación de años anteriores no es una defensa válida si no se cumplen los requisitos legales en el período fiscalizado.

El contribuyente interpuso un recurso de apelación contra una resolución de la DGII que le determinó impuesto de IVA y le impuso múltiples multas. El Tribunal de Apelaciones declaró inadmisible el recurso por haber sido presentado de forma extemporánea, casi dos años después de la notificación, sin entrar a conocer los argumentos de fondo del caso.

Lección: Es crucial respetar los plazos procesales para la interposición de recursos. El plazo de 15 días hábiles para apelar ante el TAIIA es perentorio, y su incumplimiento resulta en la inadmisibilidad del recurso y la firmeza del acto administrativo, perdiendo toda oportunidad de defensa en sede administrativa.