Un contribuyente fue sancionado por la DGII con tres multas: por no llevar contabilidad formal, por emitir facturas con defectos formales y por no llevar control de inventarios. El Tribunal de Apelaciones modifica la resolución, revocando la multa por no llevar contabilidad al considerar que la DGII no probó que el activo del contribuyente superara el umbral legal para dicha obligación, pero confirma las otras dos multas por incumplimientos formales debidamente acreditados.

Lección: La Administración Tributaria no puede determinar la obligación de llevar contabilidad formal basándose únicamente en el volumen de ventas; debe probar fehacientemente que el 'activo en giro' del contribuyente supera el límite legal. Además, la obligación de llevar control de inventarios es independiente de la de llevar contabilidad formal y aplica a todo aquel que venda bienes.

El Tribunal revoca una resolución de la DGII que había negado a un contribuyente la deducción de créditos fiscales de IVA por servicios de asesoría administrativa importados de su casa matriz no domiciliada. La DGII argumentó falta de prueba sobre la materialización de los servicios, pero el Tribunal consideró que la documentación presentada era suficiente y que la DGII actuó de forma incongruente al aceptar el pago del impuesto por dichos servicios pero negar su existencia para efectos del crédito fiscal.

Lección: Para deducir créditos fiscales por servicios importados de partes relacionadas, es crucial no solo tener el contrato, facturas y comprobantes de pago, sino también demostrar la efectiva prestación y utilización del servicio. Sin embargo, si la Administración Tributaria acepta el pago de la retención de IVA por dichos servicios, se puede argumentar que ello constituye un reconocimiento de la existencia de la operación (teoría de los actos propios), lo que debilita una posterior objeción por falta de materialización.

El Tribunal confirma una multa impuesta a un contribuyente por no incluir la dirección de su sucursal en una factura, incumpliendo un requisito formal. El contribuyente argumentó que seguía indicaciones verbales de auditores en visitas pasadas, pero el Tribunal determinó que la obligación legal escrita prevalece sobre cualquier instrucción informal, confirmando la sanción.

Lección: Los contribuyentes con múltiples establecimientos deben asegurarse de que los documentos fiscales emitidos en cada uno cumplan estrictamente con todos los requisitos formales, como la dirección de la sucursal. Las indicaciones verbales de auditores o la falta de señalamientos en revisiones anteriores no constituyen una defensa válida contra el incumplimiento de la ley.

El Tribunal confirma la multa impuesta por la DGII a un contribuyente que no emitió ni entregó una factura de consumidor final a un agente fedatario al momento de una compra. El contribuyente alegó una distracción por un supuesto hurto, pero no presentó pruebas. El Tribunal sostuvo que el empleador es responsable por sus dependientes y que la emisión posterior de la factura solo sirvió como atenuante para reducir la sanción, pero no eliminó la infracción.

Lección: Es una obligación ineludible emitir y entregar el documento fiscal correspondiente (factura, tiquete, etc.) por cada venta en el preciso momento en que se recibe el pago. Cualquier excusa o distracción no exime de responsabilidad, y el empleador es siempre responsable de las acciones de sus empleados. La corrección posterior del error no anula la infracción, aunque puede ayudar a reducir la multa.

Un importador declaró incorrectamente una parte de un cargamento de carne (reportando carne con hueso como deshuesada) para obtener un beneficio arancelario. La aduana detectó la discrepancia y determinó impuestos y multas. El contribuyente intentó corregir el error presentando una 'declaración de corrección', pero la autoridad aduanera ignoró esta prueba en sus resoluciones. El Tribunal de Apelaciones revocó la sanción, no por el fondo del asunto, sino porque la omisión de valorar la prueba del contribuyente violó su derecho fundamental a la defensa.

Lección: La Administración Pública tiene la obligación ineludible de valorar y pronunciarse sobre todas las pruebas pertinentes presentadas por un administrado durante un procedimiento. La omisión de hacerlo, incluso de forma tácita, constituye una violación al derecho de defensa y a la obligación de motivar los actos, lo que puede llevar a la anulación de todo el procedimiento, independientemente de si el contribuyente cometió o no la infracción original.