Un contribuyente que presta servicios de gestión publicitaria a canales de TV internacionales no domiciliados fue fiscalizado por la DGII, la cual reclasificó sus ingresos de exportaciones (tasa 0% IVA) a servicios locales (tasa 13%), argumentando que el servicio no se utilizaba exclusivamente en el extranjero. El Tribunal de Apelaciones revoca la determinación de impuesto, estableciendo que el servicio sí califica como exportación porque su utilización y beneficio se materializan en el extranjero donde operan los canales de TV. Sin embargo, el Tribunal confirma las multas por no presentar a tiempo los informes de retenciones (F-930).

Lección: Para calificar un servicio como exportación y aplicar la tasa 0% de IVA, es fundamental poder demostrar que la utilización o aprovechamiento del servicio ocurre exclusivamente en el extranjero. Los contratos deben ser claros sobre la naturaleza del servicio y el lugar donde el cliente (no domiciliado) obtiene el beneficio final, separando la prestación del servicio de su utilización efectiva.

El Tribunal confirma la multa impuesta a un auditor fiscal por presentar de forma extemporánea el Dictamen e Informe Fiscal de una sociedad en proceso de liquidación. El auditor argumentó que las reformas a la ley mercantil habían derogado tácitamente el plazo del Código Tributario, pero el Tribunal determinó que la norma tributaria prevalece y que el plazo se cuenta desde la inscripción de la disolución, la cual es un paso previo y vigente a la liquidación.

Lección: Para sociedades en disolución y liquidación, el plazo para presentar el Dictamen e Informe Fiscal es de dos meses contados desde el cierre del ejercicio en que se inscribió la disolución en el Registro de Comercio. En materia tributaria, las disposiciones del Código Tributario prevalecen sobre las de otras leyes, como el Código de Comercio, en caso de conflicto.

El Tribunal de Apelaciones revoca una multa impuesta por la Dirección General de Aduanas a un contribuyente por supuestamente 'entorpecer' la fiscalización. El Tribunal concluye que la conducta real del contribuyente fue 'no entregar información requerida', una infracción tipificada de forma diferente en la ley. Debido a esta incorrecta calificación jurídica por parte de la DGA, se violaron los principios de Tipicidad y Legalidad, lo que anula la sanción impuesta.

Lección: La Administración Aduanera debe asegurarse de que la conducta que sanciona se adecúe perfectamente a la descripción legal de la infracción (principio de tipicidad). Un error en la calificación jurídica del hecho puede invalidar la sanción, incluso si el contribuyente efectivamente cometió una falta, ya que constituye una violación al principio de legalidad.

El Tribunal de Apelaciones confirma una multa impuesta por la DGII a una estación de servicio por no emitir y entregar una factura a un agente fiscal (fedatario) en el momento exacto de la compra de combustible. El Tribunal ratificó que el acta levantada por el fedatario es prueba suficiente de la infracción y que la emisión tardía del documento no exime de la responsabilidad, aunque puede servir como atenuante.

Lección: Es una obligación ineludible para todo negocio emitir y entregar la factura o documento equivalente de forma inmediata al recibir el pago por una venta, especialmente a consumidores finales. La omisión de este deber, aunque sea por un breve lapso, constituye una infracción sancionable, y la autoridad fiscal no necesita solicitar el documento para que la obligación se active.

El contribuyente apeló una liquidación de Impuesto sobre la Renta y multas, argumentando una notificación nula del inicio de la auditoría y errores en la determinación de sus ingresos. El Tribunal confirmó la decisión de la DGII, estableciendo que la notificación fue válida al realizarse a un empleado en la dirección registrada, y que el contribuyente no aportó pruebas para desvirtuar los hallazgos de la administración fiscal.

Lección: Es crucial mantener actualizada la dirección para recibir notificaciones y asegurarse de que personal capacitado las reciba. Además, cualquier alegato contra determinaciones de la autoridad fiscal debe estar sólidamente respaldado con pruebas documentales, ya que la simple afirmación no tiene valor probatorio y la carga de la prueba para desvirtuar los hallazgos recae en el contribuyente.